El conflicto agrario en Argentina, segundo asalto

El Gobierno argentino y las patronales agrarias hicieron hoy una demostración de fuerza en multitudinarias movilizaciones paralelas en Buenos Aires, convertidas en un reflejo de la grave división que sufre el país desde que estalló el conflicto hace más de cuatro meses.

Lejos de acercar posiciones, el oficialismo y los líderes de las entidades agrarias endurecieron sus críticas y se reafirmaron en sus posiciones, en vísperas de que se debata en el Senado el polémico decreto de subida de los impuestos a la exportación de granos que fue el detonante de la crisis.

Los partidarios del Gobierno abarrotaron la plaza del Congreso para escuchar al ex presidente Néstor Kirchner, líder del Partido Justicialista (peronista) y, según analistas locales, la persona que concentra el poder en Argentina.

Ante más de 300.000 personas según los organizadores, cifra reducida a unas 95.000 por fuentes extraoficiales citadas por medios locales, Kichner cargó de nuevo contra los productores agrarios, a los que acusó de apoyar a la dictadura militar y tratar de desestabilizar a su esposa, la presidenta Cristina Fernández.

"Acá quisieron destituir al Gobierno y desestabilizar a la patria", sostuvo el ex gobernante, que reiteró que el Gobierno acatará "sea cual fuere" la decisión del Parlamento sobre el polémico proyecto tributario que lo mantiene enfrentado con el sector rural desde hace 126 días.

Dirigentes sindicales, gobernadores, ministros y altos funcionarios del Gobierno arroparon a Kirchner durante su intervención, su última baza antes del debate del decreto.

En Palermo contra los Kirchner 

Poco después, y a apenas unos kilómetros al norte del Congreso, unas 225.000 personas, según fuentes extraoficiales, se concentraron en el barrio de Palermo para expresar su rechazo a la política de los Kirchner y acompañar a los productores agropecuarios.

Uno por uno, los principales líderes de las organizaciones agrarias, acompañados de dirigentes de la oposición y de reconocidos peronistas críticos con el Gobierno, denunciaron la estrategia del Ejecutivo, rechazaron las acusaciones de Kirchner y pidieron a los senadores que voten en contra de la reforma tributaria.

"¿Es tan débil un presidente para que una resolución lo voltee?", se preguntó el titular de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, convertido en un símbolo del llamado "sector duro" de la protesta rural.

"El ex presidente quiere manejar el barco desde la sala de máquinas y lo va a estrellar el barco que es el país y no se lo vamos a permitir", insistió De Angeli.

"No vinimos acá a presionar a nadie. No queremos condicionar la voluntad de ningún legislador. Simplemente solicitamos a los senadores que voten a conciencia. Un conflicto de esta magnitud no puede dirimirse en el estrecho marco de las fidelidades partidaras", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens.

Acusaciones de presiones desde el Gobierno 

El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, apuntó que "hay senadores que se van a jugar por el país, otros que están dudando, y quienes por una mal llamada disciplina partidaria juegan en contra los intereses del pueblo, pero lo peor es que hay legisladores que están siendo presionados por el gobierno para que cambien su voto".

"A los que están indecisos, les digo que acá está el pueblo apoyándolos y pidiéndoles que voten por nosotros", apuntó por su parte De Angeli.

Unos y otros coincidieron en que la lucha rural no concluirá mañana, independientemente del resultado de la votación en el Senado, y reclamaron un plan agropecuario nacional.

"Esto va a seguir. Ganemos o perdamos mañana, esta medida (de las retenciones) no va a poder continuar", concluyó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.

El conflicto del campo se ha convertido en la más grave crisis que enfrenta Cristina Fernández en sus seis meses de mandato.

Las huelgas comerciales agrarias y los cortes en las rutas convocados por las patronales agropecuarias durante los 126 días de conflicto han supuesto pérdidas millonarias para el país, han agudizado la división interna y han precipitado una caída en picado de la imagen de la presidenta.