Colombia compensará a víctimas y desplazados

Entre la esperanza y el miedo entró ayer en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que propone devolver más de seis millones de hectáreas arrebatadas a cerca de 600.000 familias colombianas y resarcir a medio millón de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos desde enero de 1985.

En la sanción de la ley, realizada solemnemente en el Palacio Presidencial, estuvo presente el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acompañado de la ruandesa Yolandé Mukagasana, quien sufriera las masacres que azotaron a su país en 1994 y candidata al Premio Nobel de la Paz.

Juan Manuel Santos, rodeado de centenares de víctimas de la acción de los paramilitares y de las fuerzas del Estado durante los últimos años, se dirigió emocionado a ellas durante su discurso: "Vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde ¡al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su sufrimiento!". El presidente de Colombia marcaba así clara distancia respecto a su antecesor, Álvaro Uribe, cuyas iniciativas se dirigieron exclusivamente a favorecer a los paramilitares, con leyes como la de Justicia y Paz, orientada a otorgar penas mínimas, tras haber intentado una amnistía que frenó el poder judicial.

En este año se prevé indemnizar a 25.000 familias y devolver tierras a otras 20.000

De hecho, algunos parlamentarios uribistas intentaron sin éxito hasta última hora boicotear la ley, alegando que el Estado no tiene fondos para llevarla a la práctica o que sus funcionarios implicados en crímenes van a ser tratados con el mismo rasero que los delincuentes comunes.

Ban Ki-moon, se hizo eco de las inquietudes que han expresado en los últimos días los delegados de Naciones Unidas en Colombia: "La Ley no es suficiente. Su implementación debe ser la apropiada. Sólo así se podrá determinar si se cumplen las expectativas. El Gobierno debe garantizar protección, seguridad y bienes-tar a todas las víctimas, sin que ninguna quede fuera de sus beneficios, incluidas las procedentes de la guerrilla, especialmente los niños que fueron reclutados por esta".

La norma tendrá una vigencia de diez años y prevé la creación de un registro único de víctimas. Además de indemnizar y restituir las tierras a los desplazados por la violencia, asistiéndoles técnica y socialmente para su retorno, se ocupa de su satisfacción histórica, mediante la creación de un Centro Nacional de la Memoria Histórica. En lo que resta de año se ha programado la indemnización a 25.000 hogares y la devolución de sus tierras a otras 20.000 familias en distintos puntos del país.

Varios legisladores uribistas intentaron boicotear la ley hasta última hora

El hecho de que, tal vez en un caso único en la historia, una ley de víctimas se aplique en medio de un conflicto abierto, en el que la guerrilla sigue activa y los paramilitares, denominadas por el Gobierno colombiano como "bandas criminales", se han reorganizado con fuerza en casi todo el país, aporta un elemento clave de inseguridad, especialmente en la restitución de tierras.

"Me van a matar y no han hecho nada", declaraba el pasado 29 de abril, ante una comisión de la defensoría del pueblo la líder comunitaria Ana Fabricia Córdoba, de 52 años. En repetidas ocasiones denunció amenazas contra su vida. El pasado martes, unos sicarios entraron en el autobús de servicio público en el que viajaba y la liquidaron de un tiro en la cabeza. Llegó a Medellín, desplazada del Urabá, después de que mataran a su marido y a su hijo de 17 años y violaran a sus dos hijas.

Fabricia, que acusó a la Policía, siguió trabajando incansable por la restitución de tierras con la organización Adelante por un Tejido Humano de Paz. Es la víctima número 11 en lo que va de año. Muchas mujeres entre ellas. Como Ana Hernández, dirigente antioqueña asesinada junto a su hijo de 10 años, o Zoraida Acevedo, líder de Familias en Acción en Norte de Santander.