AlgarrobicoEl Supremo aplaza el derribo del Algarrobico "al menos dos años" y echa por tierra todo el proceso

El Tribunal Supremo ha vuelto a prolongar la vida del hotel Algarrobico “entre año y medio y dos años”, según el Gobierno andaluz, que ha recibido esta sentencia en contra como un mazazo. El Alto Tribunal acaba de ratificar la decisión de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía que sentenció que la Junta debía ejercer su derecho de retracto sobre el inmueble por la vía civil -y no la contencioso-administrativa-, como pedía el Gobierno andaluz. Esta decisión beneficia a la promotora y dueña original del hotel, porque supone volver a litigar casi desde cero por una cuestión de forma que, no obstante, impedirá demoler el edificio antes de lo previsto.

El Algarrobico, un macrohotel de 43.840 metros cuadrados de superficie, 22 plantas y 411 habitaciones en primera línea de la playa de Carboneras (Almería), ha sido declarado ilegal en los tribunales más de una veintena de veces, y otras dos veces legal. El fallo definitivo llegó hace un año, cuando el Tribunal Supremo sentenció que el hotel fue levantado en suelos no urbanizables, y que el terreno y lo que en él se construyó era propiedad de la Junta, no de la promotora Azata del Sol que ejecutó la obra.

La sentencia parecía desbloquear definitivamente el plan de demolición del inmueble, pero no, volvió a estancarse en una cuestión de forma. Lo que el Supremo empezó a deliberar hace dos semanas es el modo en que la Junta de Andalucía ejecutaría su derecho de retracto (una especie de expropiación). Es decir, cómo tomaría posesión de su inmueble para, acto seguido, iniciar los trámites de derribo del mayor símbolo del urbanismo salvaje en las costas españolas.

Un enredo de 15 años

Esta maraña judicial ha estado enredada 15 años, casi desde que se colocó la primera piedra (las obras se paralizaron tres años después), y ahora estaba a punto de resolverse definitivamente. Una vez que la justicia resolvió la cuestión de fondo respecto a la ilegalidad del Algarrobico y la titularidad del mismo, la fórmula de cómo la Junta registraría su propiedad parecía un asunto menor, pero no es baladí. Es una retorcida manera de prolongar una vez más la agonía del enorme hotel abandonado.

Los jueces han elegido la vía más aparatosa
y la que más
espanto causaba
a la Administración andaluza

El Supremo podía resolver de dos maneras: permitir a la Junta registrar su propiedad por la vía Contencioso Administrativa, como esperaba el Gobierno andaluz, u obligarla a ir por la vía Civil, como exigía la promotora y como resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ese es el auto contra el que el Gobierno andaluz presentó un recurso de casación ante el Supremo, el último capítulo de esta enrevesada maraña judicial.

Si los jueces del Alto Tribunal hubieran optado por la primera fórmula, se habría activado la vía más rápida, la que permitiría reprogramar de inmediato el protocolo de demolición firmado por la Junta y el Gobierno central en 2011 (en stand by desde entonces). Pero los jueces han elegido la vía más aparatosa y la que más espanto causaba a la Administración andaluza, porque implica retrasar la demolición del macrohotel otros “dos años al menos”, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La vía Civil obliga a la Junta de Andalucía a inscribir su titularidad sobre el Algarrobico en el registro de la propiedad, una acción que previsiblemente será de nuevo impugnada por los dueños originales en un juzgado ordinario. Así comenzará un nuevo litigio entre ambas partes que volverá a empezar por un tribunal normal, de ahí pasaría a la Audiencia provincial, luego al TSJA, y finalmente volvería a manos de los jueces del Supremo. “Dos años aproximadamente”. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige José Fiscal, da por hecho que la promotora Azata del Sol exprimirá este nuevo litigio, que les devuelve a la casilla de salida, “porque pese a lo que han dictado los tribunales se sigue considerando propietaria del inmueble y del solar donde se encuentra”.

Susana Díaz era optimista porque el Supremo ya aceptó su recurso de casación

El Gobierno de Susana Díaz era optimista porque el Supremo ya aceptó su recurso de casación, de ahí que hubiera reservado una partida en los próximos presupuestos autonómicos para reactivar el protocolo de derribo del Algarrobico y la posterior restauración paisajística de la zona. La demolición y los trabajos posteriores se cuantificaron en 7,1 millones de euros, una cuantía que tendrán que abonar a medias Junta y Gobierno central.

El coste del derribo del macrohotel fue calculado por los técnicos de la empresa pública Tragsatec, incluyendo demolición del mismo y gestión y traslado de residuos. Sólo el derribo costará 3,9 millones, se generarán 60.000 metros cúbicos de escombros, y 1,4 millones costará la restauración de los 6,5 hectáreas de terreno. El inmueble se construyó excavando la ladera de un monte, que tendrá que ser rellenado usando parte de los restos del edificio para las primeras capas de relleno (20.000 metros cúbicos de residuos). Sobre éstas, está previsto un plan de reforestación verde, que necesitará contratar a unos 200 operarios, según la Junta.

La historia del hotel Algarrobico es larga y está llena de grises. Empezó a construirse en 2003, con autorización del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tres años después, el 21 de febrero de 2006, un juzgado de Almería ordenó paralizar las obras. Una década de denuncias, litigios y recursos judiciales después, el Supremo resolvió que el enorme edificio invadía los 100 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre, en mitad de una zona protegida del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, donde está prohibida la construcción. Los suelos son propiedad del Gobierno andaluz, que ejerció el derecho de retracto desde el primer pulso judicial, en 2006, cuando adquirió los terrenos donde está levantado el hotel por 2,3 millones de euros (depositados en una entidad bancaria hace 11 años).

En paralelo al proceso demolición hay otro proceso judicial pendiente, el de la indemnización que reclama la promotora del inmueble, unos 70 millones de euros a todas las administraciones implicadas: el Ayuntamiento de Carboneras, la Junta y el Gobierno central. Este litigio está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional.