Indocumentados EE.UULos atletas indocumentados que triunfan en la América de Trump

En los áridos páramos y senderos del desierto que se prolonga desde el norte de México hacia territorio estadounidense yace una estela de cadáveres, algunos aún con el último brillo en los ojos y otros en avanzado estado de descomposición. Si los huesos pudieran hablar, contarían las historias de miles de migrantes que perdieron su último aliento tratando de alcanzar Estados Unidos con vida para sumarse a otra estadística no menos espeluznante: los cerca de once millones de indocumentados que viven en el país anglosajón y que, día tras día, se levantan de la cama para contribuir a que esta siga siendo la primera potencia mundial. Entre aquellos que logran ganarle el pulso a la adversidad y que viven para contarlo hay atletas, ‘soñadores’ y trabajadores altamente cualificados.

En 1992, Maritza Hernández pagó quinientos dólares a un coyote que la condujo por una travesía desde Guatemala hasta el lado estadounidense de la frontera con México. En California, conoció al que hoy es su marido, el guatemalteco Moisés González. Él trabaja doce horas al día como conductor de grúas para una empresa de seguros; Ella cuida a niños y a una anciana con alzhéimer. Ambos son inmigrantes indocumentados, carecen de estudios y sus dos hijas nacieron en Los Ángeles: Melissa, una prometedora gimnasta artística de 13 años, y Maritza, de 23.

“No me siento feliz sabiendo que a mis padres los pueden arrestar y deportar, y trato de no pensarlo porque me entristece mucho”, asegura la joven deportista a Público.

A pesar de que California es uno de los estados que más oposición ha mostrado hacia las políticas migratorias de Donald Trump, la incertidumbre y el temor entre los sin papeles se ha agudizado con la llegada de este a la Casa Blanca. Hernández y su marido evitan salir de casa en días festivos, se han refugiado en Dios, no pisan los aeropuertos y apenas viajan con la pequeña a los torneos.

Ante el temor a los frecuentes controles fronterizos, fue la hija mayor del matrimonio la que acompañó a la gimnasta a un campeonato en San Diego. Hace unos días, los padres de la atleta se animaron a conducir varias horas hasta Las Vegas (Nevada) para ver a su hija alzarse con el noveno puesto en barra de equilibro en el Campeonato Regional. Y el año pasado, la madre de Melissa se arriesgó a viajar por carretera a Arizona, un estado conocido por su asedio a la comunidad indocumentada a manos de figuras tan polémicas como el exalguacil Joe Arpaio, que criminalizó la migración indocumentada y recibió un indulto de Donald Trump para evitar cumplir una posible condena en prisión.

“Me fui con un vecino, que es estadounidense, y que manejó hasta allá para que Melissa pudiera competir”, relata Hernández. “Mi esposo se quedó en casa porque si nos deportan, que solo sea a uno de los dos”.

Melissa rompe a llorar cuando sus padres le explican que en cualquier momento podrían arrestarles, separarles y enviarles a su Guatemala natal

En los últimos dos años, Melissa rompe a llorar cuando sus padres le explican que en cualquier momento podrían arrestarles, separarles de ella y enviarles a su Guatemala natal. La pequeña tiene claro que se iría con ellos. Pero si ese momento llegara a producirse, Hernández y su marido tienen todo preparado. La hija mayor se quedaría con la tutela legal de Melissa, ambas tendrían acceso a un fondo de ahorros y contarían también con el apoyo de su comunidad, como los padres de otras gimnastas y la directora del centro deportivo donde entrena la adolescente.

“Es cierto que Obama deportó a muchos inmigrantes en silencio, pero lo hizo con la ley. El daño que Trump está causando es psicológico. Los adultos somos responsables de venir aquí indocumentados, pero Trump no tiene misericordia con los niños”, sentencia Hernández, que ahora solo quiere que su hija menor tenga la educación que ella nunca recibió y la libertad que Estados Unidos le niega.

“Si sigue así con la gimnasia, su entrenadora dice que le pueden dar una beca completa para ir a la universidad. Antes (Melissa) soñaba con ser deportista olímpica, ahora médico”, matiza la madre.

Al haber nacido en Estados Unidos, la gimnasta y violinista obtuvo automáticamente la ciudadanía del país anglosajón y, por tanto, adquirió una serie de derechos frente a los ‘soñadores’ –jóvenes indocumentados que cruzaron la frontera de la mano de sus padres cuando eran pequeños–. Estos últimos se enfrentan a un camino más arduo para acceder a becas deportivas, académicas y al mercado laboral. También son presa del juego político que se debate en el Capitolio entre republicanos y demócratas.

Este es el caso del mexicano Miguel Aguilar. A los once años, huyó con su familia de la violencia de Ciudad Juárez para instalarse en Sacramento (California). Tras caducar su visado, la familia permaneció en situación irregular en el país, lo que no impidió que el pequeño se convirtiera en una promesa del fútbol.

Años después, su buen expediente académico y rendimiento sobre el terreno de juego le sirvieron para obtener una beca deportiva y cursar estudios en la Universidad de San Francisco en California (USFCA), que milita en la primera división de la liga universitaria (NCAA I).

Pero su futuro era incierto hasta que en 2012, el gobierno anglosajón aprobó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Bajo esta iniciativa federal, los niños que llegaron al país en situación irregular (cruzando la frontera sin registro de entrada, o que permanecieron tras el vencimiento de su visado) y que cumplieron 31 años antes del 15 de junio de 2012, pueden solicitar un permiso para estudiar y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

Fue así como este ‘soñador’ y centrocampista debutó en la liga de fútbol profesional estadounidense (MLS en inglés) con el D.C. United en 2015, antes de ser trasladado al L.A. Galaxy en 2016.

“Son muchos los jóvenes que se gradúan de la secundaria y no tienen esperanza porque no pueden obtener DACA”, comenta Letty Herrera, una oaxaqueña que se ha convertido en el rostro más visible de los ‘soñadores’ en California. En 2018, la joven acudió al debate sobre el estado de la nación con una invitación del congresista Pete Aguilar e insiste en que “los indocumentados pagan impuestos” y sus contribuciones deben ser reconocidas.

“Nosotros vinimos aquí de la mano de nuestros papás. Ellos fueron los dreamers (soñadores) iniciales, y no podemos olvidarnos de la ayuda que necesitan”, prosigue esta universitaria a punto de obtener una Licenciatura en Ciencias Sociales y cuya hermana murió “angustiada” en 2017 sin saber si podría solicitar la renovación de DACA.

Desde California, epicentro de una reforma migratoria a nivel federal, varias organizaciones proinmigrantes llevan años en pie de guerra, velando y alzando la voz por la comunidad indocumentada.

El flujo migratorio hacia EE.UU también se origina en otros países como España, donde algunos jóvenes han apostado por el gigante anglosajón como alternativa laboral

“La política migratoria de la administración de Trump es xenófoba, racista y antimigrante, en especial en contra de los mexicanos, centroamericanos y musulmanes”, apuntilla Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines lucrativos cuya sede se encuentra en Los Ángeles, una de las economías más dinámicas del mundo. “Los emigrantes en situación irregular migratoria juegan un rol crucial en la economía de esta nación”.

Aunque relegado a un segundo plano, el flujo migratorio hacia Estados Unidos también se origina en otros países como España, donde algunos jóvenes han apostado por el gigante anglosajón como alternativa laboral.

En septiembre de 2017, Esperanza Franco abrió el expediente de un ciudadano haitiano encarcelado en un centro de detención de inmigrantes de Florence (Arizona) sobre el que pesaba una orden de deportación. Era el primer caso que caía en manos de esta abogada canaria tras ser contratada por Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), una ONG que ofrece asistencia legal gratuita a inmigrantes indocumentados en centros de detención del estado fronterizo.

Licenciada en Derecho por la Universidad ICADA de Madrid y con un inglés perfecto, Franco había cursado estudios universitarios en Estados Unidos y contaba con un permiso para realizar prácticas laborales durante un año (OPT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, necesitaba un patrocinio para prolongar su estancia en el país más allá de julio de 2018. Cuenta la letrada que la ONG le había prometido gestionarle un visado H1-B aleatorio (una lotería de visas de trabajo) y, en caso de no prosperar, solicitaría un H1-B no sujeto a una rifa. Con la tranquilidad que otorga dicha promesa, Franco se volcó en el caso del indocumentado haitiano.

“Presenté la apelación de custodia y se ganó, pero lo complicado iba a ser frenar la orden de deportación”, explica Franco. “A lo largo del siguiente año, ayudé a unos cincuenta indocumentados en distintos procesos”.

Durante este periodo, y en lo que ella califica como su mayor éxito, la española logró la liberación y el traslado de un indocumentado somalí del centro de detención de Eloy (Arizona) al estado de Ohio, donde este pudo reunirse con su familia y mejorar la probabilidad de que su petición de asilo prosperara.

Pero Franco desconocía que el destino le deparaba un giro inesperado. Sobre la primavera de 2018, la petición de H1-B aleatoria resultó infructuosa y la abogada descubrió que la ONG no había solicitado la H1-B sin rifa. A partir del 11 de julio, fecha en la que vencía su permiso de un año, la canaria tenía sesenta días para abandonar el país o se sumaría a larga lista de indocumentados que viven de costa a costa.

“Mi último día (de trabajo) fue muy duro porque tuve que enviarle una carta al detenido (haitiano) para informarle de que no podía seguir ayudándole a apelar la decisión de asilo denegada por el juez”, lamenta la canaria.

Sin trabajo y presionada por la situación, Franco se matriculó en un colegio comunitario in extremis, obteniendo así un nuevo visado de estudiante y extendiendo su estatus legal. Pero a las puertas de la navidad de 2018, sin dinero para financiar sus estudios y su estancia en el país, la letrada dejó a sus gatos con su ya expareja, se subió a un avión y regresó a casa de sus padres en España.

“Dejar allí a mis mascotas es lo que más dolor me causó”, recuerda. “Pero lo peor es que me sacan a mí del país y el daño colateral lo sufre también este inmigrante (haitiano). Fue duro tener que irme y dejarle desamparado. Todavía me acuerdo de él”. En declaraciones a Público, Lauren Dasse, directora ejecutiva de FIRRP, negó tajantemente la versión y acusaciones vertidas por Franco.

“Hace más de un año, FIRRP invirtió de manera voluntaria muchas horas y miles de dólares en trámites legales para ayudar a la señorita Franco a solicitar un H1-B. Cuando su solicitud no fue aprobada, ella culpó a FIRRP, a pesar de que la organización no puede prometerle un visado. Solo el gobierno estadounidense adjudica las visas“, explica Dasse.

La canaria también denunció por primera vez ante este medio “la explotación del proyecto Florence hacia los abogados y asistentes que ayudaban a los adultos en centros de detención”, una situación por la que “muchos abogados se han ido”.

La ONG también desmintió estas acusaciones y agregó que responder a ellas consume el tiempo y la energía que su equipo debería dedicar a los detenidos en proceso de deportación.

Meses después de su desencuentro con esta ONG y de abandonar Estados Unidos con su visado de estudiante aún vigente, Franco sigue rellenando formularios en las oficinas de un despacho de abogados. En su mirada ahora confluyen el pesar y la amargura de haber recibido un trato “injusto” a manos de un país y de una ONG dedicada a fines migratorios que, según la canaria, no habrían sabido valorar sus aportaciones.

“Esa es la ironía. Pero mejor España que indocumentada con Trump”, sentencia desde Madrid.