Delito ecológicoLos vertidos de aguas fecales del ‘municipio Gürtel’ que sientan en el banquillo al sustituto de Santamaría

La depuradora de la localidad madrileña de Húmera, conocida popularmente como la EDAR (acrónimo de Estación de Depuración de Aguas Residuales), lleva al menos desde comienzo de este milenio vertiendo, con suficientes evidencias, residuos contaminantes al Arroyo Antequina, el riachuelo que atraviesa la Casa de Campo y que resulta ser, además, afluente del Manzanares y, por tanto, del cauce del Río Guadarrama.

Aunque, en verdad, son muchos más. Porque la construcción de esta obsoleta, rudimentaria y reducida, por su dimensión, instalación para la gestión de sumideros del Canal de Isabel II data de la década de los setenta. Cuando la barriada, o pedanía, de Húmera, adscrita al municipio de Pozuelo de Alarcón, apenas tenía medio centenar de viviendas. Fue, sin duda, el último gesto municipal hacia la limpieza de las aguas fecales de esta parte del municipio.

Porque los cuatro últimos alcaldes de la localidad (Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y encarcelado por la primera parte del caso Gürtel; Gonzalo Aguado, su sucesor tras recibir la imputación, un político de larga trayectoria como cargo de confianza de altos jerarcas del PP, como Francisco Álvarez Cascos; Paloma Adrados, actual presidenta de la Asamblea de Madrid y mano derecha, durante muchos años, de Cristina Cifuentes en el seno de la formación popular madrileña, y la actual primer edil, Susana Pérez Quislant) han hecho lo imposible por incumplir el mandato específico para “su desmantelación”, primero, y su posterior “traslado” a un lugar más alejado del “núcleo urbano” de Húmera que se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana de 2002. Por mucho que la redacción del citado road map del urbanismo municipal lo aprobara uno de los suyos, el alcalde José Martín Crespo, al frente de varias legislaturas sucesivas de la localidad.

Al año siguiente de este compromiso oficial tomó posesión de su cargo Sepúlveda. El segundo alcalde más votado de las elecciones municipales de mayo de 2003. Las mismas en las que se vivió el tamayazo que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en uno de los más claros ejemplos de fraude electoral no resuelto (aunque ya prescrito).

Y un periodo en el que el boom inmobiliario auspiciado desde el Gobierno de José María Aznar (en la antesala de su dedazo a Mariano Rajoy como su relevo en el partido y como cabeza de cartel electoral en los comicios de 2004, en los que irrumpieron los atentados del 11-M) facilitaba la especulación con sus leyes de Suelo y de Haciendas Locales.

El ex marido de Ana Mato paralizó la decisión de Martín Crespo. Con el beneplácito de Aguado, a la sazón concejal de Urbanismo y tercer teniente de alcalde de la corporación de Sepúlveda, y de Yolanda Estrada, edil de Obras y brazo ejecutor de una decisión que, desde Somos Podemos, achacan al “fervor por el desarrollo urbanístico de la época”, en alusión al crecimiento especialmente dinámico por la llegada de la gran empresa a la Urbanización La Finca o a la proximidad de la de Somosaguas. Y algo de agua debe llevar ese río porque la ex concejal es, en la actualidad, la directora general de A-cero, la número tres del escalafón del estudio de urbanismo de Joaquín Torres, el famoso arquitecto que ha diseñado gran parte de las más caras mansiones de lujo de La Finca, la urbanización estrella de Pozuelo, con permiso de Somosaguas, donde residen famosos como Carlos Sainz, Penélope Cruz y Javier Bardem y una larga lista de futbolistas y artistas

El caso es que la depuradora, en la actualidad, debería prestar su servicio de depuración a unas 36.000 personas. El equipo de Sepúlveda trató de parchear el asunto. Ampliaron, bajo la tutela de Estrada, involucrada también en casos relacionados con la corrupción del PP, la EDAR. Pero su eficiencia ha sido deplorable.

Porque el Seprona, el servicio de vigilancia medioambiental de la Guardia Civil, ha constatado las irregularidades en los vertidos y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), de la que dependen las buenas condiciones de los cauces fluviales de Madrid, también haya remitido al Ayuntamiento de Pozuelo varias multas (al menos seis, en los último tres años, de cinco dígitos en total), por vertidos contaminantes. 

Si bien podrían ser muchas más porque la CHT inició las investigaciones ya en 2005. La depuradora data de 1997 y fue rehabilitada en 2006 por el equipo de gobierno de Sepúlveda. Sin el pertinente informe de impacto ambiental. Motivo por el que se han sucedido y acumulado las multas desde la CHT.

Por su parte, el Seprona ha tomado declaración a los concejales que, a su juicio, tuvieron algún tipo de responsabilidad sobre la depuradora y sus conclusiones se han enviado a la fiscalía, que decidió iniciar el trámite judicial en curso. Porque, efectivamente, el asunto, por fin, se ha judicializado. Desde el verano de 2017. A instancias de grupos vecinales de Húmera. Con el apoyo de Somos Pozuelo, la marca electoral en esta localidad del oeste de la capital de Podemos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón ha citado en calidad de investigada a la actual alcaldesa, Pérez Quislant. Aunque también a otros diez altos cargos de los Gobiernos anteriores desde 2005, por un presunto delito contra el medio ambiente en la Depuradora de Húmera.

Acudirán a declarar ante la jueza Mónica Gómez, que mantiene abierta la causa, en fase de instrucción, la próxima semana. Entre los días 17 y 19 de septiembre. Por sus instalaciones desfilarán, además de la regidora, Mariano Pérez Hickman; José Antonio Sáez y Félix Alba (todos ellos con especiales competencias y poderes en el grupo municipal del PP y en el partido, dentro de la esfera local, en la época de Sepúlveda); Pablo Gil (entonces un líder municipal en ciernes, por su juventud, que procedía de Nuevas Generaciones) o Eduardo Oria cuyo protagonismo creció bajo el gobierno de Aguado. También Mónica García, a la que el alcalde Sepúlveda la fichó como número dos de su gabinete, y que luego accedió al cargo de concejal. Además de Estrada, el ex alcalde Aguado y otro edil, Diego Lozano.

El sustituto de Sáenz de Santamaría

Especialmente ilustrativa de la capacidad de los otrora imputados en esta causa es la situación de Mariano Pérez Hickman. Apodado por sus propios compañeros de partido como "el hombre de las mil conexiones". Que es casi lo mismo que decir que se mueve como pez en el agua en las cloacas del PP. O, si se quiere utilizar la jerga políticamente correcta, en la sala de máquinas del partido.

Porque Pérez Hickman tiene más vidas (políticas) que un gato. Paradójica o casualmente, es la persona que hereda el acta de diputada de la ex vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, lo que, a buen seguro, impedirá su comparecencia ante el juzgado de Pozuelo -está citado para el 19 de septiembre- porque su reincorporación al Congreso (ya ha ocupado escaños en periodos de sesiones precedentes; en concreto, en la octava y décima legislatura) implica, de manera inmediata, su condición de aforado. Y, por tanto, su implicación en esta investigación acabaría en el Tribunal Supremo.

A pesar de que, desde Somos Pozuelo, reclamen su renuncia al escaño ante la gravedad de los hechos que se le imputan. Hickman, próximo a Aznar, ha sido concejal de Pozuelo desde 1991 hasta 2011, llegando a ser primer teniente de alcalde. Además de ser el coordinador del Área de Organización Territorial del PP y gerente de la formación en Madrid, en 1988.

El portavoz de Somos Pozuelo, Pablo Gómez Perpinyà, resalta el incumplimiento prolongado en el tiempo del PP en este espinoso asunto en el que su formación está personada como acusación popular, y en la necesidad de “restaurar el patrimonio natural de Pozuelo y de acabar con este despropósito”. La EDAR de Húmera, apuntan desde la formación morada, requiere de medidas correctoras urgentes e ineludibles, coinciden las voces vecinales de esta barriada de Pozuelo. No sólo por los posibles delitos ecológicos. También por la emisión de olores nauseabundos, de alta concentración de gases azufrosos, precisan desde Somos Pozuelo. Un peligro para la salud pública. Algo que también está penado.

El Arroyo Antequina sólo contiene caudal, en periodo de estiaje, procedente de la depuradora de Húmera y de la colindante, perteneciente a la Universidad Complutense. Es decir, que cuando discurren sus aguas en verano, su cauce fluye bajo unas condiciones ambientales y sanitarias no aceptables. Incluso por el emblemático Parque Forestal Adolfo Suárez, antes conocido como de Somosaguas, la auténtica arteria verde del municipio. Donde acuden altas concentraciones de insectos en época estival.

El Ayuntamiento de Pozuelo dice que “no se trata de un caso de corrupción, sino de un presunto delito ecológico”

Hasta tal unto que la propia Comunidad de Madrid ha calificado a esta zona como endémica en cuanto a la infección por Lehismania. Coincidiendo, para más inri, con el cauce del Arroyo Antequina. Enfermedad que afecta a animales como perros, liebres y conejos que habitan por esos lares. Pero también a los humanos. Motivo adicional por el que los grupos vecinales han reforzado su petición expresa para que se corrijan las anomalías de la EDAR, se dejen de realizar vertidos y se limpie y purifiquen las aguas de Antequina, se aplique tratamiento eficaz contra las plagas y se cumpla de inmediato con la directiva comunitaria de preservación medioambiental. Y es que Europa ha multado a España con 12 millones de euros por inadecuado tratamiento de sus aguas residuales.

En el grupo municipal socialista de la localidad se apresuran a relacionar este borrón contra las normas medioambientales con que las provoque el municipio más rico de España según su renta per cápita. Mientras que, desde el Ayuntamiento de Pozuelo se recuerda a través de comunicado oficial, que “no se trata de un caso de corrupción, sino de un presunto delito ecológico”, que la alcaldesa está siendo investigada por su vinculación, como teniente de alcalde, en el equipo de gobierno precedente y que, en un reciente pleno municipal, de junio pasado, se liberaron 3,5 millones de euros al reacondicionamiento de la depuradora.