Boluarte vuelve a criminalizar las protestas en Perú pese a las acusaciones internacionales por la represión policial

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido este martes en una conferencia de prensa ante los medios extranjeros que su país "está viviendo una situación violenta, generada por un grupo de radicales" que, agregó, tienen una agenda política y económica propia.

Un discurso que se produce apenas dos días después de que la Unión Europea haya condenado los "actos de violencia" y el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte de las autoridades peruanas durante la ola de protestas.

"Esta (agenda) económica (está) basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando", aseguró Boluarte antes de mencionar que, por eso, las protestas se han concentrado sobre todo en el sur del país.

Se refirió especialmente a Puno, una región colindante con Bolivia que, según dijo, está "tomada prácticamente toda" y reconoció que, en esta zona, hasta la fecha no han sido fructíferos los intentos de diálogo del Ejecutivo.

Sostuvo, además, que los manifestantes usan "herramientas artesanales que causan impacto y provocan la muerte", como las denominadas balas "dum-dum", las cuales descartó que sean usadas por la Policía. "De manera extraoficial sabemos que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado armas letales llamadas dum-dum", añadió.

Una "tregua nacional"

La presidenta pidió en su alocución con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP) una "tregua nacional" a los manifestantes para poder superar la crisis social y política que sacude al país y "entablar mesas de diálogo", además de reiterar su llamamiento a la "paz y a la unidad".

"Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos", declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

La mandataria hizo un nuevo llamamiento "al diálogo, a la paz y a la unidad" y exhortó al Ministerio Público a realizar con celeridad sus investigaciones sobre los responsables de la violencia y las muertes en las protestas que piden su renuncian y que, desde diciembre, ya han cobrado la vida de más de 60 personas.