Tras el traspaso del mando el próximo domingo 10, Cristina Fernández de Kirchner se quedará sin fueros. Como ella misma quería. Si hubiera hecho un levísimo gesto de demanda estaría en el primer puesto de las listas de diputados o senadores de Unión por la Patria. Pero no.

Traducido en palabras, tal vez sea un "aquí estoy, vénganme a buscar". La realidad es que la actual vicepresidenta de Argentina afronta, principalmente, cinco causas judiciales. En ninguna hay detenidos, lo que hace suponer que no tiene la menor lógica que le impongan prisión domiciliaria, con tobillera incluida, como insiste un periodista alineado con Mauricio Macri.

Pero ya se sabe que ni en Comodoro Py ni en el Palacio de Tribunales reina la lógica: el principio es la persecución política. Como ocurrió con Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia.

La farsa de Vialidad

Kirchner fue condenada por las rutas de Santa Cruz tras un juicio de más de dos años y medio en el que nadie nombró a la expresidenta. Ni un solo testigo dijo, por ejemplo, que ella intervino de alguna manera, no hay un mensaje ni un correo electrónico.

La Fiscalía aportó como pruebas un par de chats del móvil del exsecretario de Obras Públicas, José López, que ni siquiera fueron comunicaciones con ella ni arrojaban un indicio en su contra. Apenas había diálogos y se hablaba de una supuesta reunión con un enviado de Lázaro Báez en los últimos días de su gobierno, con el foco en la catastrófica situación que afrontaba Santa Cruz ante la paralización de las obras que iba a concretar Mauricio Macri.

El fallo será evaluado por tres integrantes de la Cámara de Casación: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los dos primeros, asiduos visitantes de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada.

Barroetaveña encabezó la Lista Bordó, la más crítica contra el gobierno de Alberto Fernández. Esa lista es la que ganó en las postulaciones para el Consejo de la Magistratura. Los abogados de Kirchner, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, rechazaron a Borinsky y Hornos, una cuestión que ahora está en la Corte Suprema, sin resolución.

El 14 de diciembre hay una audiencia preparatoria con los magistrados y en febrero, sucesivamente, cada parte presentará sus argumentos. Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude contra la administración pública y absuelta de la acusación por encabezar una asociación ilícita. La defensa de la expresidenta apeló la condena, pero también lo hizo el fiscal Diego Luciani, quien insiste en que la expresidenta debe ser condenada también por asociación ilícita.

La lógica es que esta causa, iniciada en 2016, termine en la Corte Suprema, no sólo por los rechazos, sino por lo que resuelvan los jueces de Casación.

El insólito expediente del Memorándum

Los jueces de Casación, Barroetaveña y Daniel Petrone, ordenaron reabrir la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, un tratado que nunca entró en vigencia y que votó el Congreso.

La reapertura derivó en una especie de pelea de jueces de tribunales orales para no tener que hacer lo que se prevé: sentarse en un juicio oral durante más de un año y afrontar el hecho evidente de que tendrán que absolver a los imputados.

Dos de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que ya condenaron a Kirchner en Vialidad Nacional (el organismo que pertenece al Ministerio de Transporte), argumentaron que tenían mucho trabajo y que, por lo tanto, no podrían estar a cargo del juicio por el Memorándum. Con el voto de Borinsky, el apartamiento fue rechazado y se completó el trío de jueces con Javier Ríos.

Sin embargo, los tres fueron rechazados por las defensas porque ya intervinieron en expedientes relacionados con el caso sobre los atentados a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un argumento que ya se utilizó en su momento para apartar a una jueza, Sabrina Namer.

Todo este paquete, la reapertura y los rechazos, también llegará a la Corte Suprema, lo que hace presumir que el juicio no empezará de ninguna manera en 2024 y posiblemente tampoco en 2025.

Es una causa de pura persecución que encabezó la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y en la que llegaron a acusar al canciller de traición a la patria. Varios de los imputados estuvieron en la cárcel -Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Yussuf Khalil-, pero todos fueron excarcelados.

A Héctor Timerman también le dictaron la prisión, cuando ya estaba gravemente enfermo, mientras que Kirchner tenía fueros.

No hay hipótesis de prisión para ninguno de los imputados

En el expediente Hotesur-Los Sauces, por supuestos delitos de lavado de dinero, Kirchner y otros 25 imputados fueron apartados del proceso penal porque todos los alquileres -hoteles y departamentos- siempre fueron pagados en blanco, con facturas, con pagos por transferencias bancarias.

Los magistrados del juicio oral consideraron que no hubo lavado, que consiste en blanquear dinero negro. En este caso, nunca hubo movimientos en negro.

Nuevamente, la Casación –Barroetaveña y Petrone– ordenó la reapertura con el argumento de que "no hubo circunstancias novedosas" que cambiaran la causa y que, por lo tanto, el juicio debía hacerse, sí o sí. Al menos corrigieron la grotesca acusación contra Florencia Kirchner, que tenía 12 años cuando se crearon las sociedades y nunca participó de la administración de los bienes.

La reapertura fue apelada por la abogada Ary Beraldi-Llernovoy a la Corte Suprema, de manera que es otro caso que está trabado en el máximo tribunal. Además, uno de los jueces del tribunal oral sorteado, Fernando Canero, terminó su sustitución este jueves, de manera que habrá que sortear otro.

En este expediente -armado por Claudio Bonadío en una especie de causa colectora- nunca hubo prisiones preventivas, de manera que el proceso parece destinado a extenderse mucho en el tiempo. No se prevén prisiones para nadie, tampoco para Cristina.

La larga marcha de los cuadernos

El expediente de los famosos cuadernos fue elevado a juicio por el fallecido Carlos Stornelli-Bonadío en 2019, hace más de cuatro años. El tándem Stornelli-Bonadío se quedó con la causa de manera arbitraria, en lugar de mandarla a sorteo, y arrancó con numerosas detenciones. Los imputados siempre sostuvieron que hubo una especie de extorsión. El que mencionaba a Cristina se iba en libertad, el que no lo hacía, quedaba preso.

En paralelo, como se publicó en Página 12 este sábado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por probadas una larga serie de alteraciones, tachaduras, cambios, con la participación del chófer Oscar Centeno, su amigo expolicía Jorge Bacigaluppo y tal vez otras personas. Bacigaluppo fue procesado por falsear la prueba.

La realidad es que el juicio, con más de 100 acusados -entre empresarios y exfuncionarios-, tiene muy pocas opciones de empezar en 2024. Hay mucha prueba previa para concretar y un proceso de denegaciones y nulidades que seguramente llegarán a la Corte Suprema. Hoy en día, no hay prisiones preventivas de ningún tipo.

La Ruta del dinero y la jugarreta macrista-republicano

Durante la semana que pasó, la Cámara Federal M (por macrista) revocó el fin del proceso penal de Cristina Kirchner en la causa que se llamó La Ruta del Dinero. De la mano de jueces puestos allí por Macri, después de diez años, se convalidó como querellante a una organización denominada Bases Republicanas, integrada por exfuncionarios del gobierno de Cambiemos. En una década entera, Bases no había participado ni emitido opinión.

El sobreseimiento de Cristina tenía hasta la opinión favorable del fiscal Guillermo Marijuan, aquel que excavó partes de la Patagonia buscando dinero de los Kirchner. El juez Sebastián Casanello y el propio Marijuan coincidieron en que no había una sola evidencia de que el dinero de Lázaro Báez fuera en realidad de los Kirchner. Todas las cuentas y propiedades, incluso el testamento del santacruceño, tenían como únicos beneficiarios a sus hijos. No apareció ninguna sociedad rara, atribuible a un dueño oculto.

Sin embargo, el camarista Mariano Llorens, portero de La Liverpool, aquel equipo que jugaba en la quinta de Macri, encabezó un fallo en el que sostuvo que todo debe mirarse como un conjunto y que Cristina fue condenada en Vialidad. Por lo tanto, el dinero de Lázaro debía tener relación con ella, pero no aportó ni una sola evidencia.

El expediente será motivo de apelaciones y, todo indica, que en algún momento se confirmará el sobreseimiento. Como es obvio, no hay chances de detención de Kirchner.

El modelo Lula

A Luiz Inacio Lula Da Silva (Lula) le abrieron diez causas judiciales y estuvo 19 meses en prisión. Quedó claro que hubo un complot político de persecución. A día de hoy, a los 78 años -ocho años mayor que Cristina- regresó a la presidencia de Brasil.

En ninguno de los expedientes que afronta la vicepresidenta hay pedidos de detención ni prisiones preventivas de ninguna naturaleza. Es evidente que Kirchner siempre estuvo a derecho, que no existe peligro de fuga y no hay ninguna razón para restringirle la libertad.

No obstante, como en el caso de Lula, no se puede descartar que algún fiscal o juez se despache intentando coronar la persecución política. En todo caso, fue la vicepresidenta misma la que tomó la decisión de quedarse sin fueros y confrontar con la alianza política-mediática-judicial, idéntica a la que hubo detrás del encarcelamiento de Lula. Es un partido desigual, pero Kirchner resolvió afrontarlo.