"Primero un techo a los alquileres y, después, socializar las viviendas".

Ingrid Hoffmann quiere más. Como una de las personas involucradas en la campaña Deutsche und Co enteignen (Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía, en español), Hoffmann dice sentirse contenta por la aprobación de la conocida como Mietendeckel o ley de techo del alquiler de Berlín, pero cree que no es suficiente: "Es una medida positiva porque nos da cinco años de respiro, pero, ¿qué ocurrirá cuando pasen esos cinco años?".

A pesar de los convulsos tiempos que vive la política alemana, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas para los vecinos de la capital. Cerca del 85% de la población berlinesa vive de alquiler. Y los precios no dejan de subir. Hoy se paga de media un 42% más de alquiler que lo que se pagaba en 2012. La capital del Muro fue en 2018 la ciudad del mundo donde más creció el precio de la vivienda: un 20,5% respecto al año anterior. ¿Se pondrá fin a esa tendencia a partir de ahora?

¿En qué consiste la 'Mietendeckel'?

Aprobada con una amplia mayoría (85 votos a favor y 64 en contra), la coalición de socialdemócratas, izquierdistas y verdes que gobierna la ciudad-Estado espera que la ley ponga fin al problema.

La legislación fija un máximo de precio por metro cuadrado en función del año de construcción de la vivienda y del equipamiento de la misma. El límite más alto, para pisos construidos entre 2003 y 2013 y que cuenten con baño y calefacción central, será de 9,80 euros por metro cuadrado. Los que hayan sido construidos a partir del 2014 no están cubiertos por la ley. En total, se estima que hasta 1,5 millones de viviendas cumplen las condiciones para ampararse en la Mietendeckel. Las primeras reducciones de alquileres se podrán realizar nueve meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Asimismo, se congelan las subidas de los precios durante cinco años. Y, además, se tomará como definitivo el precio que tenía la vivienda el pasado 18 de junio de 2019. Existen algunas excepciones menores a esta congelación. A partir del 2022 se podrán realizar ajustes anuales de hasta el 1,3%. Además, si se llevan a cabo determinadas reformas en la vivienda, se podrá realizar una subida máxima de un euro por metro cuadrado.

Las asociaciones de inquilinos celebran la aprobación de la ley, aunque también temen que al final deba ser el propio particular el que tenga que tomar la iniciativa para hacer que se cumpla la legislación. "Me parece una lástima que no haya más apoyo del Senado para los inquilinos", comentaba al berlinés Tagesspiegel Wibke Werner, directora adjunta de la Berliner Mieterverein.

La recomendación principal que realizan las asociaciones de inquilinos es que se acuda al centro de información del distrito (Bezirk) correspondiente. El Gobierno local ya prepara un aumento de los recursos de estas oficinas para poder atender las demandas. Una vez recogida la información aplicada a un caso concreto, el siguiente paso sería acudir al propietario si es que, efectivamente, el alquiler supera el límite legal o se exige un aumento indebido. La Administración confía en que el propietario acceda a la rebaja debido a la fuerte sanción que afronta si se niega: 500.000 euros a pagar inmediatamente. El gran problema es que la ley aún no tiene blindada su seguridad jurídica.

La oposición, formada por conservadores, liberales y extrema derecha, apoya firmemente las tesis defendidas por las asociaciones de propietarios, que han puesto el grito en el cielo por la aprobación de la ley.

"¿Por qué debería un propietario afrontar una reforma cara cuando prácticamente no va a haber perspectivas de retorno de su inversión?", se preguntaba Kai Wegner, portavoz para políticas de construcción de la conservadora CDU, en el periódico económico Handelsblatt.

Ya hay anunciadas demandas y, previsiblemente, el caso acabará en el Tribunal Constitucional. La corte de Karlsruhe, pues, será la encargada de decidir si finalmente esta ley se mantiene en vigor o si se deroga. Pero su fallo no se espera para este año. Si finalmente fallara en contra, las personas que hayan visto reducido su alquiler se convertirían de la noche a la mañana en morosos.

"Socializar 250.000 viviendas"

La ley, a pesar de estos interrogantes que mantiene abiertos, genera gran entusiasmo entre los sectores en contra del aumento desbocado de los alquileres. Berlín es la primera ciudad alemana que interviene el precio de la vivienda. Y ya hay voces que piden que se extienda a otras partes del país. En Baden-Württemberg, Die Linke (La Izquierda) exige celebrar un referéndum para aplicar una Mietendeckel como la de Berlín.

Mientras tanto, en la capital alemana, desde la organización Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía siguen movilizándose para convocar un referéndum que va un poco más allá: plantea la expropiación a compañías que posean más de 3.000 pisos en la capital alemana como Deutsche Wohnen.

"Ahora estamos dando el paso de no hablar de expropiación, sino de lo que dice el articulo 15 de nuestra Ley Fundamental: socialización (Gemeinwirtschaft)", explica Ingrid Hoffmann. "Cuando se debatía sobre si utilizar la palabra expropiación, que suena muy dura, los que se decantaban por emplearla decían que eso lograría llamar la atención de los medios, y así fue".

La atención de los medios y también de la población, que se sumó en masa a la iniciativa. La primera fase del proceso para convocar un referéndum vinculante, la recogida de 20.000 firmas, la completaron en el tercio del tiempo disponible. En solo dos meses sumaron cerca de 60.000 firmas válidas.

Pero, desde entonces, el proceso se encuentra en punto muerto. En estos momentos, el responsable de Interior de la Administración de Berlín, el socialdemócrata Andreas Geisel, debe verificar que la consulta que se propone llevar a referéndum es legal. Este es el único paso de todo el proceso para convocar un referéndum que no tiene un plazo de tiempo límite.

"Hay una clara estrategia para dejar pasar el tiempo, no sabemos muy bien por qué, pero está claro que es así. Existen ya peritajes que aseguran que lo que demandamos es legal", añade Hoffmann.

Geisel tiene que dar luz verde antes de que se pueda poner en marcha la segunda fase de la recogida de firmas, que en esta ocasión debería superar el 7% del censo total de los votantes de Berlín, una cifra que en estos momentos se encuentra por encima de las 170.000 personas.

Pero desde Expropiar a Deutsche Wohnen y compañía insisten en que no habrá tregua. "Estamos preparando una campaña para ejercer gran presión contra el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán). Vamos a realizar movilizaciones y también planeamos una demanda por incumplimiento de obligaciones contra Geisel", aseguran.

Antes siquiera de poder vislumbrar el final del largo proceso hasta la convocatoria de una consulta popular vinculante, todavía está por ver si la ley ya aprobada se mantendrá finalmente en vigor. Pero lo que está claro es que los inquilinos berlineses han tomado la iniciativa en la pelea por frenar lo que denominan Mietenwahnsinn o la locura de los alquileres.