'Jamás negocié ninguna póliza de prejubilación ni hay ningún documento que lo avale'. Esta ha sido la única respuesta dada por el exparlamentario socialista y exasesor de la Consejería de Empleo Ramón Díaz a las decenas de preguntas formuladas en el vacío por los grupos políticos que integran la comisión parlamentaria de investigación de los ERE fraudulentos, cuya ronda de comparecencias ha comenzado esta mañana en la Cámara andaluza. Mañana comparece el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, único imputado que sigue en prisión, y la semana que viene lo harán el presidente José Antonio Griñán y su predecesor Manuel Chaves.

Ramón Díaz había dejado claro en su intervención inicial que, por consejo de su abogado, no contestaría a ninguna de las preguntas planteadas por los diputados, dado que se encuentra imputado por la jueza Mercedes Alaya que investiga la trama de los ERE y cualquier respuesta ante la comisión parlamentaria podría perjudicarlo en el futuro. El exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois, cuyas comparecencias también están previstas para esta primera jornada de declaraciones, habían anunciado igualmente que se acogerían a su derecho a no declarar.

La jornada había comenzado a las nueve y media de la mañana, con media hora de retraso, mucho calor y no poca tensión

La jornada había comenzado a las nueve y media de la mañana, con media hora de retraso, mucho calor y no poca tensión. Las altas temperaturas que durante la noche anterior sabotearon el descanso de muchos sevillanos parecían haberse trasladado a la sala del Parlamento andaluz donde se celebran las sesiones, y no tanto por la negativa de Díaz a declarar como por su sorpresiva petición de abandonar la sala y no escuchar siquiera unas preguntas de los parlamentarios que en su opinión lo dejaban indefenso ante la imposibilidad de responder a ellas por los motivos alegados minutos antes. No obstante, aclaró que estaba dispuesto a recibir las preguntas por escrito para ver a cuáles de ellas podía responder sin perjuicio para sus intereses procesales. Díaz también dijo que cuando su imputación judicial estuviera resuelta no tendría inconveniente en responder a sus señorías a cuantas cuestiones quisieran formularle.

La petición de marcharse pareció coger por sorpresa a la propia comisión, aunque realmente no fue así: según revelaron a Público fuentes cercanas a Díaz, este había trasladado el día anterior por escrito al presidente de la comisión, Ignacio García (IU), su intención de pedir autorización para abandonar la sala. La solicitud, en todo caso, obligó a un receso de los comisionados, que durante cerca de una hora se reunieron en privado para discutir si accedían a la petición del exparlamentario. La respuesta fue la que cabía esperar: Ramón Díaz no podía ausentarse de la sala, sino que tendría que escuchar las preguntas que le formularan los grupos.

La temperatura política de la sala aún habría de subir algunos grados más cuando el compareciente, con voz tensa pero firme, amenazó con abandonar el interrogatorio y el presidente de la comisión hubo de recordarle que si lo hacía podría incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. En varias ocasiones más Díaz volvió a pedir autorización para marcharse al presidente, pero este no cedió. Una consulta en voz baja a su abogado, sentado junto a él, despejó las dudas y relajó algo la tensión: Ramón Díaz continuaría hasta el final, aunque no sin antes haber advertido que la obligatoriedad de escuchar preguntas que podían atentar contra su honestidad podría hacer incurrir a la propia comisión en un delito de coacciones. Para los presentes en la sala era evidente que el dirigente socialista habría cometido un grave error político, y tal vez también penal, si hubiera dado finalmente el anunciado portazo.

El Grupo Socialista renunció a preguntas 'por respeto' a la voluntad de los citados

En su intervención inicial, Ramón Díaz recalcó su inocencia, lamentó que hubiera calado en la opinión pública 'una injusta relación entre fraude y ERE', dijo tener la conciencia tranquila y aseguró no haber cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad durante los cuatro años que estuvo en la Consejería de Empleo. Y en parecidos términos habría de pronunciarse unas horas después el segundo compareciente, el funcionario de carrera y ex jefe de servicio de Empleo Antonio Diz-Lois, que también apeló a su derecho a no declarar pues de lo contrario podría lesionar su derecho de defensa, dado que, según recordó, un compareciente ante una comisión parlamentaria 'tiene menos derechos' que un imputado que comparece ante la justicia.

Por su parte, solo los grupos Popular y de Izquierda Unida formularon efectivamente sus preguntas a los comparecientes pese al silencio de estos, mientras que el Grupo Socialista renunció a hacerlo 'por respeto' a la voluntad de los citados y propuso plantearlas por escrito, alternativa que fue rechazada por el presidente de la comisión.

Alba Doblas, por IU, y Rafael Salas, por el PP, coincidieron por lo demás en muchas de sus preguntas, orientadas a determinar la responsabilidad y el grado de implicación y conocimiento de Díaz, de Diz-Lois y del Partido Socialista en la concesión irregular de ayudas a empresas en crisis. A la una menos veinte de la tarde concluía el primer tramo de las comparecencias del día, que tendrían su continuidad unas horas después con la presencia del también imputado Fernando Mellet, exdirectivo de Mercasevilla.