La Generalitat invertirá 10 millones en pistas de esquí rescatadas y deficitarias en 2017

El Gobierno de la Generalitat hará una inversión de casi 10 millones de euros, tal y como lo recoge el proyecto de presupuestos de 2017, para las cinco pistas de esquí adquiridas, a través de Ferrocarriles (FGC), a inversores privados después de quebrar y que continúan generando déficits millonarios anuales a las arcas públicas -sin contar la estación de Boí-Taüll, capitalizada a través de la empresa pública Avançsa. En menos de una década, según se extrae de los informes anuales de FGC, las pérdidas de las cinco estaciones adquiridas por la Administración catalana (Vall de Núria, La Molina, Espot, Port Ainé y Vallter 2000) ascienden a más de 60 millones de euros, ya que desde el año 2007 se han contabilizado déficits de cuatro millones hasta llegar a los más de ocho registrados en 2015 -la última temporada de la que se encuentran datos oficiales. Vall de Núria y La Molina son las que más déficit registran y no bajan de los 2 millones en todos estos años.

A pesar de que la actividad es claramente deficitaria, la Generalitat sigue asumiendo las deudas de las pistas absorbidas como públicas y aumentando las inversiones para mantenerlas. En el último comunicado de FGC, se reconocía que este 2017 se destinarán 2,1 millones por las pistas de Spot y Port Ainé (ambas de la comarca del Pallars Sobirà y a sólo 50km de distancia), con un aumento de 900.000 euros respeto 2016. El presidente de FGC, Enric Ticó, reconoce que “las pistas todavía son deficitarias” y apunta: “por eso se traspasaron a Ferrocarrils (FGC)”. Ciertamente, las únicas pistas de esquí alpino que se mantienen en manos privadas son las que tienen una balanza positiva: Baqueira-Beret, Masella y Port del Comte.

Según Ticó, el déficit de las estaciones públicas se ha reducido en un 40% durante los últimos 3 años, a pesar de que el último dato publicado es de 2015 y muestra una reducción de menos de un millón de euros respecto el año anterior (de 9,01 millones en 2014 a 8,08 de déficit en 2015). “Nuestro principal objetivo es dar oxígeno a las estaciones para que puedan continuar abiertas. El segundo es hacerlas sostenibles económicamente. Esto lo hemos conseguido parcialmente porque estamos reduciendo el déficit”. Esta reducción es discutible puesto que la Administración se está planteando abrir la puerta a la entrada de inversores privados dentro de las públicas: “estamos dispuestos a algún tipo de colaboración público-privada para mejorar el rendimiento”.

La delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Rosa Amorós, considera que “la mejor opción sería que las pistas de esquí fueran de titularidad pública pero con gestión privada. La inversión en infraestructura tendría que ser realizada por el Gobierno y el mantenimiento, actividades, contratación del personal, etc. a cargo de la empresa privada”. De este modo, “a medida que la empresa privada obtenga ganancias tendría que pactarse un regreso económico anual, por ejemplo, para el Gobierno”.

La inversión de las pistas, como reconocen desde el sector, está sujeta a unos costes energéticos cada vez más altos y unos recursos naturales más limitados puesto que los periodos de nieve son más inestables y breves con el paso de los años. Esto hace que el gasto en cánones de nieve artificial sea más necesario para mantener las pistas abiertas. La inversión más alta de los presupuestos de 2017 es, por ejemplo, la dedicada a la nieve artificial de La Molina: más de un millón y medio de euros. El portavoz de la entidad ecologista IPCENA ubicada en el Pirineo de Lleida, Joan Vázquez, defiende que “las pistas han contribuido a agotar parte de los recursos naturales del territorio, sobre todo en cuanto al abuso de extracción del agua por los campos de nieve”. “Se han ido chupando las reservas, matando la fauna de los lagos y se han hecho captaciones ilegales de agua a estanques como el de Rosari de Àrreu (Lleida)”, explica. “Tiene que haber una normativa que limite la extracción de agua y hace falta que se aplique el plan de efecto invernadero que no se está respetando”.

Además de los gastos de explotación de las pistas, en forma de inversiones o créditos, hay que tener en cuenta el dinero que la Generalitat destina para la promoción turística de las pistas. El año pasado se invirtieron 650.000 euros en sólo promoción del deporte del esquí en Cataluña. Enric Ticó explica que quieren que “crezca el uso social del esquí y de la montaña” para aumentar el número de visitantes, que se encuentra estabilizado en toda Europa. La realidad es que, según los datos de FGC, desde el año 2010 no se llega a los dos millones de visitantes en Cataluña. Para el representante de ACEM, no obstante, “el esquí se ha democratizado. Esquiar era un deporte elitista hace unos años y ahora ya no lo es”.

La delegada del Govern, Rosa Amorós, apuesta por poner en marcha “un estudio sobre la práctica del esquí de la ciudadanía de Cataluña” para refutar los datos del estancamiento de los visitantes puesto que, según ella, se desconoce “si los practicantes prefieren realizar la actividad en algún país cercano”.

Una historia de rescates a las privadas

Catalunya lidera el ranking con más pistas de esquí de toda España. Las comarcas del Pirineo tienen desplegadas 9 pistas de esquí alpino, la variedad que requiere más inversión, y 6 de esquí nórdico, más rentables económicamente y la mayoría de gestión municipal. La Generalitat controla seis de las nueve pistas de alpino desde que en 80 adquirió las pistas de Vall de Núria y La Molina, con enormes deudas. Décadas más tarde, coincidiendo con el estallido de la crisis económica y la bajada del número de esquiadores, la Administración decidió quedarse con cuatro pistas en quiebra más: Espot y Port Ainé en 2011, Vallter 2000 en 2012 (de la que controla un 68% del capital) y Boí-Taüll en 2014. Este último caso, muy criticado por el sector privado porque la propiedad no abandona la gestión, se produjo porque la estación entró en suspensión de pagos y la Generalitat asumió los préstamos que la propiedad tenía con el Instituto de Finanzas de Catalunya (IFC), de 7,3 millones de euros más gastos en infraestructura, manteniendo la gestión privada en manos de la inmobiliaria Nozar.

“La Generalitat tiene el mayor holding de pistas de esquí”, acierta el representante de IPCENA. “Seis pistas de Catalunya en estado ruinoso han sido adquiridas por impago sin que se persiga a los deudores. La Generalitat los ha soltado sin cobrar y sin cargas legales porque muchas veces los inversores están vinculados a partidos políticos y grandes empresas amigas. Es una red clientelar”, denuncia. “Puede haber algunas pistas de esquí, pero no nos podemos permitir recortes en servicios básicos y sostener un deporte de lujo. Es un gasto insultante para la gente que lo está pasando mal”.

Esta escalada de 'rescates públicos' de bolsillos privados explica el aumento del déficit de las estaciones de esquí públicas en los años más penetrantes de crisis económica (2011-2015). El presidente de Ferrocarrils, aun así, entiende que el déficit que tiene que asumir la Administración es necesario para preservar la economía de las comarcas de montaña. “El tema no es si una estación de montaña es deficitaria o no, lo importante es que la compensación para el territorio es grande y genera puestos de trabajo. No tanto para FGC, sino para el territorio. Hay elementos que requieren la implicación del sector público, como el transporte o la sanidad. La historia nos demuestra que tiene que haber una intervención del sector público en la montaña”.

El director de la Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña (ACEM), Joaquim Alsina, insiste en esta idea: “Guste o no hoy no hay alternativa económica en la montaña. La gente del territorio no quiere que ninguna pista cierre porque les va la vida en ello. La Vall d'Aran era una de las comarcas más pobres de España y hoy quien más quien menos vive de la estación, directa o indirectamente”.

El portavoz ecologista ofrece otro punto de vista: “Los puestos de trabajo es la excusa. Es una actividad claramente deficitaria y que genera trabajos precarios. Es una fuente de economía pero sólo para un momento concreto del año, que dura unos 3 meses, y la contratación depende de la cantidad de nieve. Después expulsan a los trabajadores”. IPCENA considera que “se tendrían que eliminar el 50% de las pistas de esquí” y destinar inversión para ayudar los emprendedores de la zona que no diposen de recursos. “Esto generaría trabajo de forma permanente en las comarcas. Estas tierras tienen otros recursos y un modelo económico que se basa en la diversificación de los sectores”.

El esquí: un nicho de mercados

El presidente de FGC, consciente de la estacionalidad de la actividad del esquí, admite que se están estudiando fórmulas para “ampliar las actividades de las estaciones y abrir en verano”, pero que de pistas “hay las que hay y todas responden a una necesidad del territorio”. Los datos que utiliza la Administración para justificar el rescate son las que valoran el impacto económico, tanto directo (hoteles, restaurantes, gasolina) cómo indirecto (sueldos de los trabajadores, calderas, material), de la actividad del esquí. Según esto, el impacto económico del esquí se encuentra entre los 300 y los 500 millones anuales. El estudio más utilizado, publicado por Esade, indica que por cada euro gastado en un forfait se genera un gasto de 12,37 euros.

“Se tiene que hablar de polos económicos. Esto justifica el hecho de continuar abriendo estas estaciones. En La Molina, por ejemplo, el 82% de los negocios son de pequeñas y medianas empresas de montaña. Es inverosímil que alguien de los Pirineos quiera que se cierre una pista de esquí”, añade. De hecho, el negocio del esquí favorece el despliegue de resorts como el de la estación de Boí-Taüll o el nuevo gimnasio de Espot y Port Ainé para ajustar las cuentas. Alsina, además, opina que el esquí “a los ciudadanos no les cuesta nada” porque “el movimiento económico que se genera también da impuestos al Estado”.

IPCENA considera que estas cantidades son “arbitrarias y no están avaladas”. “Las cifras que dan son un engaño porque juntan los recursos que generan los parques, las reservas naturales y la actividad del senderismo de los territorios de montaña”, considera Vázquez. “FGC ha hecho muchas inversiones que no salen en las cuentas. Pensamos denunciar todo esto vía parlamentaría a través de una proposición no de ley. No podemos permitir que se gasten más dinero en una actividad ruinosa. Además, pediremos un fondo de inversión para potenciar la creación de nuevas empresas con los recursos de la zona”, adelanta.

Vázquez, incluso, denuncia que la población de las comarcas de montaña vive “coaccionada” y “bajo un control absoluto” para no perder el trabajo asociado al esquí. “Por qué no hay voces críticas?, Por qué no hay más entidades?, Cuántas veces la CGT ha denunciado la contratación arbitraria de Port Ainé? Hay un control muy grande y mucha presión. La gente tiene miedo y no actúa. Viven bajo un recorte de derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión”, sentencia.