Facua lamenta que las casas vacías de grandes propietarios no se destinen a alquileres sociales

Facua ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido su reivindicación de expropiar el uso de las viviendas vacías a los grandes propietarios para que las destinen a alquileres a precios sociales regulados por la Administración.

La asociación trasladó el pasado octubre al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda, entre las que destacan la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social, ha informado en un comunicado.

Sin embargo, Sánchez ha dado a conocer este lunes que los propietarios de viviendas vacías, que no las alquilan por temor a impagos, podrán beneficiarse de una línea de avales del Estado si cumplen una serie de requisitos. Entre ellos, que apliquen un precio asequible, una medida que Facua apoya a priori, aunque ha precisado que esperará a conocerla con mayor detalle.

Los abusos y fraudes en los alquileres

Facua también considera positivo el programa de financiación para la rehabilitación de las viviendas vacías que estarán alquiladas durante al menos cinco años a precio asequible. En relación a los cambios regulatorios para poner freno a los abusos y fraudes en los alquileres de viviendas, la asociación está a la espera de que el Gobierno concrete de qué manera va a "endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres".

En este sentido, Facua plantea un marco de indemnizaciones, de forma que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que pagar a los inquilinos que los denuncien y prohibir el incremento de los precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a éste un contrato nuevo.

También reclama la asociación de consumidores el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros se consideren infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas, y establecer mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.