Un total de 95 generales retirados y exoficiales condenados por violaciones de los derechos humanos en Chile reciben mensualmente pensiones que pueden llegar a los 4.800 dólares.

En respuesta a un requerimiento presentado por el periódico La Tercera, mediante la Ley de Transparencia, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional informó de que los militares condenados que actualmente cobran pensiones de las Fuerzas Armadas de Chile reciben, en promedio, una pensión de 1,6 millones de pesos (unos 2.364 dólares).

Quien lidera la nómina es el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de 3,2 millones de pesos (unos 4.800 dólares) mensuales.

General del Ejército en retiro, Torres Silva cumple una pena de 10 años por el asesinato en 1991 de Eugenio Berríos, exquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) que fabricaba el gas sarín utilizado durante la dictadura por la policía secreta de Augusto Pinochet.

Torres Silva cumple condena en Punta Peuco, una prisión especial para violadores de los derechos humanos situada a 35 kilómetros al norte de Santiago.

Otro de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine), quien recibe 2,9 millones de pesos (unos 4.284 dólares).

Covarrubias también fue condenado por el asesinato de Berríos a 10 años y un día como autor de secuestro del químico, y a 5 años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff, brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina recibe 2,4 millones de pesos (unos 3.500 dólares).

Krassnoff se encuentra también en Punta Peuco cumpliendo penas por diversos casos de violaciones de los derechos humanos que suman más de 400 años de presidio.

Además, el general y exsubdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes 2,1 millones de pesos (unos 3.100 dólares) desde 1991, y el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla cuenta con una pensión de 716.442 pesos (unos 1.100 dólares).

Otro de los pensionados es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato del líder sindical chileno Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de 1 millón de pesos (1.470 dólares).

"El hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan más pensión reciben", declaró este jueves el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto.

Retirar estas pensiones significaría "castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos", añadió.

En tanto, el abogado que representa a prisioneros en Punta Peuco, Raúl Meza, aseguró que dichas pensiones son "un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley".

"Como cualquier ciudadano, tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas, y especialmente las de sus familiares, frente a la incapacidad de generar ingresos", concluyó.