Los dineros de Carlos Dívar siguen siendo causa de división en el Consejo General del Poder Judicial aún después de su dimisión como presidente de la institución, tras verse envuelto en el escándalo de sus viajes de fin de semana a Marbella. La Comisión de Estudios del CGPJ ha considerado, por 3 votos a 1, que le corresponde la indemnización de 208.243 euros que reclama por cesar en el cargo, y el nuevo presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, se muestra de acuerdo con el desembolso del dinero por entender que la ley no deja otra opción, aunque su cese fuese una renuncia.

Pero la vocal progresista Margarita Robles se opone porque el cese de Dívar fue voluntario, y no por término de mandato, por lo que no debería ser indemnizado. El Pleno del Consejo del próximo lunes tratará si el presupuesto de este año cubre la indemnización, y, en definitiva, tendrá la última palabra sobre este caso. Los 208.243 euros de indemnización tendría que cobrarlos Dívar a razón de 8.676 euros al mes durante los próximos dos años.

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo ha estimado conforme a la legalidad la petición que Dívar elevó al órgano el pasado 26 de junio, al entender que, como exige la ley para este tipo de indemnizaciones por cese, estuvo al menos dos años ocupando el alto cargo de presidente del CGPJ y del Supremo. La legislación se introdujo para pagar una indemnización a los ex ministros tras retirarles la paga vitalicia que les quedaba durante el franquismo. Luego se extendió a otros ex altos cargos como el presidente del Consejo, del Constitucional o el fiscal general del Estado.

La decisión de Dívar no era difícil, ya que la pensión de jubilación sería de un máximo de 2.500 euros al mes, como la máxima de cualquier español, mientras que la indemnización supone un ingreso de 8.676 euros mensuales durante los dos próximos años. Después de ese tiempo, pasaría a cobrar la pensión de jubilación. Dívar cobraba 130.152 euros al año, de modo que el 80% del sueldo de dos años asciende a 208.243 euros.

De los cinco vocales de la Comisión de Estudios, tres (su presidenta Margarita Uría y los vocales conservadores Calro José Fernández-Carnicero y Concepción Espejel) consideraron que el hecho de que el cese de Dívar fuese 'por renuncia', como señalaba el BOE del 30 de junio pasado, o lo que es lo mismo, a petición propia, no impide concederle esta pensión, ya que la ley no excluye a los altos cargos dimitidos. De la misma opinión es el sucesor de Dívar en la Presidencia del Consejo, Gonzalo Moliner, que declaró hoy que 'son habas contadas', es decir, que no se puede decir 'no' a Dívar porque sino incumplirían la ley, y hay además margen presupuestario para pagar. Margarita Robles votó en contra, y el quinto vocal de la Comisión, Carles Cruz, no se pronunció alegando que debía estudiar mejor la cuestión, según señalaron a Público fuentes del Consejo. La Comision de Estudios ha valorado que Dívar haya comunicado al Ministerio de Hacienda que renuncia a la pensión por jubilación como juez de carrera durante los dos próximos años, precisamente para cobrarla otra indemnización, ya que son incompatibles.

El asunto tendrá que ser decidido por los 21 miembros del Pleno del Consejo, convocado para el próximo lunes, en el que se aprobarán los presupuestos de la institución, y en el que el nuevo presidente, Gonzalo Moliner, ha anunciado recortes. Aunque Moliner dijo hoy que la propuesta de la Comisión no se discutirá el lunes, piensa incluso que, debido a que es impepinable pagarle, es posible que ni siquiera vuelva a revisarse lo ya acordado por la Comisión de Estudios.