Argentina ha vivido su segunda huelga general en cuatro meses. La medida de fuerza comenzó en la medianoche del jueves, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA), y el conjunto de gremios que las
integran.

La fotografía en Buenos Aires al iniciar el día fue de tranquilidad en las calles y en particular en los centros neurálgicos de la capital, como Constitución, la avenida 9 de Julio o el barrio Once. La calma se sintió en particular por el paro en el sector de transportes: sin metros, trenes, contados autobuses con escasos pasajeros, y algunos taxis en general vacíos.

El poco tránsito, cierre de bancos o la paralización de vuelos, contrastó con la apertura de muchos comercios, atendidos por sus dueños o empleados, en ocasiones movilizados a cuenta del empleador. "No entró nadie, es un día que estamos perdiendo", afirmó Julio, al
frente de un negocio de ropa de hombres frente a la poblada y ahora vacía estación de trenes de Once.

El impacto de la medida de fuerza fue objeto de disputa: contundente según la CGT que publicó  imágenes de las calles vacías de Buenos Aires, mientras que el gobierno la minimizó. "Es un paro absolutamente inentendible si es que uno busca buscarle una explicación por fuera de un paro político", afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia diaria. 

Las razones de la huelga

"El paro general está convocado en base a los reclamos que vienen haciéndose desde principio de año", señaló Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro -el metro de Buenos Aires- en diálogo con Público. 

El sindicalista hizo referencia a dos puntos centrales para explicar la segunda huelga general contra el Gobierno de Milei. Por un lado, afirmó, "la oposición al DNU, que ya tiene media sanción de rechazo en el Senado y que modificó leyes sin ninguna emergencia, algo inconstitucional".

Por otro lado, Pianelli señaló el rechazo a la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocida como Ley Ómnibus o Ley de Bases-, que fue aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado: "ninguno de los artículos favorecen a los trabajadores", recalcó.

"Es una ley que casi incita a delinquir, como en los artículos de reforma de las condiciones laborales que ponen, por ejemplo, que contratando trabajo en negro, es decir ilegal, ni siquiera vas a tener multa, incitando así a no registrar. De la misma manera afecta en relación a los períodos de prueba que hace que los trabajos menos calificados, es decir, las industrias más grandes puedan hacer rotar al personal", declaró al respecto. 

La calle y el palacio

"El paro general es un mensaje para los senadores de otros bloques, entre comillas dialoguistas, que todavía no se decidieron. Les exigimos que no voten la Ley Bases", afirmó en rueda de prensa el día anterior el dirigente del gremio de camioneros, Pablo Moyano, quien junto a dirigentes de la CGT se reunió con senadores del bloque peronista y de quienes aún no definieron públicamente su voto. 

Con esas palabras Moyano dio cuenta de uno de los mensajes principales de un paro que busca torcer la votación en el Senado para que no sea aprobada la Ley de Bases ni la reforma fiscal impulsada por Milei. "Las medidas de fuerzas generan un impacto aunque el gobierno quiera hacerse el tonto, o quiera decir que no modifican absolutamente nada", señaló Pianelli ante la actitud del gobierno que busca minimizar cualquier protesta en su contra.

"De hecho, hubo el intento de aplicar una Ley Ómnibus mucho más grande que la que hoy se está discutiendo en el Congreso, y a partir de las medidas de protestas generaron que no pudieran acordar en el Congreso, generaron presión en los legisladores y no pudieron
aprobar la primera versión, tuvieron que ir a ésta que está ahora en el Senado, que es muy mala, pero han reducido la cantidad de artículos que tenía la anterior", afirmó el sindicalista. 

Huelga y recesión

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer esta semana que la industria manufacturera cayó 21,2% interanual, y 6,2% entre febrero y marzo, y que la construcción lo hizo en 30,3% respecto al igual período de 2023. Los datos confirmaron el cuadro de baja de la producción en varios rubros, articulada a la caída del consumo, explicada a su vez por la perdida del poder adquisitivo en vista del alza sostenida de precio.

"Están muy muy mal las ventas, cayó muchísimo. Para mí sigue mal esto, pero hay que seguir, hay que pelear", señaló Julio, desde el comercio de ropa de hombres en el barrio de Once inusualmente silencioso. 

El diagnóstico de la mala situación ha sido compartido por otros comerciantes, como Eduardo, vendedor de telas: "hubo una bajante pronunciada de las ventas en estos meses" afirmó desde la avenida Pueyrredón, semivacía por la huelga. Sin embargo, Eduardo se mostró más optimista respecto al futuro, en línea con la promesa de recuperación en "v" que repite el gobierno: "la expectativa los argentinos siempre la tenemos alta", afirmó. 

La huelga general podría no ser la última en vista de la intransigencia del gobierno. "Si ante el reclamo masivo de la sociedad el gobierno hace oídos sordos, van a haber dos, tres, cuatro, cinco, va a haber la cantidad que sea necesaria hasta que sean escuchados los
reclamos", señaló al respecto el secretario general de trabajadores del metro.

La conflictividad social ya alta podría ir en aumento, en un contexto de recuperación que no se percibe y de malos pronósticos económicos, como el realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que pronosticó un retroceso de 3,1% de la economía argentina para este año. Una caída a contracorriente del continente que tendrá
una expansión del 2,1%.