SiriaCinco cuestiones pendientes cuando se cumplen 8 años de guerra en Siria

Hace justo ocho años, miles de personas salieron a las calles de Siria para reclamar democracia e igualdad, en la estela de la llamada Primavera Arabe. Pero con la represión gubernamental, las manifestaciones pacíficas rápidamente se transformaron en un cruento conflicto que ha dejado medio millón de muertos y millones de desplazados, una de las peores catástrofes humanitarias de la historia reciente.

Cuando la guerra entra en su noveno año, con el Estado Islámico (EI) prácticamente derrotado en su vertiente militar y la victoria de facto del régimen de Bashar el Asad, empieza a configurarse un escenario post-conflicto en el que quedan numerosas cuestiones sin resolverse.

Estos son algunos de los interrogantes abiertos:

¿Quién ha ganado realmente la partida?

La guerra ha convertido Siria en un tablero en que convergen multitud de intereses geopolíticos. Irán y Rusia, aliados y principales valedores del régimen, pugnan por mantener la influencia y poder adquiridos durante la contienda, mientras que potencias como Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel tratan de reducir la injerencia de la República islámica en suelo sirio. “Existe una presión internacional para apartar a Irán de Siria y el régimen de Al Asad no tiene demasiado que decir al respecto: solo puede mirar lo que ocurre y sacar el máximo partido de ello. Si Irán retrocede, Damasco recibirá apoyo para la reconstrucción del país”, opina Hilal Khashan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de Beirut.

Cada vez más actores internacionales, incluidos quienes al inicio de la revolución respaldaron a los opositores, están dispuestos a sacar del ostracismo político al gobierno de Damasco, lo cual representa una ventaja para el régimen. Pero nada sale gratis: aunque Bashar Al Asad ha logrado mantenerse en el poder, en este momento un tercio del país está ocupado por potencias extranjeras, desde Turquía en el norte, a Rusia e Irán en las zonas controladas por el gobierno, y ninguna no parece tener ninguna prisa por abandonarlo pronto. Tanto quienes lo han ayudado durante la guerra como quienes ofrecen su apoyo en el periodo post-bélico esperan obtener un rédito a cambio.

¿A quién beneficia el proceso de reconstrucción?

Según el Banco Mundial, un tercio de la infraestructura ha quedado fuertemente dañada o totalmente destruida: Siria es actualmente un país en ruinas. La reconstrucción, según estimaciones de Naciones Unidas o del propio gobierno, requerirá entre 250.000 y 400.000 millones de dólares. A la espera de una financiación que llega con cuentagotas ante la negativa de la comunidad internacional a aportar fondos sin que medie una solución política, el gobierno ha empezado a implementar su propio modelo urbanístico: un nuevo mapa diseñado a su medida y la de una élite económica afín. Partes enteras de ciudades como Alepo, Homs o los suburbios de Damasco que quedaron en pie tras los bombardeos y combates han sido arrasadas hasta los cimientos; en su lugar, empresas inmobiliarias controladas por magnates cercanos al régimen planean construir macrocomplejos residenciales de lujo donde presumiblemente no habrá espacio para los antiguos habitantes.

En los últimos tres años se han producido miles de expropiaciones amparadas en nuevas leyes de propiedad que permiten derribar asentamiento informal (un tercio del parque de vivienda del país antes de la guerra) y que se están aplicando, convenientemente, en zonas de mayoría opositora al régimen. La reconstrucción se está haciendo de forma selectiva y grupos como Human Rights Watch denuncian un “castigo colectivo” a la población no afín a Damasco. Mientras, numerosos expertos consideran que el conflicto ha servido para dar rienda suelta al capitalismo de amigotes: una élite económica formada al calor de la guerra y bien relacionada con el gobierno espera hacerse de oro en un terreno abonado para la especulación inmobiliaria más feroz.

El futuro de los refugiados

La violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de más de la mitad de la población en Siria: unos 5,7 millones de refugiados se hallan repartidos por todo el mundo, a lo que se suman otros 6,2 millones de desplazados internos, según datos de Acnur. El gobierno, que ha recuperado el control de más del 60 % del país, asegura estar preparado para acoger de vuelta a los refugiados, pero la realidad sobre el terreno es otra: sin apenas ayudas oficiales para reconstruir sus hogares, muchos de los retornados están encontrando serias dificultades para recomponer sus vidas.

Sin embargo, en lugares como el valle de la Bekaa, en Líbano, ya hay familias que tras regresar a su país decidieron deshacer el camino andado por falta de seguridad o de oportunidades para empezar de nuevo. El reclutamiento militar obligatorio para hombres de entre 18 y 42 años también imposibilita el retorno de aquellos que no quieren empuñar las armas. Y pese al cese generalizado de las hostilidades, hay muchos más que no podrán volver: las leyes de amnistía promulgadas por el gobierno no han impedido detenciones, desapariciones o reclutamiento forzado de personas opositoras que regresaron, según denuncian grupos proderechos humanos. La ONU ha anunciado que este año volverán a Siria hasta 250.000 refugiados, en buena parte porque los países de acogida están ejerciendo fuertes presiones para echarlos: la suerte que les depara el regreso es una incógnita.

La cuestión kurda: qué va a ser de Rojava

A lo largo del conflicto, los kurdos han sido claves en la lucha contra el Estado Islámico. Inicialmente presentes en tres cantones en el norte del Siria, al tiempo que combatían a los yihadistas fueron ensanchando su presencia hasta hacerse con un tercio del territorio, convertido una región autónoma de facto, Rojava, donde han establecido un gobierno y estructuras políticas y sociales propias.

Con el respaldo de Washington, las milicias kurdas YPG e YPJ (exclusivamente compuestas por mujeres), y las Fuerzas Democráticas Sirias (fuerza kurdo-árabe SDF), han logrado arrinconar al Estado Islámico. Pero tras el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses del noreste sirio y la derrota inminente de los radicales en la localidad de Baghouz, su último reducto en el país, los kurdos ven una vez más su supervivencia en peligro, abandonados a la merced del régimen de Bashar Al Asad y de Turquía.

En el caso de Damasco, aunque antes de 2011 aplicaba una política de represión en la zona, durante la guerra ambos bandos han mantenido una estrategia mutua de no agresión. Cuando se acerca el final del conflicto, los kurdos actúan con pragmatismo y conciben el regreso de la autoridad central como un problema menor, siempre y cuando se respeten los derechos sociales, lingüísticos y en cierto grado, políticos, conquistados en estos ocho años.

Con Ankara, la situación es más complicada. Turquía equipara a las milicias YPG con el PKK kurdo turco, a quien considera un grupo terrorista. En marzo de 2018, las tropas turcas entraron en el cantón kurdo de Afrín y siguen allí apostadas. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con sanciones económicas de peso a los turcos si atacan a los guerrilleros kurdos, pero la ocupación ya es un hecho. “Turquía tiene un interés vital en el norte de Siria. Pactará con Estados Unidos y Rusia, asumiendo cualquier acuerdo que preserve sus intereses impidiendo que los kurdos se mantengan fuertes allí”, considera el profesor Hilal Khashan. El tira y afloja entre Damasco y Ankara, con la intermediación de Moscú y Washington, decidirá la suerte del pueblo kurdo y de Rojava.

Cuánto de definitiva tiene la derrota del Estado Islámico

Cinco años después de la proclamación del Califato, la expulsión de los últimos yihadistas de Baghouz, en el noreste kurdo del país, certificará la derrota política y militar del Estado Islámico en Siria.

Pero el grupo no está ni mucho menos acabado y la negativa de los Estados occidentales a repatriar a miles sus nacionales, combatientes extranjeros del EI, no es el único problema del Estado sirio. Muchos otros yihadistas locales se quedarán, y cómo gestionar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos es una cuestión vital para el futuro del país.

“Las SDF no tienen recursos suficientes para mantener a todos esos combatientes en centros de detención y la salida de las tropas estadounidenses dificulta la tarea”, considera la investigadora Elizabeth Dent, del Middle East Institute, basado en Washington. Dent advierte del peligro de no manejar adecuadamente el procesamiento de los excombatientes. “Hay una serie de lecciones que extraer del caso iraquí -tras la invasión de Estados Unidos en 2003-. Encarcelar a combatientes en lugares como Camp Bucca (prisión estadounidense en el desierto de Irak) a menudo puede tener el efecto contrario al deseado y proporcionar un centro a los combatientes para que puedan establecer nuevas conexiones yihadistas. Es lo que sucedió con Abu Bakr al-Baghdadi, quien una vez fue encarcelado allí y acabó convertido en el califa de Estado Islámico”.

De la misma forma, queda por resolverse el futuro de miles más de combatientes de otros grupos insurgentes yihadistas que aún resisten en Idlib, al noroeste del país, junto a civiles provenientes de otras zonas rebeldes. La desmovilización de los armados y el castigo a estos, pero también a población simpatizante aunque no directamente implicada en la violencia, podría alimentar la cantera de radicales con deseos de venganza y convertirse en caldo de cultivo para nuevos alzamientos en el futuro.