La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pactada el lunes en Barcelona por los tres partidos del Govern –PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa– y CiU no se registrará en el Senado hasta la próxima semana para que arranque formalmente su tramitación. Pero, de momento, ya ha tropezado con el recelo del PSOE, que entiende que “es complicado asumir” algunos de los puntos planteados por los grupos catalanes, según confirmaron a este periódico distintos dirigentes. No obstante, no se cerrará una decisión hasta ver si hoy miércoles el Tribunal Constitucional (TC) fracasa en su intento de alumbrar un fallo sobre el Estatut.

En el texto acordado en Catalunya se contemplan dos aspectos que chirrían en Madrid. Uno, que el TC no pueda emitir una sentencia interpretativa, que se ciña a declarar la constitucionalidad o no de los artículos impugnados.

Y dos, que se prevea lo que el PSOE llama “retroactividad”. Es decir, que el corazón de la reforma de la LOTC se aplique a los asuntos que el tribunal está tramitando, caso del Estatut. Y es que el Tripartito y CiU consensuaron que se prohíba al TC dictar sentencia si supera un tiempo entre los seis meses y los dos años, y también que se pueda apartar a los magistrados con el mandato vencido. A día de hoy, han pasado casi cuatro años desde que el PP presentó el recurso contra el Estatut y además cuatro jueces cumplieron sus nueve años en el TC en diciembre de 2007 (María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata).

El PSOE está “dispuesto” a que se admita a trámite la propuesta en el Senado, como prometió el jefe del Ejecutivo. De ahí a aceptar en su integridad la iniciativa, media un trecho. Ante las cámaras, José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, avisó ayer de que su partido discutirá si hay un texto “razonable” que esté “dentro de la Constitución”.

“No parece lógico que podamos aprobar una ley ad hoc, no podemos legislar en caliente para un caso concreto, para beneficiar a una autonomía, aunque sea legítimo que Catalunya o cualquier otra comunidad presente una propuesta para cambiar una ley”, subrayan fuentes socialistas. “La retroactividad y que no haya fallos interpretativos es cargarse el TC”, declara otra dirigente. “Que quede claro que es su vía, la catalana, y otra es la nuestra, y ellos no pueden sacarla sin nosotros. Por tanto, habrá que estudiar el texto y negociar', precisa un alto cargo del PSOE.

En todo caso, aseguran en la cúpula del partido, “se va a buscar otra salida”. Más eficaz y más rápida, ya que una nueva LOTC difícilmente llegaría a estar aprobada antes de los comicios catalanes, en otoño. En el Gobierno y el PSOE madura más una opción que ya avanzó Público el 7 de mayo: activar la renovación del TC. Todo dependerá de si hoy hay sentencia y de la comparecencia de José Montilla, el próximo lunes 24, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, desde luego, de la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero.

 Hace un mes que el PSOE maneja la posibilidad de activar la renovación del TC porque, como asumen fuentes del partido, “la situación ya es insostenible”. El presidente del Senado, Javier Rojo, debería convocar primero la Comisión de Nombramientos. El PSOE promete ser “muy duro” con los dos candidatos del PP, Francisco José Hernando y Enrique López, ex presidente del Supremo y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Después, podría votar en contra de los dos en el Pleno, para así “dejar en evidencia el bloqueo del PP” y reiniciar todo el proceso de nuevo: bien reclamando nombres a las comunidades autónomas o bien buscando y buscar otros nombres.

Los socialistas también podrían tragar, en la Comisión de Nombramientos y en el pleno del Senado, a los dos aspirantes, opción nada descartable. “Se vería que ante la irresponsabilidad del PP, cede el partido responsable, que no quiere que se dañe más al TC”, arguye una dirigente. Si se logra la renovación (los cuatro del Senado y el que corresponde al Congreso por la muerte de Roberto García-Calvo), el tribunal se compondrá de siete jueces progresistas y cinco conservadores. Claro que este año acabarán su mandato otros tres miembros del TC (Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado), los que debe designar la Cámara Baja.