Ese 'impuesto' del que usted me habla. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunciaba el miércoles en su discurso sobre el estado de la Unión una tasa del 33% a los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles que hayan aumentado el 20% sus ganancias en los últimos tres ejercicios fiscales. En Bruselas se refieren a esta medida, revolucionaria e impensable antes de la guerra en Ucrania, como una "contribución solidaria", el eufemismo de un impuesto.

Tanto en público como en privado, los funcionarios europeos esquivan el término impuesto para referirse a este gravamen. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión jurídica y procedimental. La política fiscal de la UE se establece por unanimidad y tiene una base permanente. La nueva tasa en una herramienta de emergencia y, por ello, en Bruselas insisten en que su aplicación es temporal e hija de las circunstancias actuales de excepcionalidad.

Así, la Comisión Europea ha establecido el Artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE como la base jurídica para ponerlo en marcha. "Sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía", reza el artículo.

Pero, ¿qué implica en la práctica? En primera instancia permite aplicar medidas temporales de solidaridad sin la necesidad de la unanimidad que sí se requiere en el ámbito fiscal. La ambición es aprobar la iniciativa cocinada por el equipo de Von der Leyen en el próximo Consejo extraordinario de Energía, previsto para el 30 de septiembre. Polonia ya ha mostrado su oposición a la medida. Pero el hecho de requerir solo una mayoría cualificada esquiva la política de vetos y allana el y para su aprobación dentro de dos semanas.

Con este argumento legal de fondo, el Ejecutivo comunitario ha hecho los malabarismos lingüísticos. La "contribución solidaria" es el eufemismo de un impuesto temporal. Tras el anuncio de la alemana Von der Leyen, del Partido Popular Europeo (PPE), los populares españoles continuaron oponiéndose al impuesto nacional sobre las compañías eléctricas promulgado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero sí apoyaron el europeo. Un escenario en el que tenían poco margen, ya que el propio Manfred Weber, líder del PPE en la Eurocámara, lo avaló tras el discurso de la inquilina del Berlaymont.

"Creo que hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es la tasa que plantea Europa y otra cosa es el impuesto de Pedro Sánchez. La tasa que plantea Europa va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos y, por tanto de los españoles; mientras que el impuesto que plantea Pedro Sánchez va a subir la recaudación", aseguraba poco después del anuncio Cuca Gamarra, su portavoz en el Congreso, en declaraciones que recoge Europa Press. Con este enredo, los de Feijóo se han acabado atragantando con el impuesto a las eléctricas: lo apoya en Europa y rechaza en España.

La contribución en cuestión es un impuesto adicional sobre las ganancias corporativas en 2022 compatible con el marco fiscal existente. En términos prácticos sirve para gravar los beneficios y serían los Estados miembros los que recauden esos fondos a nivel nacional. "Su creación es una excelente noticia, pero hay elementos de su diseño que seguiremos de cerca, ya que las empresas podrían registrar sus beneficios fuera de la UE para escapar de sus obligaciones. También nos parece un error que solo aplique a 2022 y no se incluya 2021", advierte Ernest Urtasun, eurodiputado de Los Verdes, a través de Twitter.

Medida implantada en otras capitales

La Comisión Europea espera recaudar con esta medida y con la del tope a las energías inframarginales –renovables y nuclear- 140.000 millones de euros. 23.000 millones vendrían del impuesto energético y los otros 117.000 por este límite. "Los Estados miembros utilizarán los ingresos de la contribución solidaria para dar apoyo a los hogares y a las empresas y para mitigar los efectos de los altos precios de la energía. También deben utilizarlos a corto plazo para financiar medidas que reduzcan el consumo de energía y apoyar a las industrias", reza la propuesta de la Comisión.

Además de España, otros países como Alemania o Italia, también han decretado por ley un impuesto a las eléctricas. Bruselas teme que las medidas nacionales terminen distorsionando el mercado europeo. Por ello, el otro objetivo encubierto es salvaguardar el sagrado level playing field (igualdad de condiciones) para las firmas que operan en suelo comunitario. Los Estados miembros utilizarán.

El PP español, con el paso cambiado

"Las grandes empresas de petróleo, gas y carbón también están obteniendo enormes beneficios. Y por eso tienen que pagar una parte equitativa: tienen que aportar una contribución contra la crisis", aseguraba la ex ministra de Defensa de Angela Merkel. "Es obvio que algunas eléctricas tienen ganancias excesivas", aseguraba ya en septiembre del año pasado Teresa Ribera, vicepresidenta española a cargo de Transición Ecológica, en una entrevista con el diario El País. La medida genera un amplio apoyo entre las diferentes familias políticas de la Eurocámara, aunque algunos sectores conservadores están incómodos con este impulso más progresista de la presidenta alemana.

Con el aterrizaje de la guerra y sus macroconsecuencias económicas y energéticas en suelo europeo, Bruselas ha terminado asumiendo varias de las propuestas que España llevaba demandando en la capital comunitaria desde hace meses. Con este impuesto energético, la Comisión Europea trabaja ya en una reforma en profundidad del mercado eléctrico. Una medida ya lanzada por Sánchez el año pasado. Por aquel entonces, el Ejecutivo comunitario se cerraba en banda afirmando que el sistema vigente funcionaba a la perfección, pero la situación actual le ha empujado a revertir su brújula energética asumiendo muchos de los postulados de Madrid. Y todo ello ha pillado al PP español, que ha visto como los conservadores europeos han abrazado estas tesis, con el paso cambiado.