Las primeras redadas de Trump contra los migrantes dejan 538 detenidos y cientos de deportados

Las autoridades estadounidenses han detenido a 538 migrantes y deportado a "centenares". Estos actos se enmarcan en la operación contra la migración irregular lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras haber asumido el lunes dicho cargo, según han informado este viernes fuentes oficiales.

La Casa Blanca ha informado a través de X (antes Twitter): "Este es un pequeño adelanto del trabajo de la Administración Trump para dar seguridad a las fronteras de nuestra nación". En otro mensaje, agregan: "La operación de deportación masiva más grande de la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas".

Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, hizo de la lucha contra la migración ilegal su caballo de batalla durante la campaña para las elecciones de noviembre de 2024. Su promesa de hacer deportaciones masivas en cuanto pusiera de nuevo un pie en la Casa Blanca quedó plasmada en los primeros decretos que firmó, así como la de cerrar la frontera con México.

El pasado miércoles se inició el despliegue de unos 1.500 militares en la frontera con México. Ese mismo día, el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, anunció que había autorizado el envío de esas tropas y de helicópteros y su respectivo personal, así como de analistas de inteligencia que ayuden en las labores de detección y control. Según sus cifras, esto representa un aumento del 60% en el número de fuerzas activas sobre el terreno desde que Trump asumió el cargo el lunes.

El Pentágono proporcionará también transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación de más de 5.000 "extranjeros ilegales" desde San Diego, en California, y El Paso, Texas, detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza.

Los fiscales se niegan a participar 

Una coalición de 11 fiscales generales de EEUU envió una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la Administración de Trump, dejando claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes migratorias. Esta explicación surgió después de que el nuevo Gobierno de Trump amenazara a funcionarios gubernamentales que no cumplan con sus órdenes respecto a la migración.

"La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la migración", señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, quien cuenta lo que espera la nueva administración sobre la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes.

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Sin embargo, los fiscales demócratas indicaron que está establecido a través de precedentes antiguos de la Corte Suprema, y que la Constitución de EEUU impide que el gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.

Los fiscales, liderados por Nueva York y California, señalaron a Bove que "si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes de migración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que no puede 'incorporar a su servicio, sin costo alguno para sí, a los agentes de policía de los 50 estados'".

También recordaron a Bove que este equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales "es una piedra angular de nuestro sistema estadounidense de federalismo", de acuerdo con un comunicado conjunto.

Asimismo, avisaron que el presidente republicano "no puede reescribir unilateralmente la Constitución" y que ha lanzado "amenazas preocupantes" de emplear la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia como un arma contra los servidores públicos que cumplan las leyes de sus propios estados.

Advirtieron que "por ahora, estas amenazas vagas son sólo eso: palabras vacías escritas en un papel". "Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales", afirmaron.

El comunicado fue firmado por los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.