El Gobierno pretende equiparar vandalismo callejero con terrorismo

Los ministerios de Interior y Justicia impulsarán conjuntamente una reforma legal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo, lo que supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a dos años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional si lo ven conveniente.

Según ha confirmado al diario La Vanguardia el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la principal medida consistirá en que los que sean considerados culpables de actos de vandalismo recibirán el tratamiento penal que durante años se ha otorgado al terrorismo callejero de la 'kale borroka', una medida sugerida el pasado viernes por el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, tras los disturbios en la ciudad el día de la huelga contra la reforma laboral. Testigos de las cargas denunciaron agresiones indiscriminadas contra los asistentes, entre los que se encontraban familias y personas de todas las edades.

También el propio titular de Interior anticipó la reforma con ocasión de la respuesta contra los estudiantes del instituto valenciano de Lluís Vives, que, al protestar contra las consecuencias de los recortes en su centro de estudios, se toparon con una dura represión policial. Entonces, cuando el PP justificó la actuación de los agentes e incluso acusó al PSOE de orquestar las manifestaciones en Valencia, Fernández Díaz mostró su intención de endurecer las penas para la desobediencia y resistencia a la autoridad.

El PP ya había dado pistas sobre la reforma del Código Penal

Los dos ministerios llevan trabajando desde hace más de un mes en una reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan contar con instrumentos jurídicos "más eficaces en la lucha contra la guerrilla urbana o en fenómenos como la multirreincidencia", cuenta el ministro al diario catalán.

Fernández Díaz ha indicado que "no se trata de legislar a golpe de ocasión, sino de equipararnos a la legislación de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática". Para el ministro, "los antisistema actúan con una agresividad planificada, con provocación, con orgullo de la transgresión, impunidad, anonimato y con mucha habilidad para después hacerse las víctimas. Todo eso es lo que ha provocado la mal entendida cultura de la permisividad y tolerancia".

Según el periódico, los últimos datos de los servicios policiales de Información arrojan que el número estable de personas de "este movimiento" en Barcelona ha pasado de 400 a más de 2.000 en un solo año, y destaca el elevado número de jóvenes extranjeros.

Por ello Fernández Díaz justifica su medida en que "Barcelona no se puede convertir en la capital antisistema de Europa" y advierte de que trabajará para "que no lo sea". El proyecto de cambio del Código Penal pretende estar listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano.