La Fiscalía de Bolivia pide 15 años de cárcel para la expresidenta interina Jeanine Áñez

El juicio penal contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se ha reanudado este lunes, pese a las reiteradas peticiones de su defensa para suspender el proceso. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para ella por el caso Golpe de Estado II, en el que se juzga si asumió ilegalmente la presidencia del país vulnerando el reglamento del Senado en 2019. Un juzgado anticorrupción de La Paz ha retomado el juicio, al que asiste por videoconferencia la exmandataria de 54 años desde la cárcel de mujeres de Miraflores.

Áñez ha solicitado estar presente en la sala judicial, algo que ha sido rechazado por el tribunal. No obstante, ha conseguido dilatar una vez más el juicio alegando un malestar en la espalda, razón por la que ha acudido al centro de salud del penal en el que cumple condena, y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz ha determinado retrasarlo hasta este martes a las 14.00 horas (21.00 hora española). En el juicio se analizará también la conducta de varios exjefes militares y policiales.

Jeanine Áñez lleva detenida  desde marzo del año pasado por asumir ilegalmente la presidencia del país

La expresidenta interina está detenida desde marzo del año pasado, inicialmente por el caso Golpe de Estado I, por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que sirvieron para mantenerla recluida durante seis meses. Luego se abrió la causa llamada Golpe de Estado II que amplió esa detención por un tiempo similar. El juicio comenzó a principios de abril, tras un par de aplazamientos debido a las supuestas crisis de salud que presentó la expresidenta interina o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos jurídicos.

El caso Golpe de Estado II se basa en la acusación de que Áñez asumió ilegalmente la presidencia del país al violar el reglamento del Senado y que lo que debía hacer después de la renuncia del entonces presidente Morales, el vicepresidente García Linera, y los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, era convocar a una sesión para elegir a los nuevos dirigentes. A juicio del MAS, la presidencia debió recaer sobre un legislador de este último y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país porque existía un "vacío de poder".

Los recursos de la defensa de Áñez

Los abogados de Áñez han argumentado el lunes que antes de esta instancia judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe responder al recurso presentado por la expresidenta interina en el que solicitaba que se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen en esta causa: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Los abogados han explicado que si el TCP aún no se ha pronunciado sobre esa cuestión, el juicio no debería retomarse. Con esa solicitud, Áñez y su defensa pretendían frenar la reanudación del juicio, que ya se había suspendido a principios de mayo, cuando los abogados de la exmandataria presentaron la demanda de inconstitucionalidad ante el TCP.

Pero esta vez la solicitud de la defensa de Áñez no ha prosperado y el juicio se ha retomado. Una decisión que el abogado Alaín de Canedo ha calificado de "ilegal y arbitraria". A su vez de Canedo ha asegurado, sin dar mayores detalles, que "cuando se agoten todas las instancias internas que señalan nuestro procedimiento se va a recurrir a instancias internacionales".

El pedido de la Fiscalía

Durante prácticamente una hora, el fiscal Omar Mejillones ha detallado todas las acciones de Áñez entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, y al final de su intervención ha pedido "que se aplique la pena privativa de 15 años de prisión en el penal de Obrajes porque se ha probado la existencia del concurso real de delitos de dos tipos penales". En cambio, Áñez alega que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta.

El juicio se ha aplazado varias veces debido a las supuestas crisis de salud que presentó la expresidenta

Mejillones ha explicado, apoyado por videos de medios de comunicación, que Áñez conocía todo el procedimiento legislativo, como leer la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, primero, y luego leer las renuncias de los dos primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. "Al no haber instalado la sesión, no podía proclamarse como presidenta de esa instancia legislativa y por tanto, no podía convocar a una sesión de Asamblea", ha concluido el fiscal.

Mejillones también ha contado que no se tuvo en cuenta a todas las bancadas legislativas presentes, especialmente la del MAS, siendo la principal. El fiscal ha concluido que Áñez violó los derechos de 11 millones de bolivianos de estar presentes en esa sesión, según el diario El Deber.

Tras los alegatos de la Fiscalía como parte acusadora, se esperaba que siguieran los acusadores como el ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. Después le debía tocar a la defensa de la acusada para que pueda cerrar la fase de alegatos. Concluido este procedimiento, el Tribunal de Sentencia deliberaría y dictaría la sentencia correspondiente.

Nueva suspensión del juicio

Pero entonces llegó el repentino malestar de Áñez, quien abandonó el juicio que sigue desde el penal de Miraflores en el que cumple condena. "Se está valorando retrasar hasta el martes a las 14.00 horas el juicio para que la señora Áñez pueda conectarse y puedan ustedes continuar con la revisión médica de la misma", informó el presidente del tribunal al asesor jurídico de la cárcel.

"Estas audiencias maratónicas afectan mucho sus condiciones de salud, se cansa y se desestabiliza". El asesor jurídico del recinto penitenciario de Miraflores, Brayan Ticona, afirmó que Áñez se retiró a "reposar al área de salud" del penal y estaba "recibiendo una fricción en su espalda".

Este martes, la defensa de la también exsenadora contará con una hora para poder presentar sus alegatos y plantear los argumentos para liberar de culpa a su defendida en relación a los delitos que le acusan. Por petición de la defensa, los miembros del tribunal, presidido por el juez Germán Ramos, se trasladarán a los penales de Miraflores y de San Pedro para escuchar a Áñez y los exmandos militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, respectivamente, quienes también están siendo juzgados por el caso Golpe de Estado II.

Durante todo el día, en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se han registrado protestas de un grupo de personas exigiendo justicia por las víctimas de Senkata y Sacaba, unas movilizaciones contra la absolución de Áñez que han sido ferozmente reprimidas por las fuerzas armadas y policiales, dejando un tendal de más de 20 muertos. "¡30 años para Áñez!", se escuchaba gritar a los manifestantes.