La primera persona que responderá por un informe policial que muestra el presunto robo de dinero público por la trama Gürtel en Valencia no será uno de los empresarios que supuestamente robó. Tampoco ninguno de los políticos que gobiernan en el País Valencià y bajo cuyo mandato se produjo el delito. La realidad es que el hombre que está más cerca de sentarse en el banquillo por culpa del informe es un miembro de la oposición. En concreto, Ángel Luna, portavoz del PSOE.

Su delito no tiene nada que ver con el contenido del documento, sino más bien con su forma. Luna está a punto de ser juzgado por haber mostrado el informe en Les Corts Valencianes en marzo de 2010. El socialista, azote habitual del presidente Francisco Camps por su presunta corrupción, se subió a la tribuna y enarboló el informe. Apoyándose en sus datos, reprochó a su adversario que hubiera permitido que la trama se llevara casi un millón de euros con ocasión de la visita del papa. El PP no dio explicaciones al respecto, pero sí aprovechó la circunstancia de que el documento estaba bajo secreto de sumario para denunciar a Luna por revelación de secretos.

La denuncia recaló en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y en la persona del magistrado Juan Montero. El juez no vio indicios de revelación de secretos y el delito quedó archivado. Pero consideró sospechosas las explicaciones de Luna sobre la procedencia del informe (anónima) y su destino final (afirmó haberlo perdido). Así que viró su instrucción y decidió imputar a Luna por encubrimiento.

La Fiscalía se ha pronunciado varias veces a favor del archivo de todos los cargos con el argumento de que no se puede encubrir un delito que no se ha demostrado cierto. Por su parte, Luna esgrime su inviolabilidad parlamentaria y asegura que no es el único informe que le ha llegado de forma anónima: 'Hay gente dispuesta a ayudarme a destapar la corrupción, y no lo voy a desaprovechar', declaró no hace mucho ante la prensa.

El PP, personado como acusación popular, pidió que se abriera juicio contra él y que fuera inhabilitado de sus cargos durante dos años y nueve meses. Ayer, el juez Montero se apoyó en esa petición para decretar la apertura del juicio. El magistrado ha cerrado la instrucción sin esperar a que la Sala de lo Civil y lo Penal resuelva los recursos que Luna presentó hace una semana.

El futuro del socialista está ahora en manos de la Sala, que puede dar por buenos los recursos del imputado y archivar el asunto, o abrir juicio. La celeridad de Montero en cerrar la instrucción no ha sorprendido al resto de magistrados, según fuentes jurídicas cercanas al caso, que afirman sin embargo que la Sala no se sentirá condicionada en su decisión final.