Durante las últimas jornadas, decenas del columnas guerrilleras han bajado de sus campamentos en las selvas y los montes de Colombia, con la protección de la Fuerza Pública y de los supervisores de la ONU, emprendiendo el camino hacia las 26 zonas de concentración dispersas en 14 departamentos del todo el país.

Algunos jefes de las FARC, como Pablo Catatumbo, número dos de la jerarquía militar, que han estado negociando “de civil” en La Habana durante los últimos años, recuperaron sus uniformes camuflados, sus arreos y armamento, para encabezar las marchas hacia las “zonas veredales transitorias”, de las que los guerrilleros saldrán dentro de 180 días como ciudadanos desarmados rumbo a la legalidad.

Al llegar a los puntos de concentración se han multiplicado las quejas de la guerrilla por el incumplimiento del Gobierno en el acondicionamiento de los lugares para una mínima habitabilidad. Algunos de los lugares no cuentan con agua potable ni techo, y brigadas de la propia guerrilla se han organizado para construir las infraestructuras adecuadas.

Por su parte, el máximo jefe guerrillero, Rodrigo Londoño Timochenko ha publicado en su cuenta de Twitter una denuncia, según la cual grupos de paramilitares han estado merodeando diversas zonas próximas a los puntos de concentración de la guerrilla “intimidando a los pobladores de la región y señalando que los que participen en el proceso de paz con las FARC los matarán”.

Esta denuncia se une a la de la prestigiosa Fundación Paz y Reconciliación en el sentido de que en gran parte de los 242 municipios en donde han actuado y ejercido su influencia las FARC, “se ha detectado la presencia de bandas criminales (exparamilitares) y de la delincuencia común, con asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y diversas intimidaciones a la sociedad civil”.

En 60 días un 30% de la guerrilla entregará sus armas a los inspectores de la ONU, otro tanto lo hará en los próximos 120 días, y el restante 40% lo hará dentro de 150 días, según los Acuerdos Finales de Paz, firmados entre el Gobierno y la insurgencia.

Punto clave

En el Acuerdo Final también se pactó un punto que es la clave para la desmovilización de la insurgencia: su “seguridad para el ejercicio de la política”.

Efectivamente, como en otros procesos de Paz en el mundo –por ejemplo en Irlanda- solo después de que las FARC se conviertan en un movimiento político, una vez reincorporados sus miembros a la vida civil después de 52 años de guerra, se podrá hablar de la culminación del proceso.

Para ello, además del Estatuto de la Oposición, previsto en la Constitución de Colombia, pero nunca desarrollado ni reglamentado, el Gobierno ha entregado para su aprobación en Congreso una ley que apoya y garantiza a la guerrilla en su actividad electoral durante los próximos 8 años, con objeto de apoyar su entrada como partido en el escenario político colombiano, mediante subvenciones y garantías especiales.