Recuperar el territorio: sí se puede

‘Viajes baratos Europa’. Enter. En la esquina superior derecha, una anotación indica que se han encontrado, aproximadamente, 16.200.000 resultados. Clic en ‘Imágenes’: una cascada de fotografías llena la pantalla. Los tejados anaranjados contrastan con los azules del agua sobre la que se incrusta el pedazo de tierra. El paisaje se repite con escasas variaciones: en algunas de las imágenes aparece un bosque exuberante a lo lejos; en otras, la torre afilada de una iglesia. En la mayoría está atardeciendo. En todas ellas se esconde una promesa de belleza y de paz.

Algo similar ocurriría si se sustituyera en el buscador la palabra ‘Europa’ por ‘Caribe’ o ‘Asia’. Si por algo se caracteriza la turistificación es que se trata de un fenómeno global. Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), entre enero y julio de 2024 unos 790 millones de personas viajaron alrededor del mundo. Esta cifra prácticamente alcanza las cifras del mismo periodo en 2019, antes de la crisis generada por la pandemia de la covid-19. De hecho, España ya ha batido récords este verano al registrar 45,17 millones de turistas internacionales. Este es el registro más alto recogido por la Estadística de Movimientos Turísticos en las Fronteras (FRONTUR) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

2024 también ha sido el año en el que la ciudadanía ha plantado cara a las consecuencias generadas por esos flujos turísticos. En algunos territorios, las luchas vecinales han presionado a las autoridades competentes para que implementen normativas que pongan coto a la masificación turística. Los locales se resisten a que su territorio y su forma de vida sean consumidos vorazmente por los visitantes.

Sin cruceros en la costa

El 25 de marzo de 2021 se cumplieron 1.600 años de la fundación de Venecia. Pocos días después, el Ejecutivo de Mario Draghi, entonces presidente de Italia, prohibió la entrada de cruceros de más de 25.000 toneladas y portacontenedores en el centro de la ciudad. Hasta entonces, las proas de estos enormes barcos llegaban hasta la misma Plaza de San Marcos a través del canal Giudecca, que recorre el sureste del islote.

En 2018 lo navegaron 594 cruceros: una media de dos al día. Con el tiempo, la afluencia de barcos de gran tamaño ha degradado el fondo de la laguna y la emisión de óxido de azufre ha agravado la polución de la ciudad. A ello se suman los incidentes protagonizados por los cruceros que se han estrellado contra tierra firme y que han puesto en peligro el patrimonio veneciano y las vidas humanas.

La normativa aprobada por Draghi obligaba a los cruceros a desviarse para atracar en el puerto industrial del islote de Marghera, cercano a Venecia. Para ello, el Gobierno italiano informó de que destinaría 157 millones de euros para construir un nuevo atraque, lo que no terminaría con el problema de polución. La concesión de la obra ha llegado tres años después de aquel anuncio, en abril de 2024. Durante todo este tiempo, muchos de esos cruceros han continuado pasando por Giudecca, a pesar de los riesgos.

Más contundente fue la medida tomada el verano de 2023 por las autoridades de Países Bajos para frenar la llegada masiva de cruceros a la terminal de pasajeros del puerto de Ámsterdam, situada en el centro de la ciudad. Con ella, esperan reducir los altos niveles de contaminación que causan los cientos de buques que hacen escala en la capital del país cada año, y que en temporada alta podían alcanzar los cinco barcos al día. Este año sólo deberían haber atracado en la ciudad un máximo de 190 cruceros. El plan es que esta cifra siga descendiendo. Así, para 2026, el número de escalas se limitará a 100 anuales, a la par que la terminal de pasajeros se reducirá a un solo amarre. Es decir, no podrá haber más de un crucero detenido en el puerto a la vez. Además, las autoridades iniciarán el próximo 2025 una investigación para estudiar la posibilidad de reubicar esta terminal en Coenhaven, un municipio a ocho kilómetros de la capital del país, para el año 2035. De esta manera, los cruceristas tendrán que desplazarse por otras vías hasta Ámsterdam, lo que, previsiblemente, reducirá también el número de visitantes que hacen escala en la ciudad. Esto es algo que ya hacen quienes llegan a bordo de estos buques a la ciudad costera de Dubrovnik, en Croacia. En 2020 se cerró el puerto viejo de la ciudad a los cruceros, que ahora deben atracar a tres kilómetros.

La limitación de cruceros es uno de los primeros pasos en algunas ciudades europeas para frenar la turistificación.

Dubrovnik fue el primer enclave turístico de Europa en limitar la afluencia de estos buques. Según recoge la prensa especializada, la ciudad croata pasó de recibir hasta siete barcos diarios —algunos de los cuales podían alcanzar los 10.000 pasajeros—, a un máximo de dos, con una capacidad de hasta 5.000 viajeros. Esta normativa fue acompañada por otras iniciativas, como por ejemplo la prohibición de arrastrar maletas de ruedas por el centro de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento croata lleva varios años definiendo un servicio para transportar las maletas desde el aeropuerto o puerto hasta los hoteles. Gracias a ello, la ciudad ha logrado reducir su contaminación acústica.

La limitación de cruceros también ha sido una de las primeras medidas tomadas por su vecina Grecia para tratar de poner pie en pared a la turistificación en una de sus joyas: las Islas Cícladas. El turismo masivo “es un enorme desafío para las islas, cuyas infraestructuras no fueron diseñadas para la llegada masiva de millones de visitantes, sino para la población local que vivía ahí”, explica Anni Mitropoulou, directora ejecutiva del Cyclades Preservation Fund.

La escasez de agua es uno de los ejemplos más ilustrativos de este desequilibrio, como se evidenció en la grave sequía que azotó el archipiélago el pasado verano y que llevó al Gobierno griego a declarar el estado de emergencia en varias islas. Dadas las consecuencias negativas de la masificación turística, Grecia ha comenzado a reducir el número de cruceros. En especial, en las famosísimas —y muy gentrificadas— Santorini y Mikonos, que verán reducido el número de buques que reciben a diario, pasando del máximo de ocho que han llegado a registrar, a cuatro.

Gravar la turistificación

Las islas griegas también han instaurado la medida que más a menudo coloniza el debate público cuando se habla de turistificación: la tasa a quienes visitan una ciudad. Las autoridades helenas anunciaron en septiembre de 2024 la creación de un nuevo impuesto a cruceristas que, previsiblemente, comenzará a aplicarse en los meses de temporada alta —entre marzo y octubre— del próximo año. A partir de ese momento, los pasajeros que deseen recorrer las empinadas callejuelas de Santorini y Mikonos deberán pagar 20 euros cada vez que desembarquen en las islas.

Las tasas turísticas son ineficaces para contener la llegada de visitantes.

Esta tasa se suma a otra ya vigente desde 2018 y que en 2023 devino en impuesto contra la crisis climática tras la oleada de incendios que sufrió el país aquel verano. Este tipo, que gravaba las estancias hoteleras con importes que oscilaban entre los 0,5 y los 3 euros en función de la categoría del alojamiento, creció hasta alcanzar los diez euros. Actualmente, la recaudación está destinada a un fondo de emergencias para desastres naturales.

Grecia no es el único país que ha incluido el impuesto turístico en su catálogo de gravámenes: también lo han hecho algunas ciudades francesas, alemanas, portuguesas, italianas y holandesas. Todas estas siguen la estela marcada por Catalunya, la primera región europea en implementar una tasa turística allá por el año 2012. Cuatro años después, en 2016, Illes Balears, aprobó la suya.

La fórmula utilizada para aplicar este impuesto es diferente en cada territorio. Así, hay casos en los que se grava el alojamiento, mientras que en otros son los que no pernoctan quienes hacen la contribución más alta, como ocurre en las Cícladas o en Venecia. En el caso de la ciudad italiana, la tasa alcanzará los diez euros en 2025. El objetivo en estos casos es compensar la falta de consumo de los visitantes que pasan el día en estas ciudades pero no pernoctan en ellas.

En torno a esta medida han surgido debates sobre cómo horada las divisiones de clase ya existentes entre los turistas. Ernest Cañada, investigador del think tank sobre la turistificación global Alba Sud, reflexiona sobre el caso de Venecia, y sobre cómo esta tasa “refuerza la elitización de la actividad turística” y promueve “la privatización de los espacios”, que dejan de ser accesibles para una parte de la población: aquella con menor poder adquisitivo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la reserva de un hotel en el casco histórico de la ciudad de las góndolas es bastante costosa.

La tasa se convierte entonces en una suerte de entrada para acceder a los espacios públicos. En muchas ciudades, este impuesto se suma a otra tasa, más extendida, que es la que grava el hospedaje turístico. Es decir, se cobra a quienes sí pasan la noche en la ciudad, una medida que no gusta a las patronales del sector. Cañada propone ir más allá y buscar una “reorganización” más equitativa de las “dinámicas de masificación”. De forma que, más allá de las tasas, se prohíban “los pisos turísticos, se limite la ampliación de hoteles y se acabe con losz privados o el uso de primera clase”.

La evidencia demuestra, además, que las tasas turísticas son ineficaces para contener la llegada de visitantes. En Barcelona, la ciudad que tiene el importe más alto de esta tasa en España —en 2023 alcanzó los 7,5 euros en establecimientos de lujo—,

el turismo no ha hecho más que aumentar: las llegadas de turistas internacionales a la Ciudad Condal se incrementaron un 10% entre agosto de 2019 y 2024, según el INE. Algo similar ha ocurrido en Palma de Mallorca, el municipio más turístico de Balears, que en el mismo periodo ha visto crecer el número de visitantes extranjeros un 27%. Este verano ambas ciudades han alcanzado su récord de visitantes.

Lo que buscan estas medidas es revertir parte de los beneficios generados por el turismo masivo en las propias administraciones. De hecho, por lo general, la recaudación de este impuesto se destina, principalmente, a compensar el impacto medioambiental y social del turismo. Pero ¿y si se evitara ese daño?

Alejar a los turistas para proteger el medio ambiente y a los trabajadores

En 2023, el vídeo de la ladera del Everest llena de basura dio la vuelta al mundo. Las imágenes fueron grabadas por un montañista nepalí conocido como Tenzi Sherpa, quien afirmó que en el área filmada había unos 1.000 kilos de basura, fruto de los desperdicios abandonados por las expediciones a la cima organizadas por diferentes compañías turísticas. Aquella primavera los permisos expedidos para subir el Everest alcanzaron un nuevo récord: 478 pases.

Dadas las evidencias, el Tribunal Supremo de Nepal instó el pasado mes de mayo al Gobierno del país a limitar el número de permisos de escalada que expedía. Y con ello, el número de turistas que pueden ascender a la cumbre, aunque de momento se desconoce en qué cifra se pondrá el tope. La resolución judicial también obligaba a Nepal a idear sistemas para la limpieza de los entornos naturales afectados por la turistificación.

Probablemente el caso más extremo de degradación medioambiental a causa del turismo sea el de la playa de May Bay, en la isla de Phi Phi Leh, archipiélago de Ko Phi Phi, en Tailandia. Conocida mundialmente por ser uno de los escenarios de la película La Playa (2000), después de su estreno comenzó a sufrir la llegada masiva de turistas. Ya durante la grabación del film, el entorno se vio dañado. En 2006 la productora del largometraje, 20th Century Fox y su representante en Tailandia, Santa International Film, fueron condenadas por el Tribunal Supremo de Tailandia a rehabilitar los daños cometidos en la bahía. La sentencia también penalizó a varios altos cargos del Ministerio de Agricultura tailandés.

Pero los daños cometidos durante la grabación no fueron comparables al impacto que tuvo la posterior llegada de turistas a la bahía, que terminó por arrasar la barrera de coral de sus aguas. “Cuando se degrada el medio ambiente y la vida salvaje, toda la naturaleza muere”, reflexiona Anni Mitropoulou, quien considera que es la diversidad de la flora y de la fauna lo que más se daña con el turismo descontrolado. La bióloga griega evidencia que “si dejas que el mar y la tierra se muera, tampoco habrá destino turístico”.

El 1 de octubre de 2018, las autoridades del Parque Nacional de Ko Phi Phi cerraron al público la playa con la esperanza de que, al detener el tránsito humano, el paraje se regenerara. En 2022 volvió a abrir, aunque esta vez con limitaciones horarias y de turistas —unos 300 diarios—, un área limitada para nadar y un embarcadero alejado de la orilla.

Además de la fauna y la flora, el turismo masivo también degrada entornos antropogénicos —vinculados a la presencia de los seres humanos—, como ocurre en el caso de las ruinas incas del Machu Picchu, en Perú, consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Desde entonces, el número de turistas se ha disparado. El trasiego de la muchedumbre ha deteriorado los senderos que llevaban a las ruinas, así como el área del yacimiento y hasta la propia experiencia de los turistas.

En 2017, el Gobierno peruano decidió tomar cartas en el asunto: estableció rutas oficiales, redujo las horas de permanencia en la antigua ciudad inca e introdujo varias prohibiciones —como la de comer en las ruinas— y la obligatoriedad a los turistas de ir acompañados por un guía. Junto a estas medidas, Perú ha implementado otras para aumentar el control sobre una de las empresas que lideran la turistificación mundial: Airbnb. En agosto de este año, Lima aprobó un impuesto del 18% a los apartamentos ofertados en la plataforma y solicitó a la empresa datos de los anfitriones para determinar cuáles de ellos son, a efectos prácticos, una inmobiliaria. En ese caso, la carga impositiva sería aún más alta, rondando el 30%. Perú se suma así a la ola iniciada por la ciudad de Nueva York, donde esta norma se aplicó en 2023. La gran urbe estadounidense ha ido más allá e impide a los anfitriones poner en alquiler la vivienda durante menos de un mes si no están presentes en ella. Los propietarios de las viviendas ven así cercenada la impunidad con la que usaban con fines comerciales lo que otrora fue el hogar de alguien.

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