Los diputados británicos tuvieron ayer un amargo regreso de sus vacaciones. En sus casilleros, les estaba esperando una carta de Sir Thomas Legg, el auditor independiente encargado de revisar las facturas de gastos de los parlamentarios. Y uno de ellos era el primer ministro.

Gordon Brown tendrá que devolver a los contribuyentes 12.415 libras y diez peniques (13.235 euros) por la factura de limpieza y jardinería de su segunda residencia que incluyó en su relación de gastos de los últimos cuatro años. La cifra incluye 1.396 libras por una factura que el Parlamento le pagó dos veces por error.

Gordon Brown incluyó en sus gastos de los últimos cuatro años la factura de limpieza y jardinería de su segunda residencia 

El líder del tercer partido, Nick Clegg, de los liberal demócratas, tendrá que abonar 910 libras. El conservador David Cameron salió mejor librado. Sólo le han pedido información adicional sobre su hipoteca, aunque ya en junio tuvo que pagar 946 libras por motivos similares.

Muchos diputados descubrieron indignados que el auditor ha cambiado por su cuenta las normas y cantidades máximas que los titulares de los escaños podían pasar al presupuesto de la Cámara. Ahora tienen tres semanas para abonar las cantidades o presentar las alegaciones correspondientes.

En los pasillos de la Cámara de los Comunes, los parlamentarios a los que se les exigirá pagar mucho más dinero que a Brown amenazaban con emplear todos los recursos legales disponibles para defender sus derechos. A fin de cuentas, los nuevos límites impuestos por Legg son más estrictos que las normas existentes hasta ahora en la Cámara.

Con la intención de impedir esta rebelión parlamentaria, Gordon Brown hizo saber por la mañana que tocaba aceptar el veredicto del auditor y pagar. “Tenemos que arrojar este sistema desacreditado (de pagos a los parlamentarios) al basurero de la historia”, dijo en tono algo melodramático.

El presidente de la Cámara, John Bercow, también pidió por carta a los diputados que colaboren con Legg. Sin embargo, se tomó la molestia de incluir una mención a la tarea encargada al auditor –examinar si los pagos se ajustaban a “las normas existentes en ese momento”–, que deja abierta la puerta a futuras reclamaciones.

Al final, será una comisión presidida por Bercow la que toma la decisión definitiva cuando el auditor entregue su informe en diciembre.

Los diputados que no se presentarán a las próximas elecciones por culpa de este escándalo, no menos de un centenar, podrían pelear hasta el final. Aquellos que quieran continuar teniendo una carrera política no tendrán más opción que abonar la factura que imponga el auditor.

Todos los sondeos revelan que la opinión pública está enfurecida con los privilegios de que gozaban los parlamentarios. El espectáculo de diputados millonarios cargando a los contribuyentes los gastos de mantenimiento de los jardines de sus mansiones no ha hecho mucho por aumentar el prestigio de la política.

Algunos no han perdido el humor. Un diputado contó a The Times que en el futuro tendrán menos tiempo para dedicarlo a la circunscripción porque estarán ocupándose de la jardinería. Seguro que sus votantes no lo encontrarán tan divertido.