El informe sobre la reforma del Código Penal presentado ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pone en el punto de mira a los ciudadanos que salen a la calle a protestar en tiempos de recortes.

Gallardón ha adelantado que se incluirá como delito la difusión de mensajes de movilizaciones que inciten a la alteración del orden público, algo que, según señala Eric Sanz, abogado de la comisión Legal del 15-M, 'es un cajón donde cabe absolutamente todo'.

El movimiento de los indignados suele convocar concentraciones mediante las redes sociales que no se comunican a la delegación del Gobierno y que, en ocasiones, terminan en cortes de calles por parte de los manifestantes.

'¿Dónde está el endurecimiento de las penas por delitos de cohecho o corrupción?'

Para que haya persecución penal es suficiente con lanzar el mensaje de la convocatoria aunque finalmente no se concrete el acto de desorden, ya que se configura, según fuentes del Ministerio de Justicia, como un delito de peligro y no de resultado.

'Estas modificaciones responden a casos mediáticos, se está intentando reprimir a los que salen a la calle a defender los derechos sociales en una época en la que estamos sufriendo recortes brutales', asegura Sanz, quien apunta además que no se está apuntando a 'las causas socio-económicas de los delitos'.

'¿Dónde está el endurecimiento de las penas por delitos de cohecho o de corrupción, que son el verdadero cáncer que tenemos ahora mismo?', se pregunta.

La nueva reforma convertiría en delito además acciones de 'pillaje', algo que a muchos les ha recordado a la acción de ‘expropiación' del Sindicato Andaluz de Trabajadores al Mercadona de Sevilla.

'Se están dotando de herramientas punitivas frente a un movimiento no violento'

'No se puede hacer que el hurto sea un delito leve, ya que más del 90% de las personas que cometen hurto tienen muy poco poder económico, y encima ahora van a tener antecedentes', denuncia.

Además, la acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. Las amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad también serán consideradas delito, algo que, en opinión de Sanz, 'da pie a una gran arbitrariedad por parte de la policía'.

'Se están dotando de herramientas punitivas frente a un movimiento que ha usado la no violencia como bandera. Se habían quedado desprovistos de supuestos que posibilitasen la represión contra una persona que se sienta, levanta las manos y no hace nada', concluye Sanz.