El rey emérito se encuentra "bien" y "esperando que a Doña Dolores [Delgado, Fiscal General del Estado] se le ocurra cerrar el caso" -que sigue abierto contra él por el origen de su fortuna personal- para volver a España desde Abu Dabi, en donde se encuentra desde hace ya dos años, según contó el periodista y amigo de Juan Carlos I, Raúl del Pozo, en exclusiva para el programa de Onda Cero Más de Uno.

El propio director y conductor del programa, Carlos Alsina, confirmó a Público el contenido del mensaje de texto enviado al teléfono móvil de Del Pozo, como contestación a una felicitación navideña y por su 84 cumpleaños.

Como ya hemos contado en este diario, Juan Carlos I quiere recuperar el papel que tenía antes de exiliarse y todo depende de su hijo Felipe VI, quien con su silencio alimenta las especulaciones.

Mientas, la Fiscalía prorrogó el pasado 22 de diciembre la investigación sobre el patrimonio del emérito -como las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano- porque iba a caducar; se ha concedido una ampliación de seis meses, que no quiere decir que no se pueda dar por concluida antes.

Asimismo, otra de las investigaciones en torno al ex monarca apunta a la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Esta línea de análisis ya fue prorrogada por Dolores Delgado desde el 17 de diciembre hasta junio de 2022.

La Fiscalía del Tribunal Supremo sospecha que Juan Carlos I reunió su fortuna mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", entre ellas, por ejemplo, la venta de armas a países árabes junto a Manuel Prado y Colón de Carvajal, su mejor amigo desde principios de los años sesenta, y el traficante y magnate Adnan Khashoggi.

La investigación, liderada por Juan Ignacio Campos junto con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y un equipo de fiscales del Supremo, llevó a cabo una comisión rogatoria a las autoridades suizas para investigar los indicios sobre la procedencia ilícita de fondos.