Exculpan a Fujimori por la acusación de las esterilizaciones forzadas en Perú

Un fiscal peruano consideró que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) no tiene responsabilidad delictiva en presuntas esterilizaciones forzadas durante su gestión de las que fue acusado, informó hoy un comunicado oficial. El fiscal Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, concluyó que en este caso "no se incurrió en delitos de lesa humanidad", según precisó una nota emitida por la Fiscalía de la Nación. Guzmán "dispuso no formalizar denuncia penal contra el exmandatario Alberto Fujimori Fujimori al no hallarse elementos probatorios suficientes de la comisión de ese delito".

La decisión también establece que no existe responsabilidad de los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong. Tras conocerse la decisión fiscal, el Instituto de Defensa Legal, que presentó la denuncia, señaló que apelará la medida, para que sea vista por una instancia superior. Guzmán explicó al portal digital del diario El Comercio que para hacer una acusación de delito de lesa humanidad se tendría que imputar la autoría mediata (dominio del hecho) pero no se cumple el requisito de que haya existido una "estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical".

"El Ministerio de Salud es otra cosa: nadie puede obligar a un médico a hacer algo contra su voluntad", acotó. El fiscal estableció que sí existen elementos de que hubo violación de derechos humanos porque "en algunos casos" las esterilizaciones afectaban "la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza". A pesar de ello, el comunicado de la fiscalía indicó que Guzmán denunciará a seis médicos por la muerte de una mujer que fue esterilizada en la región norteña de Cajamarca.

Señaló, además, que si se encuentran nuevos "indicios reveladores de la existencia de presuntas violaciones de derechos humanos" en estos casos "las presuntas agraviadas podrían formular denuncia ante el Ministerio Público". La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial reabrió la investigación en junio de 2013 en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que el número de mujeres afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas había muerto a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. Aunque no se tiene un número preciso, organizaciones civiles aseguran que unas 1.500 mujeres fueron intervenidas sin su consentimiento, mientras que la Defensoría del Pueblo registró en total 18 víctimas mortales de estas supuestas prácticas.