La turistificación mira hacia el norte

“Pídeche desconectar. Pídeche Galicia”, “AVE al paraíso: vuela sin alas a Asturias”, “Cantabria: Campoo +X descubrir”. Las campañas turísticas de los gobiernos autonómicos del norte de la península este 2024 tienen un patrón común: venden territorios con clima fresco, recursos naturales únicos, oferta cultural y, en general, lugares perfectos para desconectar y huir de la masificación.

Y la estrategia parece que funciona. Desde la pandemia, el turismo en el Cantábrico no para de crecer, mientras que en la costa mediterránea se ha estancado. Según datos de Eurostat, las reservas de alojamientos en las cuatro grandes plataformas de viajes online (Booking, AirBNB, Expedia y TripAdvisor) aumentaron un 67,7% en el noroeste peninsular (Galicia, Asturias y Cantabria) hasta el tercer trimestre de 2023, con respecto al mismo periodo de 2019. También los turistas internacionales apuestan cada vez más por el norte. Tal y como se explica en un informe del Banco de España sobre diversificación de los flujos turísticos internacionales, el número de pernoctaciones hoteleras de extranjeros ha crecido más en las regiones del norte de España en comparación con los archipiélagos, el sur peninsular y el Mediterráneo. Concretamente desde Galicia hasta Navarra y La Rioja, se incrementaron las reservas más de un 26% en 2023 frente al periodo previo a la pandemia (2016-2019); mientras que, en comunidades como Canarias, Illes Balears y Andalucía bajaron ligeramente, y en el resto de la zona mediterránea se mantuvieron o tuvieron un crecimiento escaso.

Los expertos apuntan a los cambios de hábitos de viaje post-pandemia y al cambio climático como las causas principales de este viraje al norte. “La población se ha acostumbrado a moverse y veranear dentro del Estado, y el norte siempre ha tenido fama de ser un lugar agradable, fresco, donde se come bien. Además, hay que tener en cuenta que el Mediterráneo no solo es cada vez más caluroso, sino que está mucho más caro e inaccesible económicamente. Ahí está el caso de Ibiza, que tiene unos precios tan desorbitados que está muriendo de éxito”, explica Belén García, miembro de Ecologistas en Acción y experta en turismo. A la vez, también advierte del riesgo de repetir el modelo mediterráneo: “Al ver este aumento de la demanda turística es cuando, tanto ayuntamientos como especuladores, abren bien los ojos porque se dan cuenta de que hay una vía de enriquecimiento, como pasó en la costa mediterránea. El ladrillo y el turismo siempre han ido de la mano, desde el desarrollismo franquista de los años 60. Esta alianza siempre tiene fuertes impactos para la población local y para el medio ambiente”, añade.

De las residencias vacacionales al turismo de ciudades

Durante los años 90 y 2000, la costa mediterránea fue el escenario de un boom inmobiliario ligado al turismo. “El modelo del País Valenciano de ese momento era un turismo sobre todo residencial, que se basaba en la construcción de viviendas y apartamentos en zonas de playas, o también en algunas zonas de montaña o estaciones de esquí, enfocadas a la venta en propiedad, tanto a personas de toda España como al mercado extranjero, sobre todo a jubilados”, explica Luis del Romero, geógrafo de la Universitat de València y miembro del colectivo Recartografías, que investiga conflictos territoriales y ambientales y analiza los efectos de la turistificación. El estallido de la burbuja inmobiliaria en la costa mediterránea ha dejado un sinfín de aberraciones urbanísticas, historias de corrupción y cicatrices en el paisaje y en las vidas de mucha gente. Muchas de ellas están recogidas en la investigación Playa Burbuja, de Ana Tudela y Antonio Delgado.

"El ladrillo y el turismo siempre han ido de la mano, desde el desarrollismo franquista de los años 60. Esta alianza siempre tiene fuertes impactos para la población local y para el medio ambiente".

“Desde la crisis de 2008, todo esto cambia: el peso de la construcción en la economía cae y las clases medias europeas se empobrecen. Esto hace que ya no se compren un chalet, sino que se cojan un vuelo low cost y alquilen unos días un apartamento en Airbnb. Esta flexibilización de la oferta ha hecho que puedan seguir disfrutando de unas vacaciones de cierta calidad y también que el impacto del turismo se haya desplazado ahora mucho más a los centros urbanos”. Del Romero explica que esta masificación ya ha generado protestas masivas los últimos veranos en ciudades del Mediterráneo como Barcelona, Palma de Mallorca o València, pero que el modelo también se reproduce en ciudades del norte de la península como San Sebastián, Santiago de Compostela o Gijón, concretamente en el barrio pescador de Cimavilla.

Cimavilla: más turismo, menos servicios

“Desde la pandemia, gobierne quien gobierne, Cimavilla se ha visto como un producto para vender al turismo, se han olvidado que también es un lugar donde vivimos muchos vecinos y vecinas”. Sergio Álvarez es el presidente de la Asociación vecinal Gigia de Cimavilla, un antiguo barrio pescador con un amplio tejido social en el centro histórico de Gijón, en Asturias. Un lugar que, especialmente desde la pandemia, está en un proceso de turistificación y también, según denuncian los vecinos, de gentrificación; es decir, de sustitución de la población original de clases más humildes por otra de mayor poder adquisitivo.

La causa principal es la proliferación de pisos turísticos en el barrio. Según datos de Exceltur, Gijón ha sido la segunda ciudad de España, solo superada por Oviedo, donde más han aumentado las viviendas de uso turístico desde el primer trimestre de 2023 al mismo periodo de 2024: ha llegado a tener más de 5.300, por delante de ciudades más grandes como Palma (4.772) o Bilbao (4.187). En concreto, en el barrio de Cimavilla, según datos del INE de 2024, una de cada diez viviendas está enfocada al turismo.

“En los últimos tres o cuatro años, vivir aquí se ha vuelto más difícil. Casi no existen alquileres para todo el año; en la poca vivienda disponible que no sea turística, el propietario te dice que en junio te largues porque en verano lo ponen para alquiler de temporada”, denuncia Álvarez, que además recuerda que hay muchos pisos turísticos ilegales fuera del radar. La falta de servicios en el barrio tampoco ayuda a que los vecinos se queden. “Tenemos el centro de salud a más de un kilómetro; el instituto, a dos, y no hay ninguna línea de autobús que te acerque. Para ir al supermercado más cercano tienes que ir a Bajavilla, que es como llamamos en Cimavilla al resto de Gijón, y bajar y volver a subir muchas cuestas, con accesos difíciles para las personas mayores. Esta falta de inversión en servicios también contribuye a expulsar a los habitantes del barrio”, remarca Álvarez.

"Casi no existen alquileres para todo el año; el propietario te dice que en junio te largues porque en verano lo ponen para alquiler de temporada".

Para los vecinos y vecinas, regular los alojamientos turísticos es fundamental, pero reclaman políticas transversales de vivienda. “Es necesario que el Gobierno asturiano redacte una buena ley de turismo para frenar las viviendas turísticas, pero también es importante que se invierta en rehabilitar el parque público. Nos parece incomprensible que haya vivienda pública que no se usa porque está en malas condiciones. Invertir en vivienda pública sería una buena solución para que la gente venga al barrio y reclame todos esos servicios que no tenemos”, apunta el presidente de la asociación de vecinos.

Este interés de la industria turística por las ciudades es un patrón que se repite, no solo en el norte, sino en toda la península. “La inversión de capital en un sitio turístico como Marina d’Or es una opción arriesgada, puede salir bien o muy mal. En cambio, invertir en vivienda en una ciudad ya importante que ofrece muchas más experiencias al turista y que tiene ya muchos servicios creados es rentable. Detrás de este crecimiento de vivienda turística llegan franquicias, hostelería y comercios orientados al visitante, lo cual dificulta el acceso a la vivienda y el malestar de la población local”, explica Jorge Dioni, periodista y autor de los libros La España de las piscinas (Arpa, 2021), que analiza las políticas urbanísticas de las últimas décadas en el país, y El malestar de las ciudades (Arpa, 2023) en el que expone los principales problemas de las ciudades contemporáneas como la gentrificación, la contaminación, la especulación o la privatización.

Dioni apunta que, tal y como ha pasado en el “cinturón de óxido” de Estados Unidos, donde muchas ciudades industriales han sufrido una transformación urbana presentándose como polos de atracción artística o deportiva, en el Cantábrico también hay proyectos enfocados al turismo cultural que amenazan con tener un fuerte impacto, especialmente en el medio ambiente. Es el caso del macroproyecto de ampliación del museo Guggenheim de Bilbao en la reserva de la biosfera de Urdaibai.

Un museo ‘contra natura’

En el año 2008, la Diputación de Vizcaya propuso la construcción de una nueva sede del museo Guggenheim en las colonias de Sukarrieta, a la orilla de la ría de Mundaka. El proyecto se quedó en un cajón y se volvió a reactivar en 2020, pero esta vez con la idea de construir un macroproyecto con dos sedes en las poblaciones de Gernika, en una antigua fábrica de cubiertos, y de Murueta, en la ubicación de un astillero que tiene una concesión del Gobierno español finalizada desde 2018, más una vía verde de 6 kilómetros que uniría ambas instalaciones y que incluye la construcción de un palafito, una pasarela en altura. Todo ello en pleno centro de la única reserva de la biosfera de Euskadi: Urdaibai.

El proyecto, que prevé acoger 144.000 visitantes al año en la zona de Busturialdea-Urdaibai entre los meses de junio y septiembre, ha levantado polémica y la oposición de vecinos y activistas ecologistas, organizados en la Plataforma ciudadana Guggenheim Urdaibai Stop, que denuncian los cambios legislativos que se están impulsando para dar cabida al proyecto.

El más claro fue en noviembre de 2023, cuando la Dirección de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, apoyó la petición de la Diputación de Vizcaya de reducir la protección de la franja costera en la zona de marismas del astillero de Murueta de 100 metros, tal y como marca la ley de Costas, a 20 metros. “Hemos recurrido esta decisión a la Audiencia Nacional. También hemos presentado alegaciones a los cambios que proponen en el plan urbanístico de Murueta para cambiar la calificación industrial del astillero de industrial a equipamental. Están llevando a cabo muchas modificaciones legales para hacer viable este proyecto, porque con las leyes actuales, es ilegal”, denuncia Eider Gotxi, una de las portavoces de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop.

El riesgo ecológico también es un factor a tener en cuenta. Según un informe de la Agencia Vasca del Agua (URA) de 2023, la zona de Gernika donde se quiere construir una de las sedes del museo es una área inundable, encima de un acuífero contaminado y con un suministro de agua ya tensionado en verano. Es por eso que el Gobierno de España invertirá 40 millones de euros para impulsar acciones de mejora medioambiental en la zona. “Nosotros estamos a favor de la restauración y la descontaminación de tierras, pero esto no tiene que venir de la mano de un macroproyecto. Además, ese dinero va a servir también para limpiar tierras del astillero. No se puede limpiar una contaminación privada con dinero público, eso es malversación. Y después, aterrizará el Guggenheim con todo limpio y construido, sin aportar nada. Les dan la llave de casa hasta con el perro comprado”, denuncia Gotxi.

La activista considera que este proyecto solo promete recetas que ya se sabe como acaban. “Vemos la turistificación en ciudades cercanas como Bilbao o Donosti, o en lugares como San Juan de Gaztelugatxe, y ya sabemos las consecuencias de la masificación. Somos una comarca de 45.000 personas, con muchas necesidades no atendidas durante años. Y ya teníamos saturación de visitantes en la reserva de la biosfera antes del museo. Es jugársela a una carta sabiendo que vas a perder”, reconoce la portavoz de la plataforma.

“Tenemos un urbanismo de baja intensidad que va ocupando mucho suelo, muchos recursos y que necesita mucha agua. Ese modelo ya lo conocemos en el Mediterráneo, y si se imita en el norte, tiene el riesgo de destruir una economía mucho más diversificada y de degradar el medio ambiente”, apunta Belén García, de Ecologistas en Acción, que también señala el problema añadido del cambio climático. “Hay estudios científicos que advierten que la corriente atlántica cálida que viene del Golfo de México y que baña las costas del norte de la península se podría ir frenando, lo que ocasionaría fuertes tormentas y una subida del nivel del mar, que ya es evidente. Además la desaparición de ecosistemas en la costa a causa del urbanismo va a hacer que los daños sean mucho mayores. Ya hemos visto los estragos en el Mediterráneo con la DANA, no podemos imaginar aún cómo serán esas tormentas del Atlántico”, advierte.

La flexibilización de la oferta turística ha hecho que las clases medias europeas puedan seguir disfrutando de unas vacaciones de cierta calidad y que el impacto del turismo se haya desplazado más a los centros urbanos.

¿Existe el turismo sostenible?

A diferencia de la zona mediterránea, en el norte es más común que las administraciones públicas pongan la etiqueta de “turismo sostenible” en sus territorios. “El único turismo sostenible se da cuando el consumo no es la actividad principal. Es decir, un turismo no muy lejano, consciente de la huella que deja y necesariamente controlado. Me atrevería a decir que tendríamos que hablar de un turismo anticapitalista”, apunta Luis del Romero.

“Benidorm podría ser el paradigma de turismo sostenible, porque todo está concentrado en un lugar con todos los servicios y se genera menos destrucción del territorio”, apunta Belén García. “En vez de eso, vamos hacia la desorganización: Airbnb, Ryanair… La flexibilización es el peor escenario. Si no podemos evitar que la gente repiense dónde quiere ir y por qué, y cuáles son las consecuencias de su viaje, tal vez los límites los tengan que poner los espacios visitados”.

Para los que sufren la turistificación en primera persona, como Sergio Álvarez en Cimavilla, la distinción está clara: “Si el turismo no respeta la vida cotidiana y el tejido social de las zonas visitadas, deja de ser sostenible y deja de tener calidad”, sentencia.