La Fiscalía de Ucrania busca cualquier prueba, por insignificante que pueda parecer, para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Rusia, aunque lleve tiempo y un arduo trabajo para documentar cada caso.

En un informe sobre lo que está pasando en Ucrania desde que el pasado 24 de febrero comenzó la invasión rusa, el apartado de "crímenes de agresión y de guerra", en su mayoría por quebrantar "las leyes y las costumbres" en conflictos bélicos, recoge 14.193 posibles casos.

Pero el proceso para documentarlos y que acaben llegando al Tribunal Penal Internacional es largo, mientras la guerra dura ya más de noventa días sin que se atisbe el final del conflicto.

Cualquier detalle cuenta

Alexandr Iliyankov es responsable del área que investiga posibles crímenes de guerra en la Fiscalía del distrito de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, con unos dos millones de habitantes en su área metropolitana antes de la guerra.

Muchos fueron evacuados al sufrir la ciudad fuertes ataques, que aún continúan ocasionalmente, como uno con misiles que provocó al menos siete muertos el pasado miércoles junto a una estación de metro, aunque el frente de guerra se ha desplazado a aldeas de sus alrededores.

En una de ellas, Koropy, desde donde se escuchan explosiones por los combates en las proximidades, este fiscal dirige la exhumación del cuerpo de un joven que murió por disparos de artillería cuando entraron tropas rusas.

Iliyankov comenta a un grupo de periodistas que en este distrito llevan localizados trece casos similares, de los que por ahora han podido recuperar siete cuerpos, con disparos e impactos de artillería que mataron a civiles.

Por ello, cualquier trozo de proyectiles, agujero en un muro por disparos, restos de tanques rusos calcinados o cualquier posible prueba queda registrada en foto y vídeo antes de llevársela en bolsas selladas.

Igual que cualquier testimonio queda grabado, para dejar constancia del mínimo detalle de lo que pasó cuando estos pueblos estaban ocupados por tropas rusas, comenta.

Pero no pueden entrar en una casa donde pudo haber sucedido uno de estos crímenes si no están los dueños, pues es imprescindible dejar constancia ante ellos del lugar, el día y la hora exactos de la visita de los fiscales.

Enterrado en el jardín más de dos meses

Y aún estando los dueños, no es fácil. Ketler Nadiya, la madre de un joven enterrado en el jardín de su casa en Koropy desde el pasado 21 de abril, les abre las puertas, pero a veces tiene que interrumpir su relato entre lágrimas.

La mujer, de 51 años, explica a Efe que su hijo Ketler Oleksiy Oleksiyovich, de 33, había salido de casa con un hermano a pedir ayuda a militares ucranianos durante un ataque ruso, en el que recibió impactos de artillería que le destrozaron el cuerpo.

Solo pudieron enterrarlo en el jardín cuando acabó el ataque, pero no en el cementerio, donde quiere que reposen sus restos cuando los forenses haya hecho la autopsia y los fiscales autoricen a darlo sepultura de nuevo.

La madre prefirió salir del jardín cuando abrieron el féretro y fue un allegado de la familia quien identificó el cuerpo, poco después de que un par de helicópteros militares ucranianos pasaran justo encima a gran velocidad de regreso desde la zona del frente de guerra.

Todo queda documentado, con fotos y vídeo de cada posible prueba, igual que con los testimonios de familiares y vecinos, para elaborar un informe que pueda llegar a La Haya.

Zelenski teme más crímenes

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenkski, ha denunciado recientemente que son más de tres meses "de crímenes de guerra por parte de los ocupantes rusos". "Muchos graves crímenes de guerra que Rusia está aún planeando o acaba de provocar", ha subrayado en redes sociales.

Ya el pasado marzo la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, aseguró tener información de presuntos crímenes de guerra en unos "6.000 lugares" en territorio ucraniano, que además de la Fiscalía del país investigan organismos internacionales.

Ya están identificados más de 600 sospechosos, como políticos, agentes de propaganda del Kremlin y militares rusos, según datos de la Fiscalía ucraniana. España fue uno de los países que anunció el envío a Ucrania de equipos de apoyo para colaborar con las investigaciones, sin ofrecer muchos detalles por motivos de seguridad.

Algunos de los lugares donde pudieron haberse cometido estos crímenes, como Koropy, no son del todo seguros con el frente de guerra cerca.