Fernández dice que un informe avaló las ayudas del caso de los ERE

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha dicho a la juez que investiga los ERE irregulares que existe un informe de la agencia andaluza IDEA, avalado por la Intervención General, que avala el sistema de ayudas que la juez considera ilegal.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha explicado a los periodistas en un receso de la declaración que dicho documento "consideraba el sistema correcto en términos generales" y únicamente aconsejaba cambiar la forma de pago desde la transferencia de financiación a la encomienda de gestión, lo que efectivamente se hizo.

Dicho informe no ha sido hallado ni se ha incorporado a la causa que investiga la juez Mercedes Alaya, pero según el abogado existe un documento interno de la Consejería de Empleo que da cuenta de su petición a la agencia de Innovación de Desarrollo de Andalucía (IDEA) y de su resultado. Fernández ha asegurado que ese informe fue pedido por el exdirector general de Trabajo Juan Márquez a raíz de su nombramiento en 2009.

Fernández niega que renunciase a su indemnización por la apertura del proceso penal

La juez ha reprochado en sus autos que las ayudas millonarias investigadas solo las conocían los más próximos al PSOE, a los sindicatos y al Gobierno de la Junta, y hoy Fernández ha explicado que el convenio-marco de 2001 que instauró el sistema no se publicó porque no le dijeron que debiera hacerlo ninguno de los sucesivos asesores jurídicos que tuvo.

Según su abogado, dicho convenio-marco estaba "pululando por las mesas de todos los altos cargos y nadie dijo que hubiera que publicarlo", y además se siguió aplicando cuando él dejó la consejería en 2010.

La tercera jornada de declaración de Fernández ha estado marcada, igual que el día precedente, por la tensión entre la juez y el imputado , lo que incluso ha dado lugar a una suspensión cuando Fernández ha mostrado su "sentimiento personal de indignación por el hecho de que el debate se plantee en estos términos" de que él intentase hacer un "aprovechamiento personal" de su puesto como consejero.

Según su abogado, no es cierta la afirmación de la juez de que el imputado renunció a su indemnización en la bodega González Byass cuando hace unos meses conoció la apertura de este proceso penal. Por el contrario, según el letrado, Fernández no firmó la póliza de adhesión cuando lo hicieron en julio de 2008 los otros 93 trabajadores incluidos en el ERE y ese era un "requisito constitutivo" que le hizo perder entonces el derecho a cobrar.