El Gobierno sabe que con Izquierda Unida se topa con los sindicatos y, por tanto, la posibilidad de acuerdo sobre la reforma laboral es hoy inexistente. Como subrayó ayer lunes el coordinador federal, Cayo Lara, en rueda de prensa en la sede de la formación en Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero actúa de “recadero de los mercados”, y a ellos representa, “no a su base social”, así que, cuando “tenga que pedir el voto”, el presidente del Gobierno, “que vaya a los mercados, que son los que están marcando la política”.

Poco cambian las cosas si la reforma se tramita como proyecto de ley. Para empezar, según interpreta el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, “se muestra la debilidad parlamentaria del Ejecutivo”. Se trata además de un “gesto a CiU y al PP”. José Antonio García Rubio, secretario de Economía de IU, busca el aspecto positivo: “Si hay una gran respuesta social en la calle a través de la huelga general, el decreto se podrá modificar, no será un plato cocinado”. IU recuerda que hace falta más una reforma empresarial que una laboral.

El mismo pesimismo inunda a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). “Que [los miembros del Gobierno] no hayan descolgado el teléfono y no se hayan dirigido a su izquierda es toda una declaración de intenciones –señala el secretario general y portavoz en la Cámara Baja, Joan Herrera, a Público–. A partir de ahora, el texto empeorará, porque CiU y PP lo aproximarán a los deseos de la CEOE”. Herrera hoy remitirá al Ejecutivo su propia propuesta.

El BNG mantiene su rechazo a la reforma. Uxue Barkos (Nafarroa Bai) celebra que se puedan incorporar enmiendas a un decreto que “se queda cojo” y del que ha tenido constancia “sólo por la prensa”. La diputada cree que la culpa del fracaso del Diálogo Social “es de todos: patronal, sindicatos y Gobierno”.