ColombiaAsesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia: la impunidad crece

Durante los primeros seis meses de este año se produjeron 52 asesinatos de líderes comunitarios, dirigentes de asociaciones campesinas e indígenas en Colombia. El último sucedió hace pocos días en el municipio de El Carmen, en la región de Norte de Santander y la víctima fue Ezequiel Rangel, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo. Unos días antes fue asesinado en Piamonte (Cauca) el líder comunal de Marcha Patriótica, Fernando Asprilla.

Según datos difundidos por la Defensoría del Pueblo y el programa gubernamental Somos Defensores, desde enero de 2016 han sido asesinados 190 líderes sociales en Colombia. Las mismas fuentes denuncian que entre enero y junio de este año, 335 defensores de Derechos Humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y se produjeron 225 amenazas.

Algunas de estas amenazas, realizadas casi siempre por "bandas criminales" (como se llama ahora en Colombia a los nuevos paramilitares) para imponer su ley sobre los territorios abandonados por la desmovilizada guerrilla de las FARC, incluyen "toques de queda" y la prohibición de sustituir los cultivos de coca y adoptan formas despiadadas. Como la que el sociólogo Alfredo Molano conoció hace pocos días en Bocas de Satinga cuando, en la calle principal, apareció el cadáver de una niña de cuatro años violada y destripada. En el pueblo corrió la voz de que los paras darán el mismo destino a todo el que incumpla sus órdenes.

La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los 242 municipios en los que tenía presencia

La violencia contra líderes sociales se ha incrementado en Colombia desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC en los 242 municipios en los que tenía presencia. Aunque el Ministerio de Defensa y la Fiscalía general señalan que no hay "sistematicidad" en los crímenes contra líderes sociales (el Gobierno pretende eludir así la responsabilidad del Estado ante instancias internacionales), la propia Defensoría del Pueblo y prestigiosas organizaciones como Dejusticia sostienen lo contrario. Los "blancos" de estas acciones criminales están claros: Juntas de Acción Comunal, organizaciones de Víctimas que reclaman la restitución de sus tierras, pueblos indígenas y movimientos contrarios a la minería, la izquierda política, Marcha Patriótica y Congreso de los pueblos.

Según el investigador de esta organización de juristas, Mauricio García Villegas, "el 60% del territorio colombiano, donde viven seis millones de personas, no tiene Estado consolidado". Coincide con este análisis el propio Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret: "Los paramilitares copan los espacios del territorio de los que se han ido retirando las FARC, para controlar las economías ilegales. Allí se encuentran expuestos a graves riesgos los líderes sociales, debido en gran medida al estigma que sufren por su defensa de la paz, el territorio y el medio ambiente, entre otras causas".

Precisamente en el campo del medio ambiente, Colombia es, según la ONG inglesa Global Witners, el segundo país más peligroso para los ecologistas, después de Brasil. El pasado año, según esta fuente, fueron asesinados 37 líderes ecologistas colombianos.

"El 60% del territorio colombiano, donde viven seis millones de personas, no tiene Estado consolidado"

La situación de vulnerabilidad de los defensores de Derechos Humanos es tan grave que, al tiempo que el ministro del Interior reconoce que aumentaron los índices de violencia en las zonas abandonadas por las FARC, y admite que "falta acción [del Estado] y que hay que hacer presencia efectiva", el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar la creación de un cuerpo de élite de la Policía Nacional formado por 1.000 hombres destinado a proteger a los líderes sociales, con sistemas especiales de "alertas tempranas" coordinados con el Ejército y la defensoría del Pueblo en las zonas más críticas del país.

El diario El Espectador editorializaba en fecha reciente sobre el exterminio de defensores de Derechos en Colombia: "La actitud de las autoridades, a veces partícipes de las agresiones e incapaces de combatir la impunidad, es lamentable".

Según un estudio que acaba de dar a conocer el programa Somos Defensores (Crímenes contra Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, la impunidad contraataca), de los asesinatos de líderes sociales documentados entre 2009 y 2016, en el 87% de los casos la justicia no ha hecho nada, ni siquiera identificar a los homicidas.