Llegaron de madrugada y les dieron diez minutos para desalojar la acampada. Diez minutos para recoger las tiendas en las que más de mil personas llevaban cien días durmiendo y protestando pacíficamente, en plena calle, frente a un centro de atención a solicitantes de asilo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Trípoli, la capital de un país, Libia, que hace once años que no existe.

La redada tuvo lugar la noche del pasado domingo y no escatimó en violencia de las fuerzas de seguridad de Libia, autoridades de un estado fallido en manos de milicias armadas y con dos gobiernos paralelos que ni siquiera ha sido capaz de celebrar las elecciones previstas para diciembre. Sin embargo, sigue siendo uno de los principales muros que Europa, sobre todo Italia, ha levantado en África para bloquear la migración irregular. Aunque ello suponga encerrar a cientos de miles de personas en un inferno de torturas, extorsión, esclavitud y abusos que se riega con dinero público.

En la operación del domingo hubo disparos al aire, algún herido de bala, otros tantos por arma blanca, porrazos y detenciones arbitrarias que concluyeron en el encierro de más de 600 personas, incluidos mujeres y niños, en el centro de detención de Ain Zara, al sur de la ciudad. Así lo han denunciado los propios migrantes y lo han confirmado fuentes de ACNUR en Libia y las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y Alarm Phone.

Un portavoz de ACNUR en Libia asegura a Público que durante la madrugada, las fuerzas de seguridad libias "realizaron disparos al aire cuando algunas personas intentaron escapar" de la redada y que "se demolieron las tiendas de campaña y se confiscaron o destruyeron las pertenencias" de los migrantes. Confirma que hubo una operación "similar" frente a las oficinas principales de ACNUR, donde había otra protesta menos numerosa por las mismas razones que la de Trípoli.

Los detenidos fueron introducidos a la fuerza en autobuses, según documentaron en varios vídeos subidos a Twitter, y trasladados a lo que denominan "un campo de concentración para migrantes" al sur de Trípoli. "Tomaron a todos desprevenidos, las tiendas de campaña fueron reducidas a cenizas y los refugiados arrestados por la fuerza y llevados a los campos de concentración de Ain Zara", publicó uno de los portavoces de la protesta.

MSF, que da asistencia médica desde 2016 en algunos centros de detención de migrantes en el país, ha informado de que atendió a 68 personas heridas en el centro de Ain Zara, de las que siete fueron trasladadas a hospitales de la ciudad. "Hemos tratado a pacientes con heridas de arma blanca, marcas de golpes y signos de shock y trauma causados por las detenciones forzosas. Entre ellos había personas que habían sido golpeadas y separadas de sus hijos durante las redadas", asegura Gabriele Ganci, coordinador general de la ONG en Libia. La misma fuente añade que en este centro ya había centenares de refugiados y solicitantes de asilo detenidos "en celdas superpobladas y en condiciones de vida precarias".

Según llevan denunciando tres meses en redes sociales los propios migrantes, su protesta exigía protección a la ONU y su evacuación a un tercer país seguro para ellos. Acabaron acampando a las puertas de este centro de ACNUR, que ya estaba cerrado, después de haber sido expulsados de sus casas en octubre, tras una redada que les dejó totalmente desamparados. Eran madres con bebés, mujeres embarazadas, víctimas de violencia sexual y torturas, personas que habían intentando llegar a Europa en patera en varias ocasiones, pero habían sido devueltos por los guardacostas libios.

Todos se había organizado para informar a diario sobre su situación, en redes y a través en una página web que crearon para presionar por su evacuación tras meses viviendo a la intemperie.

"Desafortunadamente, ACNUR no puede evacuar a todos los refugiados en Libia ya que no tenemos suficientes ofertas de reasentamiento", aseguró en Twitter Vincent Cochetel, enviado especial de la Naciones Unidas para el Mediterráneo central y occidental. Tras meses paralizados, los vuelos de evacuación para solicitantes de asilo en Libia se reanudaron en octubre de 2021, aunque se realizan con cuentagotas, básicamente a Níger y, en menor medida, a Italia, y solo en casos de extrema vulnerabilidad.

Casas destruidas y 4.000 detenidos hace tres meses

Todos los arrestados en la última redada habían llegado hasta allí después de que el pasado octubre de 2021, miles de personas migrantes y solicitantes de asilo fueran desalojadas a la fuerza de sus viviendas, que fueron derribadas, en la ciudad de Gargaresh, diez kilómetros al oeste de Trípoli, donde se concentran miles de personas migrantes, sobre todo de países subsaharianos.

El Ministerio del Interior libio informó entonces de la detención de 4.000 personas en una redada contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Las Naciones Unidas y las escasas ONG que trabajan en el terreno dieron fe de la violencia empleada entonces. "Migrantes desarmados fueron acosados en sus casas, golpeados y baleados", dijo la coordinadora humanitaria de la ONU para Libia, Georgette Gagnon, según recogió Al Jazeera.

Según las informaciones reportadas, hubo al menos un muerto y 15 heridos, y entre los arrestados había también mujeres y menores. El objetivo de las autoridades libias era la deportación de los detenidos a sus países, aunque nada se sabe del paradero real de estas personas en un país donde los centros de detención oficiales están en manos de milicias con relaciones estrechas con los traficantes de personas.

87 millones de euros para la Guardia Costera libia

También abundan a lo largo y ancho de Libia tétricos sótanos donde grupos criminales encierran, torturan, extorsionan o venden como esclavos a los migrantes antes de que puedan zarpar hacia Europa en una patera. O después de ser interceptados en alta mar y devueltos a este infierno por los guardacostas libios, financiados por Italia y la UE para impedir el máximo número posible de llegadas al viejo continente.

La situación ha sido documentada por numerosas ONG, por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos o por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también adscrita a la ONU. Pero los fondos europeos destinados a la formación y equipamiento de los guardacostas libios no han dejado de aumentar. Desde 2017 hasta 2020, la UE ha desembolsado 408 millones de euros para la gestión migratoria en Libia.

Al menos 87 millones se han destinado a la formación y equipamiento de los guardacostas que, pese a su nombre oficial, son heterogéneas milicias armadas que controlan diferentes territorios tras la guerra civil que acabó con el régimen de Gadafi.

Naciones Unidas cuenta casi 32.500 migrantes devueltos a Libia en 2021. A los que hay que sumar 50.500 entre 2017 y 2020, según cifras del Consejo de Europa.

Camuflados entre partidas con fondos para la ayuda al desarrollo del Fondo Fiduciario de la UE para África, Bruselas financia el bloqueo de personas migrantes, su hacinamiento en los criticados centros de detención y también los llamados "retornos voluntarios" de personas a sus países, gestionados por la OIM. Hasta 2020, más de 50.000 personas se acogieron a este programa, según el Consejo de Europa. La OIM cifró en 2020 en más de 600.000 los migrantes y solicitantes de asilo en el país, la mayoría procedentes de Malí, Chad, Egipto y Sudán. Todos países inmersos en conflictos armados, salvo Egipto, donde el general Al Sisi se hizo con el poder tras el golpe de estado militar en 2013.