La Fiscalía acusa a Israel de cometer crímenes de guerra por el asalto a la Flotilla de la Libertad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha calificado de crimen de guerra y de lesa humanidad el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad de mayo de 2010 en el que murieron nueve activistas y 38 heridos resultaron. El Ministerio Público ha solicitado, asimismo, que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue a los responsables de dar orden a las fuerzas especiales israelíes de abordar los buques que pretendían romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria.

La solicitud del fiscal Pedro Martínez Torrijos enviada al juez Pablo Ruz considera que la masacre está sujeta a la jurisdicción universal y que cumple los requisitos señalados por la ley, a pesar de modificación efectuada por el anterior Gobierno socialista con apoyo del PP, al haberse vulnerado la IV Convención de Ginebra, de la que España e Israel son firmantes, y al haber ciudadanos españoles implicados que fueron detenidos y trasladados por la fuerza hasta el puerto de Ashdot, ya en territorio israelí. 

La querella va dirigida contra Netanyahu y otros seis cargos de su Gobierno

"Los hechos denunciados constitutivos de delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra están contemplados en el catálogo del TPI, se han cometido bajo la vigencia del citado estatuto, las personas presuntamente responsables están sometidas a la jurisdicción del TPI y finalmente el lugar de comisión se localiza en el territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma lo que permite afirmar la competencia del Tribunal Penal Internacional para la investigación de los hechos acaecidos en el mar frente a las costas de la franja de Gaza", señala el texto.

La querella presentada por los tres activistas españoles Laura Arau, David Segarra y Manuel Tapial, que viajaban acreditados como periodistas en la embarcación Mavi Mármara, donde se produjeron los asesinatos y los hechos más graves del asalto israelí, junto a la Asociación Cultura y Paz y el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe, se dirigía contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis cargos de su Gobierno y un alto mando militar por un supuesto "delito de lesa humanidad con resultado de detención ilegal, deportación y tortura". 

La competencia para denunciar los hechos al TPI corresponde al Consejo de Ministros

La Fiscalía, en el escrito fechado en noviembre de 2012, solicita al juez de la Audiencia Nacional que traslade la causa al Ministerio de Justicia para que el Gobierno valore la posibilidad de llevar el caso ante la Fiscalía del TPI. Así, en su informe de competencia, el Ministerio Público recuerda que el artículo 7 de la Ley de Cooperación con este tribunal establece que la competencia para presentar una denuncia ante el fiscal de este tribunal corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, mientras que el Ministerio Fiscal y los órganos administrativos que reciban una denuncia de estas características "archivarán el expediente, informando al denunciante de la posibilidad de acudir directamente ante el fiscal" del TPI.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envió sendas comisiones rogatorias a Turquía e Israel y la petición de información al TPI para preguntarles si estaban investigando estos hechos. Asimismo, solicitó a la ONU que le enviara un informe sobre la comisión internacional creada para investigar el asalto al convoy que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.