El pasado mes de julio, Michael Fariss se veía con los pies en la calle. Tras haber perdido su principal fuente de ingresos por la pandemia, las facturas y los pagos de alquiler comenzaban a acumularse y, a pesar de la suspensión de los desahucios, temía no poder recuperar su trabajo ni encarar los gastos cuando se levante la moratoria. Justo cuando los estragos comenzaban a hacer mella en él y en su compañero de piso, la ciudad de Los Ángeles anunció el lanzamiento de ERAS: un salvavidas para miles de personas que viven de alquiler. 

El programa, financiado con fondos federales procedentes del paquete de estímulo aprobado por la pandemia (CARES Act), otorga ayudas de 2.000 dólares para el alquiler a 50.000 inquilinos que han perdido el trabajo o cuyas jornadas laborales se han visto reducidas por la crisis. Fariss envió su solicitud y, poco después, recibió una notificación por correo electrónico: “Has sido seleccionado”.

“Literalmente me tocó la lotería porque el programa no tiene fondos para todos los solicitantes que cumplen los requisitos y ahora podía quitarme un mes de alquiler de encima”, explica el camarero y comediante en entrevista telemática con Público. “Recopilé todos los documentos que me pedían y los envié inmediatamente para que le pagaran los fondos a mi casero”.

La alegría, sin embargo, se evaporó en mes y medio. Aunque Fariss había informado a su casero de su participación en el programa y éste había respondido con entusiasmo, una vez que ERAS le exigió al arrendatario la documentación necesaria para efectuar el pago, éste se retractó y contraatacó.

“Trató de intimidarnos a mí y a mi compañero de piso con una acusación infundada de que habíamos estado fumando en el piso. He vivido aquí cuatro años y medio, jamás ha habido una queja y siempre he pagado a tiempo”, relata Fariss indignado. “Por quejarme y decirle que si él no aceptaba las ayudas económicas, no podía pagarle el mes de agosto, nos envió una carta de desahucio. Fue como golpearme en la cara y luego escupirme”.

A pesar de la frustración, Fariss trató de entender por qué su casero se había negado a aceptar el subsidio de la ciudad. Fue a través de un amigo que alquila pisos como el comediante pudo confirmar que el proceso y las condiciones de participación en ERAS impuestas por la ciudad no resultan atractivas para los propietarios.

Una farsa publicitaria del alcalde de Los Ángeles

“Me comentó que tardas una hora y media en recopilar y enviar los documentos requeridos por ERAS”, explica Fariss. “Este programa es una farsa publicitaria del alcalde. Él sabía que esto iba a suceder: Si a la gente le das la opción de no trabajar, opta por no hacerlo…como mi casero. Ningún propietario debería tener la opción de rechazar el dinero”.

En varias ocasiones, Público solicitó entrevistas y declaraciones al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y al casero de Feriss. Hasta la fecha, ninguno ha accedido a responder a nuestras preguntas.

En plena pandemia, la amarga experiencia de Fariss se ha replicado como una plaga por la ciudad y por el condado de Los Ángeles (este último con un programa similar que otorga 10.000 dólares en subsidios para el alquiler). Historias similares han brotado también en otras ciudades del país, como Tulsa (Oklahoma), donde los abogados corporativos han estado recomendando a los propietarios rechazar las ayudas gubernamentales. 

“Hemos estado recibiendo muchas quejas de gente que se gana la lotería a través de ERAS o el programa del condado, y que no puede acceder a los fondos porque el casero se niega a aceptarlos. Pero además, en Los Ángeles, 2.000 dólares no es mucho dinero”, explica en entrevista telemática con Público Larry Gross, director ejecutivo de la Coalición de Supervivencia Económica de Los Ángeles (CES), cuyo objetivo es luchar en pos de la justicia social y económica de la comunidad. “Muchos caseros son tan mezquinos que no les importa perder el dinero si pueden desahuciar a los inquilinos y con ello aumentar el precio del alquiler posteriormente”, agrega. 

El activista también relató que un asambleísta californiano ha estado llamando a los caseros por teléfono ––uno a uno–– para informarles de que las condiciones que impone ERAS sobre los arrendatarios son las mismas estipulaciones ya decretadas por las autoridades locales y estatales durante la pandemia: Que no se apliquen multas ni intereses por impago del alquiler desde que se declarara la pandemia, y que no se aumente el precio de la renta durante un año a partir de la fecha en que concluya la pandemia.

La influencia de los grupos inmobiliarios

Desafortunadamente, las llamadas no han sido suficientes. Y aunque algunos propietarios hayan rectificado y aceptado los fondos, sigue habiendo otros, como el gigantesco grupo inmobiliario Greystar, que han dado largas a al menos dos de sus inquilinos y rechazado participar en el programa sin informar a los afectados. A pesar de los intentos de Público por obtener declaraciones de Greystar, al cierre de este reportaje no se había logrado ninguna.

Gross advierte que la negativa de los grupos inmobiliarios y de los caseros a participar en programas de ayuda social en una California progresista destapa una realidad que sólo se ha recrudecido con la pandemia: “La enorme influencia que los arrendatarios tienen sobre las decisiones legislativas. Y la prueba es que somos incapaces de que se aprueben medidas en Sacramento y en el ayuntamiento que beneficien a los inquilinos”.

A pesar de la carrera de obstáculos que están enfrentando los activistas y afectados, la presión de éstos y la cascada de críticas de inquilinos como Fariss ha dado sus frutos. La concejalía de Los Ángeles aprobó recientemente cambios al programa ERAS para que los inquilinos puedan recibir los fondos directamente sin que se exija documentación ni la participación de los propietarios en el programa. De hecho, uno de los inquilinos que ya daba por perdido el subsidio al que tenía derecho, se enteró de las modificaciones a través de Público y pudo confirmar a través del portal digital de ERAS que en unas semanas recibirá los fondos por talón.

“¡Estoy eufórico. Estoy sin blanca y recibir el dinero, aunque en mi caso sean 1.000 dólares, me va a salvar de esta!”, exclama Daniel Schneider, que alquila una habitación en un piso situado en el norte de Hollywood. “Pero no me puedo creer que la ciudad tarde cinco o seis meses en enviar las ayudas. Es de locos”.

Schneider cuenta también que a muchos caseros ––como el suyo–– les espanta tener que aportar la declaración de la renta a las autoridades. “Lo que ocurre es que yo le pago a compañero de piso por debajo de la mesa y, como no declara ese dinero, no quiere participar en el programa”, explica en entrevista por Skype. “En mi caso, no tengo ni siquiera un contrato de alquiler firmado”.

Público se puso en contacto con el compañero de Schneider y éste se limitó a repetir por mensaje de texto que su negativa a participar en ERAS se debe a que ha decidido “mudarse de piso”, sin confirmar ni desmentir que recibe dinero en negro.

Para inquilinos como Farris, que abanderaron esta causa hasta que vieron que sus quejas generaban resultados positivos para los afectados, la “mala gestión de las ayudas federales” dirigidas a mitigar los agravios causados por la pandemia forman ya parte del legado del alcalde de Los Ángeles, un político cuyas medidas sociales recibían lluvias de críticas antes del surgimiento del coronavirus.

“La crisis de la vivienda en Los Ángeles existía antes de la pandemia. De hecho, era una catástrofe”, asegura el director ejecutivo de CES. “Tenemos el mayor índice de pobreza del país (26%), la tasa más elevada de inquilinos en un mismo hogar y somos la capital nacional de los indigentes. Y esto va a empeorar con los desahucios”, lamenta.

Las críticas contra la alcaldía de Los Ángeles llegan en un momento en el que la vigésima economía mundial sigue dando tumbos, sin saber dónde acomodar a los miles de indigentes que deambulan día y noche por las calles, levantan campamentos improvisados debajo de los puentes, alzan tiendas de campaña en mitad de aceras repletas de excrementos y basura, o se refugian del frío en los vagones del metro ––tan sucios como las calles––. Todo ello mientras California ya es el epicentro del coronavirus en EEUU y el condado angelino está a un paso de lograr la misma hazaña.

“Sólo podemos esperar a ver qué pasa el 5 de enero en Georgia con las elecciones al Senado. De lo que ocurra, dependerá que recibamos los fondos federales necesarios para mitigar esto, pero el número de indigentes no va a dejar de crecer”, concluye Gross.