La división del CGPJ permitirá a De la Rúa decidir sobre la Gürtel

El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto de las fiestas navideñas con un objetivo claro: realizar los nombramientos que dejó pendientes antes del periodo vacacional. De momento hay acuerdo para dos renovaciones: la del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que lleva un año pendiente, y la de la presidenta del de Catalunya. Jaime Tapia y María Eugènia Alegret son los candidatos con más papeletas para, respectivamente, ocupar y mantenerse en dichos puestos. La renovación de Juan Luis de la Rúa, al frente del TSJ valenciano, se aplazará para realizar la negociación junto a la de otros nombramientos.

Los vocales progresistas y conservadores del Consejo ya tenían esos nombres listos para el pleno del pasado 17 de diciembre. Pero en esa ocasión no pudo ser. La reprobación del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, del sector conservador, planteada por el progresista José Manuel Gómez Benítez, por sus declaraciones en el caso de Aminatu Haidar, llevó a que los vocales nombrados a propuesta del PP se plantaran. Su argumento fue que el nombramiento del presidente del TSJ valenciano debía negociarse con los anteriores, algo imposible ante el encastillamiento de las posturas.

Tampoco ayudó el que desde parte de los vocales progresistas se considerara escaso el acuerdo alcanzado. Creían necesario incluir también los nombramientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pendientes desde hace año y medio.

Al nombramiento del ex portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) Jaime Tapia al frente del TSJ vasco, cargo, en el que sustituirá al conservador Fernando Ruiz Piñeiro, le tocó esperar. Tampoco se renovó a Alegret, de la Asociación Profesional de la Magistratura, como presidenta del TSJ catalán. Si no hay problema, ambos serán nombrados en el pleno del día 28.

La renovación que se retrasará todavía más será la de Juan Luis de la Rúa

La renovación que se retrasará todavía más será la de Juan Luis de la Rúa, al que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llegó a decir que era "más que amigo". En las manos del presidente del TSJ de Valencia está la querella presentada por el PSOE por la presunta financiación ilegal del PP y puede estar la rama valenciana del propio caso Gürtel, si el Supremo ordena su reapertura.

Fuentes del CGPJ indicaron que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de valenciano se negociará en un paquete más amplio de nombramientos. Se esperará a que venzan los mandatos de los presidentes de los TSJ de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Y todos se negociarán juntos.

Durante la primera etapa del mandato del anterior Consejo General del Poder Judicial, el bloque conservador copó los nombramientos que le corresponde realizar al órgano de Gobierno de los jueces. El PSOE se defendió a través de una reforma legal que obligó a que los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia fueran elegidos con mayoría de tres quintos, que en el CGPJ se consiguen con 13 votos. La obligación de consenso logró el pernicioso efecto de bloquear los nombramientos. Uno de los ejemplos de esta política fue la renovación de la presidencia del TSJ de Galicia, que estuvo pendiente tres años. Entre los objetivos del actual CGPJ figuraba evitar que la historia se repitiera, pero su equitativa composición no siempre facilita el acuerdo necesario entre los dos sectores.