El líder indígena Edwin Mauricio Capaz se pone todos los días un chaleco antibalas antes de subirse a un auto blindado provisto por el Gobierno para viajar por una conflictiva región montañosa de Colombia que él llama su tierra ancestral.

A sus 34 años, le preocupa que pueda unirse a la lista de cientos de activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó un acuerdo de paz en 2016, muchos de ellos por luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal o por la restitución de tierras.

Capaz, dirigente indígena del departamento del Cauca, ha recibido varias amenazas de muerte en panfletos de diferentes grupos armados ilegales desde 2014. “Quienes trabajamos en estos temas de derechos humanos, defensa de aspiraciones colectivas, y más en una zona como el norte del Cauca, si no nos han amenazado tenemos toda la certeza de que algún día vamos a ser amenazados o incluso algún día nuestra vida puede correr riesgo”, aseguraba Capaz.

La mayoría de los cientos de activistas asesinados en los últimos años han sido atacados en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Chocó, Córdoba y Norte de Santander, regiones montañosas y selváticas con extensos cultivos de hoja de coca clave para el narcotráfico y la minería ilegal.

En esas zonas, como en otras de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y bandas criminales como el Clan del Golfo y Los Pelusos libran una guerra por el control territorial y las economías ilegales de las que obtienen millonarios ingresos, según fuentes de seguridad.

Los activistas, en el punto de mira

Grupos de derechos humanos aseguran que los activistas promueven la erradicación de los cultivos de hoja de coca, defienden el medio ambiente y se oponen a la presencia de grupos armados en sus territorios, por lo que quedan en la mira.

Las amenazas y asesinatos de activistas se han convertido en un problema para el presidente Iván Duque ante la comunidad internacional, pese a que el mandatario asegura que se han reducido desde que asumió el poder hace más de un año.

Existe controversia sobre las cifras. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y junio de 2019, al menos 486 líderes sociales y defensores fueron asesinados en Colombia. Pero la Fiscalía General sostiene que las muertes son 292, mientras que grupos como el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ) documentan 734 homicidios en el mismo periodo.

Manifestantes con una fotografía impresa de Temistocles Machado, uno de los líderes sociales asesinados. / Reuters

A esas estadísticas se le suman los 138 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó en noviembre de 2016 un acuerdo de paz para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

“Es un panorama preocupante. Cuando se amenaza o se asesina a un líder, lideresa o defensora de derechos humanos, se ataca la democracia”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. “Sin líderes sociales no hay democracia, de modo que es supremamente grave y no quisiéramos repetir este asesinato continuo de líderes sociales”.

El fantasma del exterminio de Unión Patriótica

La escalada de ataques contra activistas y excombatientes ha revivido temores de una campaña de exterminio como la que sufrió la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda que surgió en 1985 tras un acuerdo de paz con las FARC.

Más de 3.000 militantes de la UP, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados en ataques selectivos atribuidos a grupos paramilitares de ultraderecha apoyados por algunos efectivos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Gobierno niega que detrás de los ataques actuales a los activistas haya un plan sistemático de eliminación.

Duque acusa de las amenazas y ataques a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC, además de bandas criminales conformadas por exparamilitares de derecha.

Para Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado no ocupó los territorios que dejaron las FARC en selvas y montañas tras el acuerdo de paz, lo que permitió la proliferación de grupos criminales que atacan a los activistas.

“Lo que quieren esos grupos que asesinan, que amenazan es acallar voces libres”, dijo Brunori. “Los defensores de derechos humanos son el bastión de la democracia, entonces acallar las voces quiere decir poner un fin, un límite a la libertad de expresión, entre otras libertades”.

Aunque los combates, los ataques y los secuestros se redujeron con la firma de acuerdo de paz, la incapacidad del Estado para detener los asesinatos de activistas podría tener repercusiones internacionales. Por ejemplo, legisladores estadounidenses se opusieron en el pasado a un acuerdo comercial con Colombia en protesta por la muerte de líderes sindicales.

Si la indignación por el asesinato de líderes sociales aumenta, podría crear obstáculos en las relaciones de Colombia con Estados Unidos y Europa, que ayudan a financiar la reincorporación a la sociedad de muchos de los 13.000 exmiembros de las FARC que dejaron las armas, además de programas de sustitución de cultivos de la materia prima de la cocaína.

En junio Duque enfrentó en Londres una protesta por la violencia contra los activistas sociales en la que los manifestantes le gritaron repetidamente “asesino, asesino”.

La actuación del Gobierno

El mandatario se defiende argumentando que en su primer año de gobierno se redujeron en 35% los asesinatos de líderes sociales y recientemente se comprometió a luchar por detener la ola de violencia y las amenazas. “Queremos acabar con esta tragedia de raíz y, además, enfrentar a todos los criminales que están detrás de ello. ¡Ni uno más, ni uno más!”, dijo Duque el mes pasado en el Congreso.

Aunque no todos necesitan protección, Colombia cuenta con unos 7 millones de activistas. La cifra incluye a dirigentes de los barrios de los más de 1.100 municipios y ciudades del país. Pero se estima que muchos más de los 4.500 que el Gobierno protege requieren de algún esquema de seguridad.

La situación podría complicarse debido a que muchos de los casi 118.000 candidatos a las elecciones de octubre en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados son activistas sociales, según la Procuraduría General, que pidió a las autoridades garantías de protección a los líderes y defensores de derechos humanos inscritos como aspirantes.

Edwin Mauricio Capaz, líder indígena colombiano. / Reuters

Capaz, padre de un niño de nueve años, circula a diario por carreteras sin pavimentar a través de las verdes montañas del departamento del Cauca acompañado por un conductor y un escolta. Siempre lleva un radio de dos vías para informar a otros líderes indígenas y a las autoridades de un eventual ataque.

“La sensación de inseguridad es permanente, lo que hacen estos esquemas es aislarte de unas zonas de riesgo, de momentos de posibles de riesgo, pero lo que no hace es quitar el riesgo en su totalidad”, concluyó sentado en una silla en el patio de la sede de una asociación indígena, mientras varios pollos cacareaban a su alrededor.