BRUSELAS. - La Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha rechazado en un texto el acuerdo de libre comercio conocido como CETA entre la Unión Europea (UE) y Canadá.

El informe ha sido apoyado por 27 votos a favor y 24 en contra (sin abstenciones). Este
documento asegura que el objetivo del CETA “debe ser la creación de empleo decente,
un incremento equilibrado de los salarios y el aumento de las posibilidades de
emprendimiento” y alerta que recientes estudios prevén que su implementación podría
conllevar “pérdidas de empleo de 204.000 puestos de trabajo para toda la UE”.

Junto a esto, el informe asegura que existen “serias dudas sobre la compatibilidad del
CETA respecto a las leyes actuales de la UE” en cuanto al tribunal internacional de
arbitraje contemplado en el acuerdo comercial.

El acuerdo del CETA necesita para entrar en vigor el voto afirmativo en el pleno de la Eurocámara, previsto inicialmente para el mes de febrero, han explicado fuentes del Parlamento Europeo (PE).

Los dos grandes partidos, socialdemócratas y populares, apoyan el acuerdo, al que se oponen principalmente la Izquierda Unitaria GUE/NGL y los Verdes europeos, que han celebrado este viernes el rechazo por la Comisión de Empleo.

Desde Podemos también han aplaudido la oposición de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo. “Con su rechazo al CETA, la comisión de Empleo ha tomado
una decisión lógica puesto que los estudios de impacto independientes demuestran
que el CETA acarreará pérdidas tanto en número de empleos como en la calidad de los
puestos de trabajo”.

"Estamos ante un acuerdo comercial que ha despertado gran animadversión por parte de amplios sectores, desde trabajadores, sindicatos, colectivos de la sociedad civil y hasta las pymes", ha señalado en un comunicado la eurodiputada de Podemos Tania González Peñas.

Para González, acuerdos como el del CETA o el TTIP “perjudicarían con especial crudeza a países como Grecia, Italia, Portugal y España, con ya de por sí altas tasas de desempleo juvenil y de larga duración, trabajadores pobres, contratos temporales y empleo altamente precario. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por detenerlos”.

Por su parte Lola Sánchez Caldentey, miembro de la comisión de Comercio
Internacional, ha declarado que “a la luz del rechazo de la comisión de Empleo, esperamos que los eurodiputados socialistas que se hubiesen planteado votar a favor del CETA se lo replanteen: estar a favor del CETA es estar en contra de los derechos de los trabajadores, y esta opinión de la comisión de Empleo es la prueba de ello”.

El pasado mes de octubre, la UE y Canadá llegaron a un acuerdo preliminar tras desbloquearse el rechazo de la región belga de Valonia. El pacto prevé incrementar los intercambios bilaterales en 12.000 millones de euros al año.

Además de la luz verde del PE, deberá conseguir el visto bueno de los parlamentos nacionales, un proceso que se anuncia largo e incierto, al menos en Holanda, donde sus ciudadanos rechazaron el acuerdo en referéndum el pasado mes de abril.

Por ello, el 95 % de los acuerdos comerciales se empezará a aplicar automáticamente tras la aprobación de la Eurocámara, pero no así los polémicos sistemas de tribunales de arbitrajes conocidos técnicamente como ICS.