La última redada contra el terrorismo islamista, aquella que según anunciaba el Ministerio del Interior el pasado jueves había servido para desmantelar la supuesta red yihadista que permitió la huida de cinco implicados en el 11-M, ha sido desinflada por el propio juez que la dirigió, Baltasar Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional decidió este lunes, tras tomarles declaración, dejar en libertad a los ocho detenidos la semana pasada en tres municipios de la corona metropolitana de Barcelona, en Madrid y Algeciras (Cádiz).

El juez, a petición del fiscal, sólo impuso medidas cautelares a cinco de ellos. Tres, My Driss Ben Moussa y sus hijos Youssef y Bilal, deberán comparecer semanalmente ante el juzgado. Los otros dos, Mohamed Ben Hesaien y Abdelaziz Laakel, deberán hacerlo cada quince días. Al resto les dejó en libertad sin medidas cautelares. Garzón tampoco impuso medidas para los cuatro arrestados que estaban ya en prisión por otras causas –Samir Tahtah, Kamal Ahbar, Omar Nakhcha y Driss Belhadi– que permanecerán, eso sí, encarcelados en cumplimiento de sus condenas anteriores.

Según informó en su día Interior, los detenidos –todos de nacionalidad marroquí, salvo uno, argelino– cobijaron y facilitaron la huida a ocho terroristas de Al Qaeda, entre los que se encontraban cinco a los que la Policía implica en el 11-M: Mohamed Larbi Ben Sellam, Daoud Ouhnane, Mohamed Afalah, Othman El Mouhib y Abdelilah Hriz. Tres de éstos terminaron cometiendo atentados suicidas en Irak. Interior aseguró en una nota que las investigaciones que habían facilitado estas detenciones eran continuación de otras, llevadas a cabo en 2005 bajo el nombre de Operación Tigris, en las que se desarticuló una célula que se encargaba del adoctrinamiento, reclutamiento, financiación y envío de terroristas a Irak. De hecho, el Ministerio sugería que los ahora en libertad también realizaban labores de financiación al destacar que en su poder la Policía encontró 7.000 euros en metálico y resguardos de envíos de dinero a Marruecos.