Interpol vuelve a negarse a colaborar en el 'caso Couso'

Interpol ha vuelto a negarse a cursar las alertas solicitadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra los militares estadounidenses que dispararon un proyectil contra el hotel Palestina, en Bagdad, el 8 de abril de 2003, y causaron la muerte del cámara José Couso. Esta vez la negativa se basa en que es imposible incluir los segundos avisos solicitados por el juez en sus listados, porque se desconoce la fecha de nacimiento de los investigados, el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.

En una escueta respuesta Interpol informa al Juzgado que la Oficina Central Nacional "no ha podido efectuar tales difusiones dado que los formularios automáticos ofrecidos por Interpol obligan necesariamente a la inserción de la fecha de nacimiento de los citados".

El comunicado responde a la última petición del magistrado. Consciente de que Estados Unidos "se opone al registro" de los tres militares en los listados de Interpol que permitirían su arresto inmediato, el juez Pedraz solicitó que se alertara a los países miembros de que se les acusa de los delitos de homicidio voluntario y crímenes de guerra.

También quería que se completara su identidad, ya que sólo se conoce su nombre y graduación militar en el momento en el que el tanque estadounidense disparó contra el hotel en el que se alojaba la prensa internacional que cubría la guerra de Irak.

Ambos avisos correspondían a las notificaciones azules y verdes de Interpol, ya que las rojas las previstas para el arresto internacional inmediato habían quedado vetadas por Estados Unidos. Parece paradójico que las azules destinadas a conseguir la completa identificación de los reclamados no permitan la inclusión de personas en los listados de buscados cuando se desconoce su fecha de nacimiento. Precisamente, este es uno de los datos que se pretende conseguir con este tipo de avisos.

Interpol sí incluyó en sus listados a los tres militares tras las reclamaciones dictadas por el juez Pedraz en 2005 y 2007.

La negativa del organismo que coordina a las policías de todo el mundo supone que las órdenes internacionales de detención cursadas por el juez el pasado 29 de julio quedan limitadas al territorio Schengen.