Los trabajadores de La Princesa denuncian presiones de la dirección

Los trabajadores del hospital madrileño de La Princesa, que llevan dos semanas encerrados para protestar contra la voluntad de la Comunidad de Madrid de convertir este centro de referencia en uno "de alta especialización para patologías del anciano", denuncian "presiones" de la dirección para que abandonen sus reivindicaciones. Este viernes, el gerente del hospital, Miguel Ángel Andrés Molinero, retiró una pancarta de grandes dimensiones que pendía de la fachada del edificio y que habían realizado estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y en la que podía leerse el lema "Salvemos La Princesa". 

Además, varios trabajadores han asegurado a Público que Andrés Molinero aprovechó el cambio de turno de la noche, que es cuando menos trabajadores coinciden al mismo tiempo en el salón de actos donde están encerrados, para amenazarles con un posible desalojo. "Nos dijo que nos iba a desalojar e incluso que iba a llamar a los antidisturbios", señala Marga Romero, auxiliar de enfermería que lleva 15 años trabajando en el centro. No obstante, fuentes del hospital niegan cualquier tipo de coacción y aseguran que la gerencia mantiene en todo momento una "actitud de diálogo" y que la pancarta se retiró "por precaución". 

Asimismo, varios auxiliares, médicos y enfermeros aseguran que la dirección del hospital también les ha amenazado con abrirles expedientes si acuden, mientras están de servicio o con su uniforme de trabajo, a la concentración que cada día desde hace dos semanas, a las 11.00 y a las 18.00, rodea el centro. "Hasta ahora nos hemos manifestado sin desatender el servicio en ningún momento. Sin embargo, hoy os han avisado los supervisores y ya se ha notado que ha habido menos gente en la movilización", asegura Beatriz Sandón, enfermera eventual en este centro desde hace una década. "Esto se parece cada vez más a una dictadura, pero tenemos derecho a expresarnos libremente y no vamos a parar de hacerlo", continúa. 

"Es un chantaje. No saben cómo atacarnos, pero el derecho a manifestarnos y protestar está dentro de lo legal", concluye Moreno.