Los ciudadanos dan un aviso al Gobierno

Ni vencedores ni vencidos. La séptima huelga general de la democracia no terminó con la derrota de los sindicatos ni del Gobierno, aunque tampoco con una victoria clara de ninguno de los contendientes. Los convocantes del paro consiguieron un mayor seguimiento del que ellos mismos auguraban en privado cuando lo convocaron a mediados de junio, pero no consiguieron paralizar el país, lo que supone que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró aguantar el envite.

Como siempre, dependiendo de quién diera los datos, en qué sector y en qué comunidad autónoma, la convocatoria fue más o menos exitosa. Según los sindicatos el 70% de los empleados secundó el paro, mientras que según los empresarios fue el 5%. El Ejecutivo no dio cifras globales porque, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no las había fiables. Si se atiende a la reducción del consumo de energía eléctrica una vara de medir más imparcial que las anteriores, el descenso de actividad fue del 16,5%.

Sindicatos y Gobierno salvan la jornada sin salir derrotados

Por sectores, el propio Corbacho, que calificó el paro de "desigual y con efecto moderado", admitió que el automóvil y los puertos pararon prácticamente por completo. Hubo amplio seguimiento en la industria, mediano en el transporte (con más éxito en aviones, trenes y autobuses que en los metros) y reducido en general en sanidad, comercio y hostelería. Por comunidades autónomas, fue más seguida en Galicia y Asturias, y menos en el País Vasco, donde los sindicatos nacionalistas ELA y LAB no secundaron el paro.

Al margen de las guerras de cifras y de quién fue o no a trabajar, la movilización ciudadana quedó patente en las multitudinarias manifestaciones que se convocaron en todas las grandes ciudades españolas. A las manifestaciones acudieron cientos de miles de personas; los cálculos sindicales elevaron a un millón y medio los asistentes al centenar de convocatorias de toda España (500.000 personas en Madrid, 400.000 en Barcelona y 144.000 en Andalucía). Fue un importante aviso al Gobierno, que ahora tendrá que decidir si lo considera justificación suficiente para dar un paso atrás en la reforma laboral recientemente aprobada, que da más facilidad para el despido.

La clave es ahora cómo se gestiona la recuperación del diálogo

De momento, los miembros del Ejecutivo evitaron ayer por todos los medios la confrontación con los sindicatos y se mostraron muy conciliadores. El propio Corbacho reconoció que la huelga había tenido cierto seguimiento e insistió en repetidas ocasiones en sus dos ruedas de prensa del día que ahora lo que quieren es ponerse a trabajar de nuevo con los agentes sociales. No dijo si para rectificar sus decisiones o para hablar de las reformas futuras. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró: "En lo fundamental, en lo aprobado por el Parlamento, vamos a seguir adelante". Una postura muy ambigua que bien puede significar que el Ejecutivo está dispuesto a hacer algunas concesiones tanto en lo laboral como en la próxima reforma de pensiones, aunque también puede mostrar que no hay intención de moverse ni un ápice de la política actual. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no fue más explícito con sus intenciones, pero sí dejó claro que quiere sentarse a la mesa con los sindicatos cuanto antes. "Espero que a partir de mañana encontremos cauces de diálogo", dijo, tras participar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Pero no está tan claro que las organizaciones sindicales quieran hacerlo sin condiciones. El día antes de la huelga se negaban por completo a volver a la mesa mientras no hubiera una rectificación en toda regla de la reforma laboral y, sin embargo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ya reconocía ayer que, tras tomarse un periodo de reflexión la campaña ha sido larga, decidirán de forma consensuada qué contestan a la petición de diálogo del Ejecutivo, en caso de que la haya formalmente. Eso sí, Toxo mantuvo en parte su posición más guerrera de los días anteriores y aseguró que "la llamada debe tener contenido" porque "no nos podemos sentar [ya] en Moncloa, Trabajo o Economía como si nada hubiera pasado".

De esas negociaciones saldrá el verdadero ganador de la huelga. A partir de hoy, las guerras de cifras quedan para las hemerotecas y es en los despachos donde tiene lugar la batalla. Aunque el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y su colega Fernández Toxo calificaron el resultado de la convocatoria como un "éxito incuestionable" con "pocas interpretaciones", también admitieron que "el triunfo será el cambio de las políticas" del Gobierno. "La huelga obliga al presidente a rectificar para detener su tendencia suicida", apostilló Toxo, quien insistió en que "una ley se cambia con otra".

Ese optimismo que mostraron los sindicatos más moderado que en vísperas del paro contrastó con la opinión de la patronal CEOE, que directamente opinó que no hubo huelga general y destacó que abrió el 95% de los comercios. En opinión de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, sólo hubo cierto seguimiento del paro allá donde hicieron su labor los "piquetes coactivos". Coincidió con esta postura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para quien "la inmensa mayoría" de los trabajadores acudió ayer a trabajar, salvo aquellos a los que se lo impidieron los piquetes, que tuvieron un comportamiento "absolutamente incívico", informa Efe.

Precisamente, los piquetes informativos lograron cerrar el centro de la capital del país durante la mañana. También en Barcelona estuvieron cerradas durante algunas horas grandes arterias.