Ni decreto, ni reforma. Directamente una nueva ley regulará el aborto en España. Así lo anunció ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien explicó que el Gobierno presentará el proyecto de una nueva normativa para la interrupción voluntaria del embarazo en el primer semestre del año que viene. La intención del Ejecutivo es aprobar una norma que combine una ley de plazos hasta las 21 semanas y contemple, después, una serie de supuestos excepcionales.

La noticia se produjo durante la presentación del comité de expertos que asesorará al Gobierno para elaborar la nueva ley y que además se encargará de redactar el proyecto. 'Con la constitución del comité se inicia un camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma, sino una ley nueva que será la mejor posible', afirmó la ministra.

Aido no quiso dar más datos sobre los contenidos de la nueva normativa pero sí confirmó que garantizará los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres que deciden abortar. 'Incluirá lo mejor de legislaciones europeas', indicó.

Fuentes ministeriales añadieron que las legislaciones de Gran Bretaña y Holanda serán los modelos a seguir.El objetivo es elaborar una ley que combine una normativa de plazos y de supuestos, explicaron fuentes de la dirección socialista. 'Se despenalizarán unas cuantas semanas y a partir de ese plazo existirán unos supuestos específicos', indicaron las mismas fuentes.

La actual Ley del Aborto, aprobada en 1985, sólo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay riesgo para la salud de la madre, violación y taras graves para el feto.

La nueva normativa se redactará teniendo en cuenta la objeción de conciencia de los facultativos, que será regulada a través de una nueva normativa que elaborará Sanidad. La ley también garantizará la equidad territorial: 'No puede ser que en España una mujer que decide interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva', afirmó Aído.

En la actualidad, en cinco comunidades autónomas -Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia -no hay ningún servicio público (ni siquiera privado en el caso navarro) que realice abortos, según un informe elaborado hace tres meses por la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante los próximos seis meses el comité formado por juristas, obstetras, especialistas en salud femenina y representantes de los ministerios de Presidencia, Igualdad, Sanidad y Justicia, trabajará para elaborar un informe con recomendaciones al Gobierno.

En paralelo, trabajará la subcomisión del Congreso -que finalmente será de Justicia-- para redactar una norma 'con el mayor consenso posible'. Las conclusiones, tanto del grupo de expertos como de la subcomisión parlamentaria, serán la base para la elaboración del proyecto, que está previsto que llegue al Congreso en el primer semestre de 2009 y sea aprobado a finales de año.

Colectivos feministas, como la Federación de Mujeres Progresistas o la Fundación Mujeres, entre otros, mostraron su satisfacción por la iniciativa del Gobierno, pero se sintieron molestos porque 'el movimiento feminista' no forme parte del comité. Aído señaló que este grupo consultará a todos los colectivos implicados.

Los más disgustados, los llamados colectivos pro vida. 'No es necesaria, basta con aplicar correctamente la que hay', afirmó Ignacio García, del Foro Español de la Familia.

Hace sólo un par de días el PSOE volvió a insistir en que abriría 'de inmediato' un debate para modificar la Ley actual. La secretaria de organización del partido, Leire Pajín, considera que la actual Ley 'tiene demasiados años' y que la reforma responde a una 'demanda social'.

Sin embargo, el PP cree que la eutanasia y el aborto no importan 'a nadie'. El líder del PP, Mariano Rajoy, opina que los socialistas agitan 'debates artificiales' para 'distraer la atención' de la crisis.

Lo que sí es cierto es que se reabrió el debate sobre la ley de plazos para el aborto antes de las pasadas elecciones, generado tras las operaciones policiales contra clínicas abortistas en Barcelona y Madrid.

Varias mujeres se autodenunciaran por haber abortado sin acogerse a los supuestos previstos por la ley en solidaridad con las que estaban siendo investigadas en Barcelona  por haber llevado a cabo esta práctica, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno no permitiría que 'ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales'.

La ministra de Igualdad indicó en su comparecencia de hoy ante los medios que el grupo de expertos,  con un 'alto nivel científico e intelectual', elaborará el texto del Proyecto de Ley en un periodo de seis meses y, posteriormente, será enviado al Parlamento para su aprobación.

All mismo tiempo, en una subcomisión del Congreso de los Diputados, dependiente de la Comisión de Igualdad, trabajarán los grupos parlamentarios para debatir la 'nueva' ley.

Las conclusiones de esta subcomisión de la Cámara Baja, indicó la ministra de Igualdad, serán analizadas por el Comité de Expertos antes de que este envíe el Proyecto de Ley al Parlamento.

El Comité de Expertos para el Estudio de la Interrupción Voluntaria del Embarazo lo componen:

> José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
> Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid
> Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés
> María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género
> José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla
> Consuelo Catalá Pérez, antigua responable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo
> Francisco Tonat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia
> Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

Por parte del Ministerio de la Presidencia participará José Luis Rodríguez Alvarez, director general de Coordinación Jurídica; del Ministerio de Justicia estarán presentes los asesores del Gabinete del ministro Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán; y, por parte de Sanidad, asistirán José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.