“Tourists go home” o la industria de los huevos de oro

Canarias tiene un límite o Málaga para vivir no son solamente lemas. Al igual que Cádiz resiste o Alicante, dónde vas, son plataformas en ebullición que en los últimos meses se han lanzado a las calles para protestar contra el modelo turístico. Están a lo largo y ancho del país. Junto a ‘Donostiarras por el decrecimiento turístico’ o ‘Cantabria para vivir’, existe un largo etcétera de agrupaciones de colectivos que representan rostros e historias de vida atravesadas por la turistificación. La saturación del turismo se ha desterritorializado; y los procesos de gentrificación que impactaron primero en ciudades como Barcelona, Madrid, Mallorca, València o Las Palmas están presentes hoy en otras ciudades del territorio y hasta en algunas zonas rurales de alto valor turístico.

“Es el gran temazo de ahora”, sintetiza Ibán Díaz Parra, doctor en Geografía e investigador de la Universidad de Sevilla. Canarias fue una de las primeras en alzar la voz con fuerza este año en varias manifestaciones repartidas por el archipiélago que reunieron a casi 60.000 personas el 20 de abril. Seis meses más tarde, los isleños repetían las movilizaciones tras un verano en que pocas cosas cambiaron. Les siguieron los habitantes de Sevilla, Málaga, Cádiz y Tarifa con una movilización conjunta el pasado 9 de noviembre. Madrid tuvo su primera manifestación multitudinaria por una vivienda digna liderada por los Sindicatos de Inquilinas este octubre con réplicas en Oviedo, Jerez, Burgos, Zaragoza, Bilbao o Barcelona. Algunos meses antes, la capital catalana ocupó los titulares de la prensa internacional: algunos manifestantes dispararon a turistas con pistolas de agua mientras cantaban “tourists go home”. En Illes Balears llevan organizados desde 2017 y, este verano, hasta 111 entidades salieron a la calle bajo el lema “Menys turisme, més vida”. Hay focos de protesta y se están organizando bajo la plataforma Ciudades y Pueblos para Vivir. “La desafección surge cuando se usan unos recursos que son de todos y no se reparte el beneficio”, asegura Cristóbal López, miembro de la agrupación.

Precios de vivienda inasumibles o planes urbanísticos que expulsan a los vecinos y las vecinas y que rompen redes sociales son algunos de los motivos. “La industria turística no respeta los límites sociales ni ambientales. Obliga a diseñar las ciudades y hasta los ritmos de vida en base al turismo”, denuncia Cristóbal. Inversiones para una población flotante que cambia comercios y costumbres, masificación de playas y explotación de espacios naturales “han llevado a la gente al hartazgo”, explica López.

España superó el año pasado la cifra de turistas pre pandemia y este año se prevé llegar a otro récord en la línea histórica. En los primeros nueve meses de 2024 han llegado a España 73,9 millones de turistas; es decir, se ha superado la cifra del mismo mes de septiembre de 2023. Según Exceltur, el turismo internacional trajo a España 186.596 millones de euros en 2023, el 12,8% del PIB español. Los que sufren la cruz de la moneda insisten —y la realidad les da la razón— en que los precios de la vivienda se han disparado desde 2015. El coste medio de compra es hoy un 58% más caro que entonces y en Madrid o en Illes Balears se ha incrementado por encima del 70%. Lo mismo pasa respecto al parque de alquiler, según un informe del Ministerio de Vivienda de 2024. El precio entre 2015 y 2022 ha subido por encima del 40% en provincias como Málaga y València y en el archipiélago balear, pero también en Madrid o Barcelona, por encima del 30%.

España superó el año pasado la cifra de turistas pre pandemia y este año se prevé llegar a otro récord en la línea histórica.

“Todo se ha desbordado este año con la problemática habitacional”, explica Margalida Ramis. La investigadora lleva más de una década estudiando los impactos del turismo a través de la Universitat de les Illes Balears y también preside la asociación GOB Mallorca. “La vivienda afecta a todas las clases sociales. A jóvenes y trabajadores de hostelería, pero también a funcionarios”. Ramis considera que la indignación este año ha sido superior a la de otros, un triple efecto causado por “un alquiler vacacional desbordadísimo”, porque “te echan de casa y no encuentras dónde ir” y por el “efecto espejo que generan las movilizaciones”.

La montaña rusa especulativa de pocos, el vértigo de muchos

La especulación urbanística tiene distintas caras, y una de ellas es, sin duda, la de empresas y fondos de inversión que se dedican a explotar viviendas turísticas, un fenómeno que afecta a grandes ciudades como Barcelona y Madrid y a la mayoría de capitales de provincia que se han movilizado.

El tablero inversor tiene una predilección especial también por la Costa Blanca y la Costa del Sol. En Marbella y en la periferia urbana de Elx y de Málaga hay más oferta de vivienda de alquiler para turistas que para residentes, según el Banco de España.“En este sector han entrado muchísimos intermediarios y fondos de inversión”, explica Ibán Díaz. Por ejemplo el fondo SmartLiving, una socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) de Bestinver (empresa creada por Acciona), que ha invertido este año 150 millones de euros en un modelo de hotelización. Este modelo promociona, entre otros, viviendas de “alquiler flexible” para “cubrir necesidades temporales de alojamiento”. Canarias o Balears completan la lista de los otros grandes focos de inversión. “La industria hotelera tradicional está involucrada, pero también Airbnb ha facilitado que cualquiera pueda alquilar una vivienda si está en una zona interesante”, asegura Díaz.

Los centros de las ciudades se han convertido en la zona cero de los conflictos urbanos por la vivienda. Inversores compran bloques enteros para remodelarlos y hacer pisos turísticos, como les ha sucedido a los vecinos y vecinas de San Ildefonso 20, en Madrid. El fondo Trier Capital adquirió el bloque a través de una empresa pantalla. “Es una práctica habitual”, cuenta Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Afectados y Afectadas por las Viviendas Turísticas en Madrid. Ahora, las vecinas de este inmueble reciben asesoramiento del Sindicato de Inquilinas para no verse empujadas a la calle. El hilo de estas empresas lleva con frecuencia a nombres famosos de la capital madrileña, “como la familia Franco, Sergio Ramos o Ignacio Galán —presidente de Iberdrola—”, cuenta el portavoz de la Oficina.

El efecto de estos procesos es bien conocido: la aparición y el aumento de la gentrificación. En Puerta del Ángel, la compra de 30 bloques por la gestora Bermejo & Williamson Real Estate-BWRE provocó la protesta de sus vecinos este mes de abril. El proyecto, que lleva el nombre de Madlyn, —fusión de los nombres Brooklyn y Madrid— se inspira en el barrio neoyorquino; y los y las vecinas de la Asociación Vecinal Puerta del Ángel critican que está gentrificando el barrio. “En el barrio de Cortes no tenemos una carnicería, una pescadería o una tienda de reparación de calzado”, se queja Víctor Rey, miembro también de la asociación vecinal de Sol y Barrio de las Letras. “En los procesos de gentrificación, los comercios de proximidad se han sustituido por la hostelería, cuya finalidad es atender más al turista que al vecino [...]. Tomar una caña sale a precio de extranjero”, añade. “Hay quienes ya se han marchado; quienes aún vivimos en el centro nos hemos convertido en parte del attrezzo”.

“En el barrio de Cortes no tenemos una carnicería, una pescadería o una tienda de reparación de calzado”.

En Málaga la web anónima y satírica mevoydemalaga.com recopila denuncias de la ciudadanía. Comparan la gentrificación de la ciudad con la invasión de cotorras que sufrió Málaga el año 2000 y pretenden “luchar contra la especulación, el incremento de precios y acelerar la regulación”, según se puede leer en su web. En Mallorca el mismo proceso azota la isla desde hace años. “Una amiga se mudó de su apartamento porque estaba en frente de una cala que se masificó tras hacerse famosa en Instagram”, explica Joana Estrany, de la plataforma Menys turisme, Més vida de Mallorca. “Quien compra estas viviendas tiene un poder adquisitivo por encima del local”, insiste.

La responsabilidad de las administraciones

La presión ciudadana ha llevado el problema que suponen los pisos turísticos a la agenda política. La Generalitat de Catalunya aprobó durante el Gobierno de Aragonès un decreto “pionero en Europa”, según Jaime Palomera, codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). “El decreto obliga a reducir las licencias turísticas a los ayuntamientos que en cinco años no sean capaces de responder a las necesidades habitacionales de su población”. En la práctica, el investigador considera que en poblaciones como Barcelona eso obligaría a quitar licencias. De hecho, el alcalde Jaume Collboni (PSC) aseguró que está dispuesto a eliminar los 10.000 pisos turísticos que hoy existen en la ciudad en el plazo de cuatro años, previendo que el decreto de la Generalitat obligará a reducir las licencias. Otros consistorios han aplicado medidas menos ambiciosas. Madrid o València limitan la cesión de nuevas licencias en zonas céntricas con una excepción importante: si todo un bloque entero se destina a la vivienda turística, sí se obtiene el permiso.

A estas excepciones se le añade el gran agujero: lo que no se ve. Hay pisos que no salen en los recuentos del INE y se ofertan sin licencia. Víctor Rey afirma que la Oficina de Afectados y Afectadas por las Viviendas Turísticas en Madrid puso 10.174 denuncias en bloque este julio por pisos turísticos que incumplen la normativa. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma deberían investigarlas, pero Rey asegura que esto no sucede. Por ello la Oficina presentará una denuncia directamente contra ambas instituciones ante esta dejación de funciones. “Hemos ganado todas las denuncias que hemos puesto hasta ahora”, avisa Rey.

En Illes Balears, la diferencia entre precios y salarios ha generado estragos. Y también una situación surrealista. Vivir en una autocaravana por no poder asumir el precio habitacional no es un hecho aislado: 150 personas se encontraban en esta situación entre junio y julio de este año y más de la mitad llevaba entre uno y cuatro años viviendo en ellas. Una investigación de la Universidad de les Illes Balears cuenta que la mayoría de ellos ingresa entre 1.000 y 1.500 euros al mes, pero no pueden asumir el pago de una vivienda en la isla. Balears es una de las comunidades donde una gran parte de su población destina más del 30% de sus ingresos a pagar su hogar, según un informe de Funcas. Y adquirir un piso es una hazaña hercúlea con el precio de compra por metro cuadrado más alto del Estado (3.644 euros/m2), según Registradores de España.

En cifras totales, la plataforma AirDNA, que toma datos de Airbnb o Vrbo, contabilizó 443.526 pisos turísticos disponibles en toda España durante el mes de agosto. Puesto en perspectiva, son más del doble de los pisos de vivienda social que Pedro Sánchez prometió para esta legislatura. Para Jaime Palomera (IDRA), no hay duda de que la proliferación de pisos turísticos en los centros de las ciudades causa una espiral inflacionista en el precio de vivienda residencial.

Las alas de cera del turismo y su impacto ambiental

La mitología griega explica que Ícaro voló tan alto que el sol derritió sus alas de cera y cayó ahogado en el mar Mediterráneo. Algo similar podría pasarle a la larga al turismo en España a causa de su propio impacto ambiental. El recuerdo aún reciente de la tragedia ocurrida en el País Valencià por la DANA es la demostración de que los golpes del cambio climático azotan sin preaviso y de forma devastadora. El Levante español estaba acostumbrado a tener episodios de gota fría menos intensos y concentrados en verano, pero el calentamiento global (1,3ºC por encima de la era preindustrial) podría estar detrás de este desplazamiento climatológico, según un estudio preliminar de World Weather Attribution.

Un cóctel que se convierte en peligroso cuando los gobiernos eliminan instituciones dedicadas a preservar el medio ambiente y permiten urbanizar zonas inundables. Algo que Margalida Ramis (GOB Mallorca) denuncia que sucede en Balears. El actual Gobierno el PP eliminó la consejería de Medio Ambiente y ha hecho lo mismo con la Comisión Balear de Medio Ambiente. Esta comisión era un “espacio de debate, deliberación y acceso a la información” para evaluar el impacto ambiental, explica Ramis. Europa obliga a que todas las planificaciones y proyectos tengan una evaluación de impactos ambientales. La comisión permitía a GOB Mallorca, entre otros, acceder a los informes de riesgos de los técnicos políticos y a “participar y tener incidencia política”, algo que Ramis considera que “se ha perdido”. “Están llevando a cabo pequeñas perversiones con un impacto brutal y nos cuesta mucho que la gente entienda su dimensión”, asegura. El mismo decreto de simplificación administrativa que ha eliminado la Comisión Balear de Medio Ambiente también permite construir en zonas inundables.

El paralelismo entre Illes Balears y València es evidente. El mismo día que la DANA impactaba en el litoral, PP y Vox pactaban en València una enmienda al plan Simplifica de Carlos Mazón para construir hoteles a 200 metros de la costa. La enmienda invalidaba la restricción del anterior Govern del Botànic de construir hoteles en primera línea marítima mediante otro decreto de simplificación administrativa.

Vivir en una autocaravana por no poder asumir el precio habitacional no es un hecho aislado.

Precisamente esas alas de cera del turismo podrían derretirse en la costa, una de las zonas más turistificadas en España. Greenpeace ha contabilizado que cinco millones de personas en España viven bajo riesgo de inundación. La ONG apunta también que el cambio climático y la erosión natural de la costa “han convertido el mayor reclamo turístico de nuestro país en fuente de riesgo e incertidumbre”. En el informe Crisis a toda costa consideran que “la única solución duradera” ante un futuro aumento del nivel del mar y retroceso del litoral es “devolver las playas, marismas y acantilados a su estado natural”. Murcia, Palma, Girona y Cartagena pueden verse afectadas, ya que cada una tiene más de 15.000 viviendas situadas en zonas inundables.

Devolverle el paisaje perdido a la naturaleza es lo que deberá hacer el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura. El Tribunal Constitucional ha avalado el derribo de uno de los hoteles emblemáticos de la histórica cadena RIU por incumplir la normativa de costas. “Además, es un hotel que vierte aguas residuales y fecales al mar”, explica Eugenio Reyes, miembro de Ben Magec-Ecologistas en Acción y de Canarias tiene un límite. Reyes apunta otro de los impactos ecológicos del turismo: el vertido de aguas no depuradas, que tiene en Canarias uno de los focos principales. Estos vertidos, advierte, pueden contener virus, productos químicos, microplásticos o residuos farmacéuticos; y en 2022 estuvieron a punto de cobrarse la vida de un niño de 3 años en el archipiélago.

Canarias tiene una proporción de población flotante de unos siete turistas por cada local, según cifras del INE y Frontur de 2023, de lo que se podría inferir que la mayoría de los residuos de los vertidos son generados por turistas. Además, su huella climática es de primer orden, porque la mayor parte de los 16 millones de visitantes al año llegan en avión. Y no es sólo el consumo de combustible: “El 93% de los alimentos consumidos en Canarias viene de fuera”, explica Reyes. “"En las islas, la huella ecológica es 29 veces más alta que la de la península. Si todo el mundo consumiera como se hace en el archipiélago, necesitaríamos 29 planetas”.

Quizás la artificialidad turística que más se parece a esta situación es la de un crucero. Estas islas flotantes también contaminan, especialmente en España. Un informe de 2022 de Transport & Environment situaba los puertos de Barcelona, València y Algeciras entre los 10 más contaminantes de Europa. Un crucero consume el gasoil de 12.000 coches, y sus emisiones son 100 veces más tóxicas debido al alto contenido de azufre del combustible utilizado. Esta fue la denuncia de Greenpeace durante la convención Málaga Cruise Days. La capital malagueña también se ha posicionado como puerto referente, y su población ya ha recibido desembarcos de 15.000 turistas en un solo día.

A este modelo industrial se le fundieron las alas de cera durante una crisis internacional como la pandemia. Pero en la agenda política no cabe el decrecimiento para la industria de los huevos de oro: AENA prevé un aumento de unos 20 millones de turistas para 2025. El megaproyecto de ampliaciones de aeropuertos ha logrado mantenerse bajo sordina, pero es de un tamaño gigante. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y AENA prevén 13 ampliaciones en las principales ciudades turísticas con una inversión de 6.000 millones de euros. Ecologistas en Acción avisa de que España se comprometió a reducir un 46% las emisiones en el transporte hasta 2030, pero de momento esto no ha sido un freno.

El mismo día que la DANA impactaba en el litoral, PP y Vox pactaban en València una enmienda al plan Simplifica de Carlos Mazón para construir hoteles a 200 metros de la costa.

El aumento del número de turistas equivale a una mayor huella ambiental, pero también a una peor salud para la ciudadanía local. Transport & Environment evidenció que las partículas ultrafinas generadas por los aviones en España causan 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.339 de demencia. Las cifras de su informe ponen a España a la cabeza de Europa en lo que se refiere a hipertensión y demencia causados por la cercanía a aeropuertos.

Flotando en el aire queda la gran pregunta: ¿Dónde está el límite del modelo turístico?

¿Llegará un punto en que al sector se le derretirán las alas, como le sucedió a Ícaro? De momento, las consecuencias del cambio climático han empezado a demostrar lo que podría llegar a suceder, mientras una sociedad en ebullición se alza contra el turismo depredador y exige ciudades para vivir.

Jana Pacheco (Málaga)

“El espacio que he encontrado aquí no lo encontraré en otro sitio. Vine de Madrid hace cuatro años y durante los últimos tres he desarrollado un proyecto artístico llamado ‘El Palomar’ en mi casa, en el centro de Málaga. Durante el último año ha aumentado el nivel de violencia nocturna y peleas. Tengo dos discotecas delante de casa. Una abrió hace poco y hay más público turístico. A las cuatro de la mañana me encuentro despedidas de soltero generando ruido. También he notado más precariedad: hace poco un hombre durmió en el portal. Lo probable no es solo que me vaya de esta casa, sino también de Málaga, donde un piso lejos del centro te cuesta 1.200 euros. Pero si me voy, se acaba mi casa y se ve expulsado el proyecto artístico que desarrolaba en ella. Por suerte, ‘El Palomar’ es también un proyecto online y no desaparecerá”.

Clara Ingold (Mallorca)

“El barrio de Sa Gerreria ha seguido todos los pasos crueles de la gentrificación. Era el antiguo ‘barrio chino’ y ahora hay las mismas cadenas que te encuentras en todas las ciudades turísticas. Aquí había una espartería, que era la tienda más antigua de la ciudad [desde 1510], y ahora ese bloque es una vivienda unifamiliar de lujo. La especulación siempre viene de fuera y nunca es para tener un vecindario. Compran los edificios, y mientras hacen la obra, los venden. Enfrente de donde vivo, un sueco ha comprado una finca entera de cinco plantas. A sus obras le han precedido la de otros dos bloques detrás de casa. Estamos acorralados. Llevo dos años de ruidos insoportables. Soy actriz y dramaturga y no puedo trabajar en casa. He intentado canalizar mi indignación haciendo sátira de ello en mis redes”.

Lidia Cruz (Las Palmas)

“El barrio de Guanarteme fue construido como barrio residencial y fue ideado para albergar viviendas unifamiliares. El residencial Las Américas, un edificio de más de 400 viviendas, es el ejemplo de cómo está cambiando el barrio, de casas bajas unifamiliares a bloques altos con decenas de pisos, algunos de ellos turísticos. La red de saneamiento es de los años 50 y 60, no soporta la población actual, ya que está pensada para viviendas más pequeñas. A menudo, cuando llueve, se levantan las alcantarillas y todo sale hacia afuera. Vivimos delante de la playa y todo eso va al mar. El crecimiento desorbitado también ha llevado a la desaparición de parte del tejido vecinal por culpa de las viviendas turísticas. Como estamos delante de la playa, somos un reclamo”.

Luis Mozón (Barcelona)

"En 2019 nos enteramos de que el propietario de la última librería del barrio se jubilaba. Fue una auténtica desgracia. Como presidente de la asociación Barceloneta Alerta buscamos cómo financiar e intentar reflotarla. Coop57 nos ayudó en lo económico porque demostramos que era un proyecto social de interés para el barrio y logramos que 150 vecinos y vecinas avalaran el proyecto. Pero al año siguiente vino la pandemia y la gente cogió la costumbre de comprar libros por internet. Pusimos la librería al servicio de plan comunitario de la ciudad y, pese a que el propietario nos bajó el alquiler, no logramos reflotar. Ahora en su lugar hay una tienda de growshop. En la Barceloneta están desapareciendo muchos comercios de proximidad porque el turismo ha hecho subir mucho los precios".

Pilar Puente (Madrid)

“Nuestro bloque, en la calle San Ildefonso, lo compró un fondo de inversión que pretende hacer pisos turísticos. Se trata de ATM-TYR Real Estate, que pertenece a un empresario metido en el negocio de hospitales y al marido de la sobrina de Esperanza Aguirre. Es lo que está pasando por todo Lavapiés y la zona centro. Hay varios edificios que se han vaciado enteros y ahora se disfrazan de ‘hotelitos’. En nuestro bloque de 24 viviendas nos organizamos para hacer frente a esta expulsión con el Sindicato de Inquilinas. Les ofrecimos comprarles el bloque y hacer una cooperativa de vivienda, pero se han negado. Yo llevo 27 años viviendo en este piso y lo he reformado todo con mi tiempo y mi dinero. Ahora, si me tengo que ir, pagaría el doble de lo que estoy pagando”.