El Estado niega a presos de ETA enfermos los beneficios que sí otorgó a miembros del GAL

Fue un rayo de luz. Una invitación a la esperanza. Ocurrió en verano, una época en la que normalmente suceden (informativamente hablando) pocas cosas. Pedro Sánchez, recién elegido presidente del Gobierno de España tras la moción de censura que destronó a Mariano Rajoy, prometió una política penitenciaria adaptada a la nueva realidad de paz. Con ETA ya disuelta, el Ejecutivo del PSOE auguraba pasos en las cárceles. Entre los primeros beneficiados estarían los más olvidados: dos decenas de presos con enfermedades graves que, si hubiesen sido tratados como cualquier otro recluso, no estarían detrás de unos barrotes.

La esperanza empezó a diluirse en otoño y ahora, ya en invierno, se ha convertido en incertidumbre y desazón entre las familias de los presos, que este sábado a la mañana se han movilizado en Donostia y Galdakao (Bizkaia), mientras que por la tarde tienen previsto hacerlo en Vitoria. Las movilizaciones han sido convocadas tras la muerte de Oier Gómez, el ex preso de ETA fallecido el pasado día 26 en el hospital de Baiona (País Vasco francés) tras una larga enfermedad. Gómez, que cumplió pena en Francia, había sido excarcelado en abril de 2017 por el Tribunal de Aplicación de Penas de París debido a su estado de salud.

En ese contexto, la manifestación que recorrió el centro de Galdakao (Bizkaia) transcurrió bajo gritos a favor de la libertad del vecino de esta localidad Txus Martin, quien continúa preso en la cárcel de Zaballa pese a sufrir una grave enfermedad. "Txus, askatu. Preso gaixoak etxera" (Txus, libre. Los presos enfermos a casa"), rezaba la pancarta. También hubo consignas en recuerdo de Oier Gómez.

La movilización terminó en el frontón del pueblo, donde los organizadores leyeron un comunicado en el que denunciaron la situación que atraviesa Martin, quien actualmente está a la espera de ser operado otra vez del corazón. Sus abogados han vuelto a pedir a la Audiencia Nacional que se le conceda la libertad para que pueda ser atendido en condiciones, pero tal pedido ha sido nuevamente denegado.

Dichos y hechos

Los congregados este sábado en Galdakao tenían muy presente cómo ha sido el proceso vivido desde el pasado verano en España, cuando parecía que todo iba a cambiar: Sánchez auguró entonces que se movería, su ministro de Interior (el ex juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska) lo ratificó en un par de ocasiones… Y poco más. ¿Ha habido acercamientos de reclusos? Sí, pero pocos y no precisamente a cárceles del País Vasco. ¿Ha cambiado la suerte de los enfermos? De momento, salvo contadas excepciones, no.

Uno de los expedientes excepcionales lleva el nombre de Asier Aginako, quien el pasado 16 de enero fue intervenido quirúrgicamente. Su abogado intentó que fuera liberado antes de ser operado, pero no lo consiguió. De hecho, del hospital fue llevado otra vez a la cárcel de Picassent (Valencia). Finalmente, la Sala de lo Penal admitió esta semana el recurso presentado por la defensa de Aginako –a quien le queda un año para cumplir su condena- y decretó su libertad para que pueda ser atendido en condiciones óptimas.

Con unos sí, con otros no

“El artículo 100.4 que posibilita que un preso gravemente enfermo pueda cumplir su condena en prisión atenuada, por ejemplo en su casa”, señala Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de la red ciudadana Sare, una agrupación que reclama el respeto de los derechos humanos para quienes cumplen condenas por delitos relacionados con ETA. “Sin embargo –continúa-, no se les aplica la ley como en los casos de otros reclusos”.

Entre esos otros casos figuran algunos personajes muy conocidos. Por ejemplo, el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo consiguió ser excarcelado en 2004 por motivos de salud. Lo mismo ocurrió con el ex gobernador civil Julen Elgorriaga y con el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. A todos ellos les hermanan unas mismas siglas terroristas: GAL. Sin embargo, el Estado no aplicó contra ellos ninguna de las medidas penitenciarias de excepción que sí utilizó –y, de momento, sigue utilizando- contra los reclusos que fueron condenados por pertenencia o colaboración con ETA. Por el contrario, facilitó sus excarcelaciones o cambios de grado por motivos de salud.

Muertes evitables

La diferencia de trato hacia unos y otros es enorme. En un informe presentado hace pocas semanas, la asociación Jaiki Hadi –compuesta por profesionales de la salud- advirtió sobre la grave situación que padecen los 21 presos que, a pesar de padecer distintas enfermedades, continúan en prisión. “Hemos sido testigos también de las consecuencias más graves y dramáticas de esta política: los presos que han perdido la vida en la cárcel, en algún caso muertes que podían haberse evitado, o la lista actual de presos y presas con graves enfermedades. Existen también personas enfermas graves encarceladas que por la gravedad de su enfermedad les han aplicado la prisión atenuada en su domicilio, pero dependiendo totalmente del control de la cárcel y con restricciones de todo tipo”, denunciaron.

En esa línea, Jaiki Hadi subraya en su informe que “la cárcel es la institución que debería salvaguardar el cuidado y la completa asistencia sanitaria de los y las presas enfermas”. Por tales motivos, el colectivo de profesionales de la salud reclama a Instituciones Penitenciarias “la suspensión de todas las medidas que creen un sufrimiento añadido o puedan suponer el empeoramiento de su estado de salud”, entre los que citan “castigos de aislamiento, traslados violentos, prolongados o en posturas forzadas, actitudes que vulneran la confidencialidad y el derecho a la intimidad de los y las presas enfermas”.

Por su parte, el colectivo Etxerat –que agrupa a los familiares de presos abertzales- sostiene que el presidente Sánchez “creó expectativas que no se han cumplido” al tiempo que “jugó con las esperanzas de las familias”. “No se ha desactivado el sufrimiento, pero están ofreciendo a la sociedad vasca pistas falsas sobre acercamientos”, afirmó Etxerat en un comunicado.

En cuanto a los presos enfermos, este colectivo señaló que de momento ha habido tres traslados a cárceles algo más cercanas a sus hogares, aunque fuera de Euskal Herria: “Han trasladado a Kepa Arronategi a Zuera (Zaragoza), Gorka Fraile a El Dueso (Cantabria) y a Jagoba Codó a Logroño”. Además, criticó que “el anuncio del traslado de Arronategi estuvo acompañado de la difusión de los datos sobre su enfermedad, vulnerando su derecho a la intimidad y la confidencialidad que el propio preso había pedido que se respetara”.