De Lampedusa a Pylos: Diez años de naufragios y vergüenza

El 3 de octubre de 2013, 368 personas se ahogaron frente a Lampedusa, en Italia; pocos días después, 200 más perdieron la vida en otro naufragio, también en el mismo lugar. El Gobierno italiano, con el respaldo del conjunto de la Unión Europea, exclamó: "¡Nunca más!", y para evitar nuevas muertes, creó y puso en marcha Mare Nostrum, una ambiciosa operación de búsqueda y rescate (SAR, en sus siglas en inglés). El objetivo era que la Marina Militare rescatara a los migrantes cerca de la costa de Libia, en vez de cerca de Italia. La Comisión Europea aportó solo 1,8 millones de euros para un operativo que Italia estimó en 300.000 euros diarios. El Ejecutivo italiano solicitó ayuda a otros Estados de la UE para tareas de vigilancia y recepción de los migrantes, pero sus socios se la negaron.

Las buenas intenciones duraron poco más de un año, concretamente desde octubre de 2013 hasta noviembre de 2014. Mare Nostrum fue sustituida por la Operación Tritón de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Tritón, a diferencia de Mare Nostrum, no era una operación SAR, ya que tenía como objetivo el control de los flujos migratorios. Su área de acción no era el mar de Libia, sino el área situada entre Malta e Italia, porque su objetivo no era salvar vidas, sino el abordaje de las migraciones desde la represión. Era, también, una operación más cara que Mare Nostrum, pero esta vez los socios comunitarios no tuvieron problema en aprobar el presupuesto. En mayo de 2015, cinco meses después del inicio de Tritón, 400 personas se ahogaron frente a la costa libia. En abril del mismo año, entre 700 y 950 personas desaparecieron en el canal de Sicilia, 112 km al norte de Libia. Es la mayor tragedia en el Mediterráneo junto a la reciente catástrofe de Pylos, en Grecia, acontecida en junio de 2023. A 80 kilómetros de Pylos, la Guardia Costera griega provocó el naufragio del pesquero Adriana en un incidente del que aún quedan muchos aspectos sin aclarar. En el barco, que había partido de Libia, viajaban unas 750 personas procedentes de diferentes países, sobre todo de Siria y Pakistán. Solo 100 de ellas fueron rescatadas con vida; todos hombres.

Se calcula que desde el final de la operación Mare Nostrum, en el Mediterráneo han muerto más de 28.000 personas, y aproximadamente 9.000 más lo han hecho en el desierto del Sáhara mientras se dirigían al Mediterráneo. La cantidad de eventos y la gravedad de lo que ha sucedido en la larga década que va desde el naufragio de Lampedusa al de Pylos requeriría varios libros; por ello en este texto nos enfocaremos en lo que ocurre solo en el mar.

De salvar vidas a criminalizar el rescate civil 

Entre 2015 y 2016, las islas griegas se hicieron mundialmente conocidas por la solidaridad hacia las personas refugiadas que escapaban de las guerras de Oriente Medio. En 2015, los rescates eran espontáneos y se llevaban a cabo por residentes locales. A principios de 2016, en las islas griegas operaban varias ONG y grupos de SAR bajo el paraguas de ACNUR y trabajaban en estrecho contacto con la Guardia Costera griega. La cooperación no siempre fue fácil, pero era necesaria y posible. Aunque había casos puntuales de pushbacks (devoluciones en caliente), eran excepcionales. Cuando la Guardia Costera encontraba una embarcación de migrantes en el mar, recogía a las personas y las llevaba al puerto de Mitilene. Después ACNUR dejó de estar presente en los desembarcos para centrar la labor de sus empleados en el registro de los recién llegados en los campos. Cuando una barca llegaba a la costa, recibía asistencia de las ONG y los grupos eran transportados al campo campo de refugiados de Moria.

La presencia de socorristas en las playas y en el mar salvó miles de vidas. Junto a las ONG, había grupos de SAR autoorganizados que patrullaban la costa en busca de embarcaciones. Sin embargo, en enero de 2016, la fiscalía griega puso en el punto de mira a las ONG mediante la detención de tres bomberos sevillanos, voluntarios en PROEMAID, una ONG española formada por profesionales de respuesta a emergencias. Tras una búsqueda nocturna en el mar en la que no encontraron a nadie, los bomberos fueron interrogados y detenidos con cargos de tráfico humano, tentativa de contrabando y posesión de armas —por una herramienta cortacabos que se utiliza en rescates—. Los cargos suponían más de 20 años de prisión, pero fueron absueltos en el juicio que se celebró en 2018. Para entonces ya quedaban pocas organizaciones de SAR operativas.

Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, firmado en 2016, la cantidad de migrantes que llegaba a Grecia disminuyó de manera drástica. Aunque nunca se detuvo del todo, la mayoría de las ONG se fueron. En el mar, entre las islas griegas y Turquía, embarcaciones de la OTAN y de Frontex ocuparon su lugar con el objetivo de evitar las llegadas. La organización de base Campfire, en la costa, y la ONG ERCI, que contaba con embarcaciones, fueron las únicas que se quedaron para atender a las barcas que llegaban. Contra ellas se lanzó una de las operaciones represivas más controvertidas. Los trabajadores humanitarios Sarah Mardini y Seán Binder fueron encarcelados acusados de comunicarse con las embarcaciones de refugiados para ayudarles a evadir a los guardacostas y Frontex, lo que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. Decenas de voluntarios fueron encausados en varias piezas separadas del mismo caso. Aunque las acusaciones eran gravísimas —tráfico de personas, espionaje o pertenencia a organización criminal, entre otras— la instrucción, que no ha acabado, se lleva a cabo con una falta de garantías sonrojante. A Mardini se le prohibió la asistencia a la primera vista —que fue suspendida—, a otras personas acusadas no se les comunicó el cierre de la instrucción, la mayoría no tuvo acceso al expediente, no había traducciones en el juicio… El juicio fue suspendido y, aunque se han retirado parte de los cargos, los más graves aún están en instrucción.

Es evidente que, dada la vulneración de la tutela judicial efectiva y la relevancia mediática del caso, es muy poco probable que nadie sea condenado por rescatar a personas en el mar, sin embargo, la Policía y la fiscalía griegas siguen empeñadas en criminalizar a activistas y organizaciones humanitarias. Solo en 2023 han anunciado operaciones contra 21 personas vinculadas a oenegés en Lesbos. Lorraine Leete, abogada del Legal Center Lesvos, considera que el Estado intenta cubrir sus propios crímenes en el mar desviando la atención a los supuestos actos criminales de oenegés. "No es casualidad que las señaladas por el Estado griego sean las mismas organizaciones que llevaban a cabo rescates en el mar y que documentan las políticas violentas fronterizas e intervienen para proteger los derechos de las personas que cruzan fronteras", dice Leete "[...] Es decir, las mismas organizaciones son un obstáculo para que el Estado ejerza su violencia contra los y las migrantes".

Aunque la mayoría de los montajes policiales no se traducen en condenas, el objetivo está logrado. En la actualidad, en las islas griegas ya no hay ninguna organización civil llevando a cabo operaciones de SAR ni asistencia a los desembarcos, a pesar de que tras el inicial descenso de llegadas, sigue siendo una de las rutas más concurridas. Ya nadie se ocupa de intentar que no se ahoguen.

El mar Egeo no es el único lugar del Mediterráneo en el que los rescates han pasado de ser aplaudidos a ser perseguidos. En Italia y durante el último lustro, los sucesivos gobiernos han intentado acabar con las organizaciones de rescate civil con el argumento falaz de que evitar ahogamientos provoca un efecto llamada. En agosto de 2019, el entonces ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, impidió el desembarco de una misión del Open Arms. La embarcación, con 163 personas a bordo, necesitó 21 días para llegar a un puerto seguro. Varias oenegés, incluida la catalana, demandaron a Salvini para que los tribunales reconocieran el deber de asistencia en el mar, así como la importancia de la labor de las embarcaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo en defensa de los derechos humanos.

A diferencia del caso griego, los rescates cerca de Italia o Malta se realizan en aguas internacionales, por lo que Italia no puede prohibirlos; aunque sí puede dificultar su labor. Este año, el Decreto Meloni, que recibe el nombre de la actual primera ministra, restringió considerablemente las operaciones de rescate al introducir un código de conducta que deben seguir las oenegés. Una de sus medidas más llamativas es que los barcos ya no pueden dirigirse al puerto seguro más cercano, sino que se les asigna uno de manera arbitraria, a menudo en el norte del país. Tampoco permite que las personas rescatadas por un barco sean trasladadas a otro. Para quien lo incumpla, establece el secuestro de las naves, multas de 50.000 euros para los armadores y de hasta 10.000 euros para los responsables de la misión.

Pushbacks, una práctica cada vez más habitual 

La ausencia de testigos en el mar es un factor determinante que ha facilitado los pushbacks en el Mediterráneo. En Grecia, hay registro de ellos desde antes del comienzo de la llamada crisis de los refugiados de 2015. Sin embargo, desde la llegada de Nueva Democracia al Gobierno del país heleno en 2019, esta práctica se ha convertido en la herramienta ordinaria de gestión de la migración. El gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis siempre ha negado su existencia, a pesar de las pruebas aportadas por periodistas, oenegés, ACNUR, el Consejo de Europa o los testimonios de centenares de migrantes. A la vez, Mitsotakis ha declarado que su uso sería legítimo, porque el objetivo es proteger las fronteras nacionales y europeas por cualquier medio.

Se le llama pushback al secuestro de personas y posterior expulsión desde un Estado a un país tercero sin que se lleve a cabo ningún trámite administrativo. En el mar, las patrulleras de la Guardia Costera helena interceptan a diario embarcaciones con migrantes en aguas griegas, las retiran o les rompen el motor y las remolcan hacia aguas territoriales turcas. A veces, las personas son obligadas a subir a balsas salvavidas inflables y posteriormente son abandonadas a la deriva. En tierra, las autoridades persiguen a los migrantes que se esconden en los bosques, los detienen, a menudo les roban, los golpean y los esposan con bridas antes de abandonarlos en el mar en lanchas salvavidas. Cada día, la Guardia Costera de Turquía los rescata después de angustiosas horas en el mar en las que no pueden hacer nada. Las familias rotas se rompen aún más: los niños son separados de sus padres y madres —hay casos en los que los progenitores se quedaron en Lesbos mientras sus hijos fueron devueltos a Turquía, o viceversa—, o los miembros de la familia se pierden en el mar.

Hay pruebas de personas que han sido abandonadas en islas deshabitadas e incluso de algunas que han sido empujadas al mar, sin chalecos salvavidas, y a veces con las manos atadas. Al menos tres personas han muerto por este método. En mayo de este año, Said Tohow, de 20 años, murió ahogado durante un pushback mientras los guardacostas permanecían impasibles y apuntaban su foco hacia él, para que su ahogamiento fuera visible al resto de los migrantes que viajaban en la patera antes de expulsarlos a Turquía. En otra ocasión, a un grupo de refugiados les apretaron la cara contra el cadáver de un perro mientras se burlaban de ellos. En otra, numerosas mujeres fueron desnudadas y policías hombres les metieron sus dedos en los genitales para buscar dinero o joyas ocultas. También se lo hicieron a muchos hombres y niños, sin cambiarse de guantes, pero en el caso de las mujeres, en ocasiones, este gesto tiene una clara connotación sexual. Muchas personas fueron abandonadas desnudas tras ser golpeadas brutalmente. Varios relataron haber sido sometidos a descargas eléctricas. BVMN (Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, por sus siglas en inglés) se dedica a recopilar y analizar casos similares a estos. Médicos Sin Fronteras (MSF) recientemente ha publicado un informe en el que recopila cientos de casos y analiza las consecuencias psicosociales de los mismos. Legal Center Lesvos ha denunciado decenas de casos relativos a pushbacks y dos de ellos se encuentran sub iudice ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En ocasiones la violencia parecía tener el único fin de divertir a los hombres encapuchados que realizan los pushbacks. Se desconoce si son policías, guardacostas o una unidad paramilitar. Estas prácticas comportan la negación del derecho al asilo y otros derechos fundamentales a través de la violencia. Los pushbacks son inherentemente violentos y su invisibilidad fomenta la impunidad de sus autores. Se llevan a cabo con extrema violencia con un objetivo disuasorio: "No lo intentes, o esto es lo que te sucederá".

En la última década, el Mediterráneo se ha convertido en un lugar mucho más vigilado, lo que ha modificado la manera en la que refugiados y migrantes lo atraviesan. Zarpan cada vez desde puertos o playas más lejanas y navegan distancias cada vez más largas para no ser interceptados. Las políticas europeas han convertido un mar que ya se había cobrado miles de vidas en un lugar aún más peligroso, si es que eso era posible.

La externalización de las fronteras como método de gestión de la migración

En los últimos diez años se ha intensificado la externalización de fronteras, una tendencia iniciada varias décadas antes. El concepto de frontera ha experimentado una desterritorialización gradual y se ha alejado de los límites geográficos que solían definir un adentro y un afuera. Las fronteras europeas ya no se encuentran únicamente en las lindes geográfico-administrativas de la UE, sino que se manifiestan en todo lugar donde se aplican controles selectivos; desde agencias de viaje, a aduanas de países no colindantes con la UE. Una de las externalizaciones más relevantes, por sus efectos, es el acuerdo de la UE y Turquía de 2016, aunque no es un tratado internacional, ni un convenio. Técnicamente solo es un apretón de manos entre gobernantes y una declaración. El protocolo bilateral de readmisión de migrantes firmado entre Grecia y Turquía en 2002 sí tiene rango normativo. El más reciente acuerdo con el Gobierno autoritario de Túnez también contiene cláusulas concretas. Otros proyectos recientes son el acuerdo de Gran Bretaña y Turquía y la polémica propuesta del Gobierno de Meloni para trasladar a los solicitantes de asilo en Italia a Albania, donde deberán esperar —si se aprueba— la resolución de su expediente.