En la Navidad de 2003, un cambio de fondo se produjo en Catalunya. Una nueva coalición de gobierno, catalanista y de izquierdas, llegaba a la Generalitat. Con un José María Aznar que vivía sus últimos días en la Moncloa tras haber usado como ariete recentralizador la mayoría absoluta del PP, el nuevo Govern, que lideraba Pasqual Maragall, emprendió de la mano de CiU una empresa ambiciosa: redactar un nuevo Estatut.

Lo logró tras tres años de debates, pero los recursos en el Tribunal Constitucional (TC) dejaron en el purgatorio un texto votado en referéndum que situaba el autogobierno en el punto más elevado en los últimos 300 años. La sentencia del TC, de principios de julio, vuelve a situar a los jugadores en la casilla de salida. A las puertas de la cita electoral del 28 de noviembre, los partidos han revisado discursos. Guste o no el autogobierno, la relación Catalunya-España centrará la atención.

El aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, repescado para la política catalana por José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, atinó en el planteamiento. En el 28-N,con todos los matices que se quieran, se confrontan, dijo, dos modelos: el que apuesta por cerrar heridas y fortalecer la posición de Catalunya en España y los maltrechos lazos que las unen, y el partidario de, con más o menos rapidez, 'desconectar' Catalunya del resto del Estado.

El TC cerró el ciclo del nuevo Estatut, pero abrió otra vez la caja de los truenos

Ante esa disyuntiva los partidos ajustan el tono con la vista puesta en una campaña que también deberá tener tiempo para la crisis, la corrupción, la inmigración o las grandes infraestructuras.

El recorte del Estatut, y la masiva manifestación del 10 de julio , que Montilla pretendió en defensa del Estatut pero donde primó el soberanismo , aún resuenan. El PSC resalta sus contornos ideológicos federales; CiU se apunta al realismo pero no desanda lo andado; ERC está en la carrera independentista; e ICV, en la familia del derecho a decidir. El PP, por el contrario, ha pasado de combatir el Estatut a reclamarlo como propio sin reclamar su despliegue.

Serenar el debate y reparar los destrozos

'Montilla no se presentará a las elecciones como lo que no es'. De esta forma explican dirigentes del PSC la oferta política del president en campaña. Tras cuatro años sin más alternativa que la de vivir subido a la ola del debate identitario (el 'ruido' que tapa una acción de gobierno notable a la que lastran las discrepancias públicos entre socios), el president opta por intentar sumar ahora al tradicional votante socialista de las catalanas a los que les vienen acompañando masivamente en las generales.

El campo del derecho a decidir y el independentismo están saturados y la oferta es amplia. En cambio, quienes quieren una Catalunya que mantenga lazos intensos con España tienen poco donde escoger. Y ahí es donde el PSC, con un reclamo federalista que intenta sobreponerse a la visión cerrada de la Constitución impuesta por el TC, espera réditos que le permitan seguir ocupando el sillón presidencial. Con los mismos socios pero con menos dependencia de ellos.

Esquerra exige una consulta a CiU y PSC, pero le proliferan los «frentes nacionales»

No hay discurso en el que Montilla no admita la herida entre Catalunya y España causada por el TC y la poca predisposición del Gobierno con el Estatut. Una situación que también ha degradado las relaciones ente PSC y PSOE, incapaces de hacer compatibles los intereses de los gobiernos central y catalán.

Pero a renglón seguido apela a la reflexión serena e insiste en que toca proponer en positivo y rehacer puentes. Esto es, convertir a Catalunya en el motor de una España que, según el PSC, debería abrir una transición federal que haría posible una reforma constitucional que ya ha propugnado.

En campaña, ese propósito será visible, así como la intención de movilizar a todo su electorado. Corbacho, un Zapatero implicado y la concreción en el rescate del Estatut deberían hacer el resto.

La transición al derecho a decidir, en marcha

Poco tiene que ver la CiU actual y sobre todo la Convergència Democrática de Catalunya, el socio mayor de la federación con la que en los años 80 lideraba Jordi Pujol. Desde la oposición, Artur Mas se ha visto obligado a elevar el tono, convencido de que excitar el debate soberanista agudizaba las contradicciones en ERC, la formación del Govern que más ha vacilado sobre su apuesta de coalición con el PSC tras decir no a CiU en dos ocasiones. A todo ello se han sumado promesas 'incumplidas' por Zapatero (con Catalunya pero, sobre todo, con una CiU que buscó en Madrid apoyos para volver al Govern) y la sensación de que el Estado autonómico está agotado. La Declaración de Barcelona, que CiU firmó en 1998 con el PNV y BNG, era, igual que el Estatut, una mano tendida que, según Mas, nadie recogió del Ebro para abajo.

Ante ello los nacionalistas optan por el derecho a decidir. En noviembre de 2007, Mas pronunció una conferencia para 'refundar' el catalanismo y situó el derecho a decidir, cuya formulación lideraba entonces el lehendakari Juan José Ibarretxe, en el frontispicio de su ideario. Un derecho a decidir que, tras la sentencia del Estatut, es 'sin límites' y que ha hecho que admita que votaría sí a la independencia. Pero ahora no toca ni 'fractura social' ni 'sobresaltos', sino 'sacar al país del hoyo'. Por eso lo limita a las infraestructuras y al concierto. Derecho a decidir sí, pero para reforzar consensos existentes.

Los nacionalistas, conscientes que en su campo el eje de la centralidad se ha movido, hablan de 'transición al Estado propio' (los que menos de proyecto confederal) y de crear estructuras de estado. Mas busca gobernar, en su tercera y última oportunidad, sin ataduras. Si no puede, sus socios en Barcelona (y quizás en Madrid) acelerarán ritmos o harán que CiU vuelva a dormir el balón.

Crisis de crecimiento y consultas por doquier

ERC ha ocupado los últimos 20 años todo el espacio independentista. El empuje del soberanismo, sumado a problemas internos acentuados por las contradicciones de los pactos con un partido de matriz estatal como el PSC, han acabado por fragmentar (o dar pluralidad) su espacio político. De las plataformas y la sociedad civil surgidas durante los últimos años se ha pasado a partidos.

ICV-EUiA abonará la independencia si no hay una nueva Constitución federal

La formación personalista que lidera el ex presidente del Barça Joan Laporta y Reagrupament se batirán con la debilitada formación de Joan Puigcercós y aspiran a ser eficaces 'frentes nacionales' pese a que ninguna encuesta les asegura escaños. ERC les sitúa en la derecha y se reserva para sí el espacio de la izquierda. Su irrupción y fenómenos como las consultas soberanistas (mañana cumple un año su bautizo de fuego en Arenys de Munt) han obligado a los republicanos a subrayar su independentismo. Puigcercós, que centrará su campaña en la 'valentía' de ERC, asegura que no le temblarán las piernas para ir a la oposición si ni PSC ni CiU se comprometen con un referéndum soberanista.

Por una Constitución independentista

Joan Herrera e ICV reclaman, como el PSC, una España plural y una Constitución federal. Pero ellos sí contemplan que la cosa no salga. En ese caso, activarán la vía soberanista. De momento asumen el derecho a decidir y exigen una Carta Magna que recoja la independencia y que sea plurinacional.

Sin novedades en el ala derecha del hemiciclo

La candidata del PP, Alicia Sánchez-Camacho, es la única que defiende el Estatut salido del TC e incluso bendice una recentralización de competencias. Los guiños catalanistas son, a diferencia de los primeros años de Josep Piqué, mínimos. Estos (o el silencio) llegarán si hay que pactar con CiU en Madrid. El nuevo españolismo que encaró Ciudadanos no ha sido capaz de consolidarse.