Los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán dentro de cuatro años suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios. Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Fomento, con el que se pretende atajar la guerra abierta entre este sector y el del taxi.

De esta forma, el Ejecutivo atiende a la petición de este gremio de limitar las VTC, que actualmente superan la proporción con el taxi que establece la Ley, la que fija que no se otorgue más de una licencia de empresas como Uber por cada treinta taxis.

No obstante, la ley establece una moratoria de cuatro años para aplicar la limitación y deja su aplicación en manos de otras administraciones. Dicha moratoria sólo afecta a la limitación del número de licencias, pero no afecta a la regulación de las condiciones de explotación.

Así, una vez que se aprueba la ley, los gobiernos regionales y consistorios que quieran podrán entrar a dictar normas para regular la prestación de servicios de las empresas como Uber, al igual que ya hacen con el taxi.

En concreto, podrán determinar recorridos máximos y mínimos, horarios, condiciones de precontratación de los trayectos e incluso características de sus vehículos.

Con esta nueva norma, además de intentar calmar la batalla entre el taxi y las VTC, Fomento busca equiparar la regulación de los dos modos de transporte, estableciendo que las empresas como Cabify se sometan a las normas regionales y locales, y que sean estos gobiernos los que decidan sobre ellas en función de sus políticas de movilidad.

En cuanto a la decisión sobre el número de coches de VTC con que debe contar cada ciudad, deberá transcurrir el plazo de cuatro años establecido por Fomento para que cada Ayuntamiento decida.

Sin autorización local en cuatro años

La norma establece que en cuatro años las licencias de VTC que existen en España, actualmente 11.200, la mitad de ellas en Madrid, perderán la capacidad de dar servicios en de ámbito urbano, en el que constituye su principal negocio y en el que compiten con el taxi.

A partir de ese momento, la continuidad de las VTC como servicio de transporte urbano y el número de licencias en cada ciudad lo determinarán los correspondientes ayuntamientos. Así, en las ciudades en las que sus consistorios quieran seguir teniendo servicio de VTC, los titulares de las actuales licencias deberán obtener una nueva autorización.

No obstante, los ayuntamientos podrán determinar el número de licencias que otorgan, lo que, en la práctica, puede llevar a que desaparezcan miles de las que actualmente existen.

Esto sucederá en el caso de que decidan aplicar la proporción de uno por treinta que establece la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT).

También pueden articular proporciones más restrictivas o, al contrario, más amplias. En el lado más extremo, en las regiones o ciudades en las que sus gobiernos no quieran entrar a regular este servicio, las licencias de VTC que existan en esos territorios perderán la habilitación para operar en esos territorios.

Indemnizar con tiempo para evitar la batalla legal

En cuanto el periodo transitorio de cuatro años, constituye la clave de la garantía que Fomento asegura tener de que este "cambio estructural" no pueda ser recurrido al Tribunal Constitucional ni presente "resquicios jurídicos" para que los VTC abran una batalla legal contra el Ministerio.

La moratoria de cuatro años se concibe como una indemnización en tiempo para que los actuales titulares de las actuales titulares de VTC puedan amortizar la inversión que realizaron en ellas.

Según destallaron en fuentes de Fomento, pasado este tiempo, los propietarios de licencias de empresas como Uber y Cabify no pueden exigir responsabilidad patrimonial a la administración porque se considera que están amortizadas.

Además, Fomento argumenta que no se expropiará licencia alguna, dado que las existentes VTC, pese a perder habilitación de transporte urbano, seguirán contando con capacidad para hacer trayectos nacionalidad, entre ciudades, si bien este es prácticamente inexistente actualmente.

Una VTC por cada seis taxis

Según datos oficiales del Ministerio, a cierre de agosto existían en España 11.200 VTC, volumen que quintuplica el máximo de 2.184 que debería tener por ley en función de los 65.539 coches que suma el taxi, y que arroja un ratio de una licencia de VTC por cada seis taxis.

Esta proporción es aún menor, de uno a tres, en Madrid, la ciudad que más coches como Uber y Cabify tiene, con unos 5.280. Después se sitúa Catalunya, fundamentalmente Barcelona, con 2.056 autorizaciones de VTC, una por cada seis taxis.

De hecho, la guerra entre el taxi y las VTC es un conflicto acotado al conjunto de grandes ciudades las que hasta ahora ha ido llegando el nuevo modo de transporte surgido al calor de las nuevas tecnologías, como son Sevilla, Málaga y Valencia, además de la capital y la Ciudad Condal.

No obstante, la medida de Fomento se aprueba también en tanto está previsto que en los próximos años se conceda por vía judicial un aluvión de entre 6.000 y 9.000 licencias de VTC adicionales.

Esta cascada de miles de autorizaciones son consecuencia del vacío legal que el sector registró entre 2009, cuando el entonces Gobierno del PSOE lo liberalizó, y 2015, cuando el posterior Ejecutivo del PP efectivamente volvió a regularlo con la imposición del uno a treinta.