Un abuso sexual por varios policías y el posterior suicidio de la joven Alison enciende aún más la protesta en Colombia

Las mujeres han sido desde hace décadas un arma de guerra en Colombia, se cuentan por miles las mujeres que han sufrido abusos sexuales y violaciones por los actores armados (incluidos miembros de la Fuerza Pública y paramilitares afines al Estado) de un conflicto que se prolonga desde hace más de 50 años.

En 2016, año en el que se firmó la paz con las FARC, el Registro Único de Víctimas del Gobierno de entonces registró 22.915 casos de violencia sexual en el marco del conflicto, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica, ese mismo año, hablaba de 15.076 y agregaba un dato muy revelador: el 45,7% ocurrió entre 2000 y 2005, durante la arremetida paramilitar.

El pasado miércoles 12 de mayo fue un día álgido, con manifestaciones de masas en todo el país. El Comité Nacional del Paro había llamado a la huelga, pero los ciudadanos de Popayán, capital del departamento del Cauca, en el convulso suroeste de Colombia, salieron a la calle, como en otras zonas de Colombia.

Esa noche, la adolescente Alison Liseth S. iba camino a casa de un amigo y se encontró con una protesta. Grabar con su teléfono móvil el choque entre los manifestantes y la policía fue su castigo, pues fue capturada por cuatro policías del escuadrón antidisturbios ESMAD. En Colombia está expresamente permitido grabar un procedimiento policial.

Los policías quisieron arrebatarle el teléfono y Alison trató de impedirlo. Un uniformado le dio un golpe en el estómago y la adolescente pareció perder aliento. A continuación, los cuatro cargaron su frágil cuerpo, cada uno agarrando una extremidad, y se la llevaron a rastras.

Ella forcejeaba. Un defensor de derechos humanos grababa la escena. Desesperado ante la detención arbitraria y el abuso de autoridad flagrante, el defensor le preguntó su nombre, pero si Alison respondió, no se le oyó. De un agente quedó grabado el número de su chaleco: 05523.

"Suéltame que me estás desnudando, imbécil! ¡Suéltame", exclama Alison. En el vídeo se ve la lucha de la niña contra los cuatro jayanes antimotines con uniforme de robocop mientras éstos avanzan con dirección a la URI. En un momento, ella logra quedarse sentada en el suelo, se acomoda la ropa y se niega a cooperar: "¡Si yo no estoy haciendo nada!", protesta, "¡Yo iba pasando!".

La vuelven a levantar de sus cuatro extremidades, el pantalón amarillo y la camiseta blanca han vuelto, más a o menos, a su sitio una segunda vez, y resulta eterno el camino en cámara subjetiva hasta un centro de servicios de la fiscalía general (URI, Unidad de Reacción Inmediata). Ella lucha sin pausa.

La cámara y quien la lleva no la abandonan, pero guardan distancia cuando los robocop la hacen entrar a la URI. La llevaban a rastras, ella se resistía. Otros policías militarizados entran detrás. Eran las 9:12 de la noche del 12 de mayo. ¿Qué estaría pensando del mundo esta niña?

Menos de dos horas después, a Alison S. la dejaron libre como quien hace un favor –sin explicaciones–, nueve minutos antes de las 11 de la noche.

Estaba "en óptimas condiciones", declaró después el jefe policial de Popayán, general Ricardo Alarcón Campos. La entregaron a su abuela materna, quien la llevó a casa. La chica no quiso cenar.

En algún momento esa noche o quizás al día siguiente después de desayunar, el jueves 13, se miró al espejo y descubrió moretones en el cuerpo: "Frente a esto la abuela le pregunta a su nieta si la habían golpeado, la joven le dice que sí, que le dolía el estómago y que la habían manoseado", se lee en un recuento de los hechos de una agrupación de organizaciones de derechos humanos y de los indígenas y campesinos del Cauca.

Hacia las 10:30 de la mañana del jueves, Alison metió la cabeza en una bolsa plástica y se suicidó, aspirando el gas propano que alimenta la estufa de su hogar.

Antes de conocerse su deceso la indignación ya estaba hirviendo en las redes sociales porque ella escribió en su cuenta de Facebook, a nombre de Alison Ugus: "No iba con ellos"… "me bajaron el pantalón", "me manosearon hasta el alma".

El padre

La madre de Alison no aparece públicamente, no se sabe bien por qué. Puede ser por miedo.

Luis S., el padre, es policía con más de 20 años de servicio, a punto de jubilarse. El general Alarcón se permitió revelar que vive en Cali, a 113 kilómetros de Popayán, donde tiene un matrimonio establecido.

El padre policía da la impresión de frialdad. Fue el halo que dejó su reacción del primer día, cuando se le vio más indignado por lo ocurrido a su hija. Acababa de observar el vídeo y mostró rechazo: no tenían por qué tratarla así.

Luis S. ama la institución por encima de cualquier cosa. Nunca jamás va a decir en medios nada contra la Policía, porque le están tocando la médula de su conciencia durante dos décadas. Su actitud entretanto se ha vuelto más laxa. El hombre ha ido matizando su posición. El viernes 14 y el sábado 15 de mayo, cuando fue el sepelio, ya estaba más condescendiente.

A lo mejor, Luis S. es de los que podría preguntar lo usual: qué estaba haciendo la niña en la calle a esa hora (21.00 horas de la noche). O a lo mejor se preguntó qué pensamientos podían estar pasando por la cabecita de su hija acerca de lo que le estaban haciendo los compañeros de su papá. Una injusticia imposible de tolerar.

Alguien que prefiere no ser identificado, por discreción, lo observó de cerca estos días.

Es un militar, lo disculpa. Parco. Un hombre que ha sido policía, formado en una cultura machista, patriarcal, un hombre que no vivía con su hija y que tiene un respeto sobrenatural por la institucionalidad de la Policía. A eso se le puede atribuir su postura. Para gente como él, los asuntos de género son muy difíciles.

El detonante

Cuando trascendió la noticia sobre la muerte de Alison, la indignación estalló. La misma tarde de su muerte, en el centro de Popayán manifestantes iracundos le prendieron fuego a la URI, donde se supone ocurrió la violencia sexual.

De esta manera, evidentemente, la escena del crimen se esfumó, la abogada Lizeth Montero, del bufete de derechos humanos Comisión Colombiana de Juristas, afirmó a Público que el material forense de Alison no se quemó, y que en las próximas horas se entregará el resultado de las pesquisas al padre.

El trabajo en red en torno al Comité Nacional de Paro se adivina detrás del ya citado documento, que precisa e incluso desmiente lo dicho por el general Ricardo Alarcón.

En la red están, entre otros, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro, las instancias de derechos humanos de las centrales sindicales, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, es decir, los indígenas de todo el departamento.

Esa fuente múltiple, más la abogada Lizeth Montero, confirman que en la URI la niña no fue recibida, como afirmó el general, por un equipo del ICBF, el instituto estatal que atiende a menores de edad en riesgo.

A las 9:15 horas de la noche del fatídico 12 de mayo ingresaron allí dos paramédicos, que fueron los que atendieron a la adolescente. También entró un defensor de derechos humanos y Alison le contó que la habían golpeado. Tenía heridas en las manos.

Nadie escribió un acta, pero la novedad sí fue reportada en un chat de WhatsApp donde están los jefes departamentales y municipales de la Policía.

La Fiscalía General de la Nación designó un equipo especializado conformado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género, otro de la Unidad de Vida y otro de la Unidad de Derechos Humanos. La fiscal de Género anunció una autopsia psicológica para establecer el contexto de los hechos. Los cuatro agentes fueron suspendidos.

El suicidio de las mujeres después de una violación es un asunto relativamente frecuente en Colombia

La investigación forense debe dar luces sobre el contexto adicional del suicidio, y la estrategia de la policía parece que será mostrar inestabilidad emocional, familia disfuncional, como causas del suicidio.

Es una trampa que de antemano se sabe que fallará.

El suicidio de las mujeres después de una violación es un asunto relativamente frecuente, advirtió a Público María Eugenia Sánchez, socióloga de la Casa de la Mujer en Bogotá.

Además, el protocolo en estos casos dice que a la víctima de violencia sexual se le cree, punto. Más aun si es menor de edad. La última publicación de Alison, su denuncia, ya no podrá salir del expediente aunque le hayan borrado la cuenta de Facebook.

Por más circunstancias adversas que tuviera en su estabilidad anímica o en su vida, la violencia sexual contra Alison fue el detonante para su suicidio, expresó la socióloga feminista.