La patronal, los sindicatos UGT y CCOO, la federación de ayuntamientos y 31 bancos y cajas firmaron ayer el Pacto Andaluz por la Vivienda, un documento impulsado por el Gobierno andaluz (PSOE) que persigue solucionar el problema de la vivienda en todas sus aristas. Tanto PP como PA e IU presentaron objeciones al acuerdo. Sin embargo, los tres partidos lo habían ratificado en el ámbito municipal.

El plan permitirá la construcción de 300.000 VPO en los próximos diez años, lo que, de cumplirse el objetivo (desde 1982 se han edificado 500.000), garantiza a las familias que no superen los 33.000 euros (5,5 veces el IPREM) de ingresos anuales que no se gastarán más de un tercio de ellos en la compra de la vivienda y un cuarto en el caso de que alquilen. Es la primera piedra de la futura ley de vivienda que permitirá exigir ante los tribunales el derecho a una casa. 'No se trata de regalar nada a nadie, sino de eliminar los factores especulativos del precio', afirmó ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves.

¿Y la financiación? Salvo que cambien las condiciones, no habrá problemas. Bancos y cajas se han comprometido a ofertar 9.550 millones de euros -ampliables en otros 8.700- en créditos a promotores y compradores hasta 2012 para cumplir con el objetivo. Hasta 31 entidades han acudido a la llamada: la morosidad en VPO es casi nula.

El acuerdo pretende además dinamizar la construcción residencial para que tire de un sector en crisis. Hasta 400.000 viviendas de renta libre entrarán en el mercado los próximos dos lustros. La Junta aportará 1.900 millones de euros en ayudas e inversiones, así como el suelo que se determinará en una futura negociación con los ayuntamientos. Chaves cifró en 5.600 millones el coste de los equipamientos necesarios para las nuevas viviendas previstas, que serán sufragados en una cuarta parte por los municipios y eel resto por la Junta.

Y la patronal firmó

El documento final fue ultimado pocos minutos antes de la firma por las exigencias de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), según distintas fuentes de la negociación. La clave del pacto estuvo en la flexibilización del Plan de Ordenación de Andalucía (POTA), que impide a los municipios crecimientos superiores al 30% en población y el 40% en suelo. Sin la concesión de que el suelo industrial no computará en estos límites y la posibilidad de que los municipios pequeños se salten esos topes, la CEA no hubiera firmado. En la pelea por la flexibilización contó con un aliado inestimable, la federación de municipios, ante quien Chaves escenificó la rectificación de los topes. Sin embargo, el POTA no se tocará, sino que una reglamentación de Obras Públicas recogerá las modificaciones.

La CEA también pretendía excluir de los límites al crecimiento los suelos para usos comerciales y turísticos y que se considerara la población flotante en los municipios costeros, pero se encontró con la fuerte oposición de CCOO y UGT. 'Firmamos en un acto de responsabilidad y confiamos en que el acuerdo suponga una devolución de la confianza y de la seguridad al empresariado en un momento en el que los temas de ordenación urbanística en Andalucía estaban desordenados', afirmó ayer Santiago Herrero, presidente de la patronal. Con el pacto, Chaves, que lo calificó como 'de las cosas más importantes' que ha logrado desde 1990, tiene resuelto el flanco de la vivienda de cara a los comicios.